Rubén Eduardo Gómez murió el miércoles 12 de agosto de 2015 a las 20.45, dos días antes del cumpleaños de su pueblo. Estuvo tres días agonizando en el Hospital San Martín de La Plata, con quemaduras graves en el 70 por ciento de su cuerpo y zonas muy comprometidas, como la cara, el pecho y los brazos. Según la autopsia, el fallecimiento fue por un “paro cardiorespiratorio traumático”. Tenía 34 años y era operario en la planta industrial de la empresa láctea Vacalín, en la localidad de Bavio.
El día que Eduardo murió, Astrid Marcela Mendoza era trasladada por la Policía Bonaerense a la comisaría de Mercedes. Allí permaneció tres días sobre un colchón en el piso de un calabozo de la seccional de Magdalena. La habían dejado incomunicada y sin atención médica por sus quemaduras en el dorso de la mano derecha.
El 9 de agosto, a las 15.30, Eduardo y Marcela se habían escapado juntos del incendio en el VW Gol blanco -propiedad de Eduardo- que se prendió fuego en el kilómetro 49 de la Ruta 11. Primero salió ella por el lado del acompañante y por la misma puerta después salió él. A Eduardo se lo llevó una ambulancia. A ella, un patrullero.
Lloviznaba en Bavio, un pueblo de 2.000 habitantes, a 40 kilómetros de La Plata y a 20 minutos de Magdalena, la cabecera de partido.
“Yo no hice nada”, repite ahora Marcela, tres años después del incendio, en el salón de visitas de la Unidad Penal 33 de Los Hornos. En los pasillos suena fuerte la cumbia y decenas de mujeres toman mate con sus madres, parejas o primos. Muchos fuman y algunas de las detenidas pasean cochecitos: comparten celdas con sus bebés en una cárcel que lleva más de una semana sin agua potable.
Marcela se peinó y se pintó para esta entrevista. Está engripada y, después de varios días, recién le acaban de acercar un antibiótico. Lleva el cuello protegido con una polera turquesa de lana. Por la ventana, un nido de hornero espera ser habitado en una de las torres de iluminación. En la requisa, los guardiacárceles obligan a la visita a quedarse en ropa íntima en una habitación fría mientras afuera cantan las cotorras.
En el kilómetro 49 de la Ruta 11 todavía queda la marca del auto incendiado
El 16 de abril último, después de 2 años y 8 meses en prisión preventiva sin juicio, Marcela fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En la sentencia firmada por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata, se da como un hecho que ella “prendió fuego a quien fuera su pareja”.
Según el fallo, “resulta mucho más creíble” -veredicto dixit- el relato de familiares de Gómez, que decían que ella había amenazado con matarlo antes del incendio. Pero en todo ese tiempo, de acuerdo a lo que se desprende de la lectura del expediente, no hubo peritajes de teléfonos ni redes sociales, como tampoco se allanó la casa de Marcela ni se interrogó a los empleados de las únicas dos estaciones de servicio de Bavio para saber si la imputada había comprado nafta. El juicio oral enfrentó la palabra de uno con la del otro y los magistrados le creyeron a vecinos y familiares de él.
Pese a que la investigación estuvo a cargo de dos mujeres, las fiscales Virginia Bravo y Silvina Langone, tampoco hubo en el juicio perspectiva de género. Marcela había hecho tres denuncias contra Gómez por violencia de género y había logrado una restricción perimetral. La Justicia no sólo no contempló ese dato para que su relato sea más “creíble”, sino que tampoco se lo tomó como atenuante. Además, en la sentencia, los jueces relativizaron los hechos diciendo que “es claro” que el pedido de restricción había sido “por miedo a perder la vivienda” -veredicto dixit-. Es que la casa donde ella vivió un tiempo, una vez separados, era de él y Marcela no tenía adónde ir.
Eduardo y Marcela se habían conocido en una fiesta y poco después se fueron a vivir juntos a Bavio. Ella vivía en La Plata y se mudó con dos de sus cinco hijos, los más chicos. La relación se quebró en apenas 4 meses y se separaron. Marcela cuenta que él nunca dejó de hostigarla: la visitaba de noche, la insultaba, la obligaba a tener relaciones sexuales. Cuenta también que en Bavio se encontró con una «sociedad machista» que no aceptaba a mujeres como ella, que le gustaba arreglarse, salir y encontrarse con amigos a tomar cerveza. La familia de Gómez no la quería.
“Cuando iba a verme, dejaba el auto a la vuelta para que su hermana que vivía enfrente no se de cuenta que estaba ahí”, dice Marcela, desde la cárcel.
