El “Rusito” Cristian Pérez: balada de una muerte impune


El Día de los inocentes, la justicia penal platense dictaminó que al joven de 18 años no lo mató nadie: su familia no podrá conocer la verdad por la “investigación lamentable” del Ministerio Público y el paso de tanto tiempo. Pero hay algo que se mantiene igual desde la mañana de octubre de 2002 que el Rusito perdió la vida bajo custodia de una comisaría: las condiciones de encierro de un sistema policíaco-judicial que siempre hacina, a veces tortura y mata, deja esas muertes impunes, pero nunca resocializa.


Susana, Heidel y Enrique, tía, abuela y padre de Cristian, momentos antes del veredicto (Foto: Matías Adhemar)

Por: Laureano Barrera
Fotos: Matías Adhemar, Helen Zout y SADO
Publicada: 30/12/2018

Enrique Pérez, padre de Cristian, lloraba en las rodillas de su madre Heidel. Heidel, abuela de Cristian, maldecía a la fiscal del juicio:

—¿Encima te reís? traidora, Judas, vendida —le escupía con dolor—. Ya me voy a reír yo cuando le pase ésto a tu hijo. ¿Cuánto te pagaron por un puesto?

Victoria Huergo, la representante del Ministerio Público Fiscal en el debate oía los gritos con una risita nerviosa, sin saber muy bien qué hacer, y tuvo que dejar la sala por una puerta lateral, casi tan sigilosamente como los reos. Susana, tía de Cristian, miraba a los abogados querellantes sin entender nada. La madre de Cristian lloraba en otro rincón.

El momento en que Enrique Pérez y Heidel Cejrowaska, padre y abuela de Cristian, escuchan la sentencia (Adhemar)
Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Liliana Torrisi, del Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata, acababan de absolver a los siete policías sentados en el banquillo por el asesinato de Cristian “El Rusito” Pérez. El joven de 18 años murió la mañana del 14 de octubre de 2002, hace 16 años, arrollado por el tren Roca a la altura de City Bell unas horas después de atropellar al hermano de uno de los acusados y a otro hombre que iban en bicicleta, y haber escapado del lugar del accidente. Para los abogados patrocinantes (del Centro de Investigación y Acción Jurídica), los uniformados lo golpearon brutalmente y lo dejaron inconsciente sobre las vías para que las toneladas de fierros del ferrocarril borraran las huellas de la tortura. Para los abogados defensores, un chico alegre y sin antecedentes depresivos, simplemente se había suicidado. Para el Tribunal, varios testigos habían mentido y la pésima investigación impedían saber lo que pasó.

Enrique, Heidel, Susana, sentían que acababan de matarlo otra vez.

La fiscal Victoria Huergo decidió retirar los cargos contra los siete policías (Adhemar).

En los tribunales de la calle 8, esas escenas de dolor y de impotencia son postales repetidas. Familias enteras de jóvenes que son víctimas de la policía esperan durante años el juicio oral y la mitad de las veces los verdugos terminan absueltos. Pasó con Omar Cigarán, el pibe que asesinaron desarmado en el Barrio Hipódromo de La Plata. Pasó con Fabián Gorosito, que apareció flotando boca abajo en la zanja de un descampado de Merlo. Y tantos otros.

En el caso de Cristian, la justicia fue el cómplice perfecto para sepultar la prueba de la violencia policial: cuatro fiscales distintos durmieron el expediente (Leandro Heredia destituido por irregularidades en cincuenta causas, el fiscal Tomás Morán y el juez César Melazo presos por delitos criminales), y contra todos los protocolos locales e internacionales de violencia institucional, tardaron meses en apartar a la Bonaerense de la investigación. La policía “extravió” prueba valiosa (la ropa de Cristian) y adulteró el libro de guardia, entre un sinfín de irregularidades. La fiscalía convalidó. Y el Tribunal Oral lo redujo a un párrafo escueto de la sentencia: “hay que resaltar la pésima instrucción de esta causa desde sus inicios, con funcionarios judiciales inoperantes, que contribuyeron a esta lamentable investigación. Los casi 16 años que nos lleva juzgar este hecho, tuvieron causa directa inmediata en la instrucción dirigida por fiscales y jueces de garantías que no tuvieron un buen norte y convalidaron medidas que van reñidas con la lógica y con un razonamiento adecuado”, dice el fallo. Pero no acusa a ninguno por mal desempeño de los deberes de funcionario público y se limita a remitir la información para que sea la Procuración de Julio Conte Grand la que inicie, a lo sumo, un sumario administrativo.

