El caso Gorosito, paradigma del gatillo fácil


Fabián Gorosito tenía 22 años cuando apareció muerto en una zanja. La semana pasada empezó un nuevo juicio. El primero fue anulado: quedaron todos absueltos. Desde que volvió la democracia hubo 2567 casos de gatillo fácil: pibes asesinados por las fuerzas de seguridad. Las organizaciones y familiares de víctimas marchan este lunes de Congreso a Plaza de Mayo.



Por Julia Varela 
Fotos: Nico Freda 

Murales realizados por el Colectivo contra el Gatillo Fácil.  Diagonal 113 y 62 ( Víctor González); 120 y 40; Diagonal 80 y 115 (Omar Cigaran); y 22 y 71, (Mauricio Andrada e Ismael Perussatto).




Flotando boca abajo, en la zanja de un descampado de Merlo, al lado de las vías del tren. Así encontraron a Fabián Gorosito el 15 de agosto de 2010. Tenía 22 años, una hija y trabajaba en un frigorífico.

Fabián se estaba viendo con Aixa Sosa, pareja de un policía. Una noche, lo detuvo un grupo de policías en un auto particular. Según las pericias, murió por asfixia por inmersión.

Lo estaban buscando hacía tiempo: tres días antes de que mataran a Fabián, a Maximiliano, Daniel y José les pasó algo parecido. Un grupo de policías vestidos de civil los golpeó mientras compraban cerveza en un kiosco. Los llevaron a la comisaría de Mariano Acosta en autos particulares, les pegaron y torturaron. Ellos eran amigos de Fabián y estuvieron siete días detenidos.

La noche del 14 de agosto, después de cenar con sus padres, Fabián se iba a encontrar con sus primos. No llegó nunca. Esa noche, mientras caminaba por el barrio, se dio cuenta que lo seguía un auto y salió corriendo hacia un descampado. Lo alcanzaron y luego lo subieron a un auto particular.

Al día siguiente, cuando los padres se dieron cuenta que Fabián no había vuelto a dormir, llamaron a la comisaría 2ª. Ese mediodía un vecino le avisó a la familia que había visto un cuerpo en la zanja del terraplén, al lado de las vías del tren Sarmiento.

Las pericias de la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora dijeron que a Fabián lo habían torturado antes de su muerte.

Según el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de todos los casos registrados entre 1983 y 2017, las fuerzas del Estado asesinaron a 5462 personas. El 47% fueron pibes jóvenes, de entre 15 y  25 años. Y el 3%, menores de 14. Desde que volvió la democracia, la mitad de las personas asesinadas por alguna fuerza represiva del Estado no tenía más de 25 años: 2731 pibes. De esos, más de 2567 fueron víctimas de gatillo fácil.

Otro dato. El 55,49% estuvieron a cargo de fuerzas provinciales.



En 2013 el caso de Fabián Gorosito llegó a juicio con once policías y una civil imputados por las detenciones de Maximiliano, Daniel y José y la tortura seguida de muerte de Fabián. La fiscalía pedía prisión perpetua para Adrián Giménez, Pablo Nievas, Raúl Ortiz y Cristian Fortunato, todos policías. Entre 3 y 13 años para Luis Fernández, Hernán Oviedo, Gabriel Sánchez, Leonardo Ose, Rubén Villalba, Marcelo Dipierro, Gonzalo Cueli, y ocho años de prisión para Aixa Sosa, la pareja de Adrián Giménez.

Ángel Sosa, también estaba imputado, pero faltó al juicio porque alegó no estar en condiciones psicológicas para poder enfrentar el proceso. En diciembre de 2014, condenaron a Sosa a 13 años de cárcel por haber sido uno de los responsables de haber detenido, retenido y torturado a Maximiliano, Daniel y José en la comisaría.

El juicio por Fabián tuvo muchas irregularidades. “Hubo una alianza corporativa evidente entre estos jueces y la policía”, dijo en aquel momento el ex fiscal Hugo Cañón. Hasta que no intervino la Comisión Provincial por la Memoria, ni la familia ni la prensa podían participar de las audiencias. Los testigos y los familiares recibieron amenazas.



Durante la investigación, los que habían retirado el cadáver de Fabián de la zanja eran policías. La autopsia también estuvo a cargo de una médica policial, que omitió al menos cuatro lesiones que tenía el cuerpo y cuyas marcas demostraban que lo habían torturado antes de su muerte.

El 30 de agosto de 2013 el TOC 1 decidió absolver a todos los imputados. Pero ahora el panorama es diferente.

Cuando la familia y las organizaciones de derechos humanos apelaron, la Sala II de Casación Penal de Morón dio lugar y anuló el proceso de 2013. La semana pasada empezó un juicio nuevo, en el Tribunal Oral Nº5. Los mismos once policías y la civil están imputados, entre otros, por los delitos de torturas seguida de muerte y privación ilegal de la libertad.

Según el CELS,  Argentina tiene más policías que la media de países que registra la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El promedio va entre 250 y 300 efectivos cada 100 mil habitantes. En 2014, en nuestro país había casi 795.

Y sólo en la Provincia de Buenos Aires, hay 93.861 personas vinculadas a la Policía Bonaerense, incluyendo al personal administrativo. Si tomamos los datos del censo de 2010, hay 1 personal de la Policía Bonaerense cada 166 habitantes.



La reapertura del caso coincide con la cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Las organizaciones convocan a las 16hs en Buenos Aires, para ir desde Congreso a Plaza de Mayo. Además, la manifestación se va a replicar en las plazas de todo el país.

Acá el comunicado:

“El 27 de agosto marcharemos desde Congreso a Plaza de Mayo para decir: basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a los presos políticos; no a la reforma del código penal y la implantación de la ‘doctrina Chocobar’; no a la inclusión de las fuerzas armadas genocidas en la seguridad interna, responsables de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos; ni una menos en las cárceles también".

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