El 8 de agosto, un día antes del hecho que provocó su detención, Marcela publicó en su Facebook un concurso para ganarse una entrada para ver el 14 de agosto al Chili Fernández, cantante tropical. También publicó varias fotos del cumpleaños de 15 de su hijo. Una de esas fotos irritó a Gómez, según recuerda: allí aparecía el “Chino”, un compañero de trabajo de él. Marcela dice que lo puso celoso y que la llamó para hablar.
Entonces, para evitar que llegara a su casa y protagonizara otra escena de violencia delante de los chicos, aceptó encontrarse con él en la Panadería “Mi destino”, a pocas cuadras.
El último acto de libertad de Marcela fue ir a votar. Ese domingo 9 de agosto había elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Después de dejar el sobre, centrifugó la ropa y la colgó adentro, porque llovía. Junto al tendedero dejó la estufa encendida y salió. Eran cerca de las 14.30.
Eduardo la esperó en su auto. Le dijo que subiera. Salieron del pueblo rumbo a Magdalena, entre insultos y golpes al volante. En Magdalena dieron la vuelta.
“Puta de mierda, esto va a terminar mal”, decía furioso.
Marcela cuenta que en el kilómetro 49, poco antes de la entrada a Bavio, él sacó algo con su mano izquierda, se lo tiró y de pronto sintió el calor del fuego. Frenaron, en el medio de la ruta, entre dos curvas. Ella escapó primero y después él, con el auto en llamas.
“El salió detrás mío, por el lado del acompañante porque me quiso meter adentro”, dice Marcela. Según recuerda, corrió entre los cardos y puso en un charco la mano para aliviar la quemazón.
En la estación de servicios del pueblo, la Justicia no interrogó si Marcela había comprado nafta
El principal testigo del hecho, D.S.M., pasaba en moto por el lugar y se detuvo cuando vio la situación. Ambos huían del fuego. Según su testimonio, Eduardo le dijo “esa hija de puta me prendió fuego”. Es uno de los datos fundamentales que tomaron los jueces en el fallo condenatorio. Sin embargo, omitieron la otra parte de su relato: contó que ella se puso detrás suyo pidiéndole que la proteja. No se movió hasta que llegó la Policía.
“Me quiere matar”, le repetía Marcela al motociclista.
¿Por qué en la sentencia los jueces sólo optaron por creer la versión de Gómez? Es uno de los planteos de la defensa de Marcela que apelaron ante el tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de la provincia antes de la Corte Suprema. El jueves 6 de septiembre, a las 10, la Sala I, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, realizará una audiencia para analizar las irregularidades de la sentencia. Su familia, encabezada por dos de sus hijas (Florencia y Marylin), junto a organizaciones feministas, piden que se revoque la condena y Marcela sea liberada.
“Si yo terminaba en un cementerio, él ahora estaba en su casa. La víctima fui yo… no hice nada”, insiste Marcela en la prisión, donde fue calificada con 10 en conducta y trabaja en la producción de broches. Tiene una celda para ella sola con un candado que se cierra a las 19.40 y se abre a las 7 de la mañana. En el encierro, empezó a estudiar derecho.
Marcela Mendoza
“Estoy en un cementerio, un día podés estar bien y otro te dan una puñalada… Esto no es vida. Cuando llegué, lo primero que quería hacer era ahorcarme, pero la lucha que están llevando adelante mis hijas me tira para adelante”.
“Si todo lo que pasó hubiese pasado en La Pata, hubiese sido diferente”, agrega.
Pero pasó en Bavio, un pueblo rural adonde había llegado hacía un año. Con Gómez vivió apenas 4 meses, y una vez separada, alquiló otra casa. Trabajó en un banco como personal de limpieza. También cuidó a una anciana, una nena y amasó para una casa de pastas. Pensaba volver a La Plata, pero quería esperar que sus hijos terminaran el ciclo lectivo antes del cambio de escuela.
“Ella fue condenada por una parte del pueblo que sintió una necesidad de desahogo por la pérdida de un hombre del lugar. Los jueces tuvieron un sesgo localista y el juicio fue una reunión de consorcio”, dice su abogado Adrián Rodríguez Antinao.
En la audiencia de Casación del próximo jueves, el abogado de Marcela contará con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que se presentarán bajo la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal).