Uno de los imputados sonríe con el defensor oficial, Claudio Ritter. Adhemar.

La escandalosa investigación judicial, y este juicio que dejó a la familia Pérez sin justicia, relegaron a un segundísimo plano un detalle de la madrugada en la que murió Cristian: la comisaría donde pasó las últimas horas tenía 34 presos en un espacio para alrededor de diez. Más de lo mismo.

42.372

Comisaría bonaerense. Foto: Helen Zout.

El 15 de noviembre de 2017, a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj), la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso la prohibición de alojar detenidos en comisarías bonaerenses por más de las 48 horas reglamentarias. El fallo anuló la Resolución N° 642/14 dictada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandro Granados, en junio de 2014, que rehabilitaba el funcionamiento de los calabozos como lugar de alojamiento de internos. Desde el fallo de la Cámara de 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal no hizo más que aumentar la superpoblación: en abril de 2018, habían pasado de ser 3.500 a 3.732; a fines de octubre alcanzó un pico histórico de 4052 detenidos.

En las cárceles de la provincia, el panorama es igual o peor. El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria (CPM) denuncia desde 2002 que las penitenciarías provinciales son un sistema cruel que no resocializa al detenido, donde el hacinamiento, las torturas y los asesinatos que la justicia no investiga son moneda corriente. Según el último informe, hay 38.320 personas detenidas en cárceles y alcaidías bonaerenses, y más de la mitad (54%) tienen prisión preventiva: significa que el poder judicial todavía no comprobó si son culpables o inocentes. Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018, la tasa de prisionalización pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías. 

La masacre anunciada

En julio de este año, el gobierno bonaerense presentó un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) reconociendo una sobrepoblación de 10.000 personas sólo en cárceles, sin contar los 4.000 detenidas en comisarías. También informaba que el 80% de las dependencias policiales no contaban con elementos para prevenir incendios. “Lo que significa que se encuentran latentes las condiciones de posibilidad para que hechos como la masacre de Pergamino (la muerta de siete personas en un incendio en la celda), vuelvan a ocurrir”, advertía la CPM. 

El gobierno de María Eugenia Vidal no sólo no tenía un plan para resolver la crisis carcelaria que admitía, sino que daba las señales inversas: unos meses antes, después de un ataque a una comisaría de San Justo para rescatar a uno de los 46 detenidos en 18 plazas, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo dijo que quería “a los delincuentes adentro, aunque estén apretaditos”.

El 15 de noviembre de 2018, las premoniciones de la Comisión se volvieron dolorosa realidad: un incendio desatado esa madrugada en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría se llevó la vida de diez personas y dejó lesiones graves en otras dos. La máxima masacre de la historia en comisarías. Contra las hipótesis que ventiló la prensa –siempre alimentada por grises “voceros gubernamentales”-, no fue un motín ni un accidente, sino la foto repetida: había 26 personas en un espacio para 10, los calabozos no tenían colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios ni plan de contingencia, y los dos matafuegos estaban vencidos. Pero además, desde el 2011 la comisaría estaba inhabilitada para alojar personas y tenía siete clausuras, seis judiciales y una del Ministerio de Seguridad de la provincia: la cartera de Ritondo había incumplido todas, hasta la propia. A pesar de tan diáfana responsabilidad estatal, ningún funcionario la mencionó desde ese día.

Durante el V Encuentro nacional de la red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales (RED). Foto: Sado.
Durante los 16 años en que la justicia perdió la oportunidad de desentrañar lo que pasó con el Rusito, los presos circularon: muchos recuperaron la libertad y otros murieron tras las rejas. Los policías y penitenciarios también cambiaron de destino: los trasladaron, los degradaron o los ascendieron, y hasta pudieron exonerar a un porcentaje ínfimo. También se renovaron los dirigentes políticos. Pero lo que permanece igual, de la misma forma infecta, son los calabozos de cárceles y comisarías. Y la indiferencia: a casi nadie parece importarle.



Compartir

Artículos relacionados