Astrid Marcela Mendoza espera su libertad. Y otra vez, la definición estará en manos de hombres: los jueces Carral y Maidana. También hombre era su padrastro, que la abusaba y golpeaba cuando era niña, en Lanús. Lo mismo hacían los padres de sus hijos. Hombres son también los funcionarios estatales que cuando tenía 14 años la enviaron a un refugio contra violencia machista, junto a sus hijos. Hombres los que quisieron comprar a Marylin, una de sus hijas, cuando era chiquita y ella estaba en completa vulnerabilidad en un Hogar de Bahía Blanca, un escándalo judicial que comprobó una red de tráficos de bebés.
¿Qué pasó el domingo 9 de agosto de 2015 en el kilómetro 49 de la Ruta 11, a la altura de Bavio? Sin ningún elemento de prueba, tres jueces la condenaron el 16 de abril, casi tres años después del inicio del fuego en el VW Gol. En la banquina, siguen ahí los mismos cardos, talas y ceibos. En el asfalto, permanece la marca negra del auto en llamas… En el pueblo, las puertas de las casas están abiertas, los caballos pastan en la vereda y las bicis se apoyan sin candados en los troncos de los árboles.
Las chatarras de los autos, entre el Destacamento policial de Bavio y los Bomberos
Diez claves de una dudosa investigación
1) La condena del Tribunal Oral Criminal Número 3 no tuvo perspectiva de género, contemplada en el derecho internacional y la legislación nacional. Marcela Mendoza había hecho tres denuncias por violencia contra Eduardo Gómez y sobre él pesaba una restricción perimetral, levantada con una mediación judicial poco tiempo antes del hecho.
2) El dato debió haberse tenido en cuenta, sobre todo si no había pruebas contundentes para condenarla. Según la fiscal Langone, para ser creíble, Marcela tendría que haber comentado a viva voz que sufría violencia y haber mostrado lesiones físicas. “A Marcela le arruinaron la vida. Ella no era un peligro para nadie y sólo había pedido ayuda. Acá lo que hubo es un femicidio judicial”, le dice a Perycia Juliana Brizuela, de la Asesoría en Géneros y Derechos Micaela García, Frente de Mujeres Movimiento Evita.
3) Después del incendio, Marcela fue llevada al Destacamento policial de Bavio, el mismo lugar donde ella había ido para denunciar violencia de género. Cuando declaró en el juicio, el jefe del Destacamento no recordaba haberle tomado las denuncias pero cuando le pidieron que reconozca su firma, contestó afirmativamente.
4) La perimetral fue violada por Gomez más de una vez. Además, en los expedientes por violencia, Gomez firmó con 3 DNI distintos.
5) No se investigaron los antecedentes de violencia de Gómez y la defensa de Marcela considera sospechoso que algunos testigos que declararon ser “amigos de toda la vida” de él, no hayan recordado que estuvo casado y que su ex esposa todavía sufre problemas psiquiátricos por haber sufrido violencia. La sentencia es “absurda y arbitraria”, explica el abogado Adrián Rodríguez Antinao, en el recurso de apelación presentado ante Casación.
6) No hay pruebas de que Marcela haya ingresado al auto con nafta o algún otro producto inflamable. Los indicios, por el contrario, lo señalan a Gómez: ese día la había citado él, era su auto y trabajaba con productos químicos e hidrocarburos en Vacalín. Además, pesaba 70 kilos más que ella y parece difícil que Marcela se haya propuesto una lucha cuerpo a cuerpo.
7) A Marcela le negaron atención médica y antes de trasladarla a la Comisaría de Magdalena, la llevaron al Destacamento de Bavio, donde pasó la tarde y parte de la noche en un calabozo. Ese día, en el pueblo hubo un apagón y la dependencia policial también quedó a oscuras. Algunos testimonios fueron tomados solo con la luz de una notebook y en el debate oral, un testigo negó haber dicho lo que decía el expediente. “Esas no son mis palabras”, dijo.
8) La ropa quemada de Gómez se la dieron en el hospital a Dora, su mamá. No hubo resguardo judicial del elemento de prueba.
9) Una de las testigos que declaró en contra de Marcela, vecina de Bavio, negó tener una relación con el fallecido. Sin embargo, luego se supo que era “la amante”.
10) Dos testigos que habían declarado en la Policía a favor de Marcela no fueron llamados para el juicio. Cuando su defensa se anotició, pidieron al tribunal que se incorporen las citaciones. Fue a último momento, pocos días antes del inicio del debate oral y por esa irregularidad, casi se pide la nulidad del proceso. Los testigos fueron contradictorios. Uno de ellos, visiblemente nervioso, fue advertido por el juez Domenech que le pidió que se retire porque estaba mintiendo.
