Por Daniel Badenes
Ilustraciones: Juan Bertola
Publicado: 22/12/18
Pocos proyectos se tramitan con la velocidad del que logró, el último miércoles, la derogación de aspectos centrales de la ley que en 2011 declaró de “interés público” y estableció un marco regulatorio para la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. La idea llegó a la Cámara de Diputados el 9 de noviembre impulsada por Diego Bossio, un legislador elegido precisamente por la fuerza política que creó esa regulación. Tanto en Diputados como en el Senado, tuvo un trámite express: sólo fue girada a una Comisión -Comercio en un caso; Presupuesto en el otro-, pasando por alto las de Asuntos Constitucionales, Medios o Libertad de Expresión, que habían tratado la ley original. De ese modo entró en la agenda de las sesiones extraordinarias, como si fuera el tema más urgente que aqueja a los argentinos. Y logró los votos necesarios: se puso en evidencia el «Bloque Clarín», como llamó el diario cooperativo Tiempo Argentino -uno de los perjudicados por la desregulación- a los 127 diputados que votaron a favor del proyecto y que junto a unos 60 ausentes hicieron su regalo de Navidad al multimedios liderado por Héctor Magnetto. El 19 de diciembre, cuarenta días después de su primer esbozo, el Senado lo convirtió en ley con 45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones.
La única concesión -frente a la oposición de los diarios pyme y los trabajadores de prensa, gráficos y canillitas- fue la incorporación de un artículo que fija en 0% los derechos a la importación de papel: un arma de doble filo, porque dolariza los precios; y un paliativo inefectivo, porque quienes a duras penas compran pequeñas cantidades de papel mes a mes, lejos están de poder importar.
La ley aprobada constituye así una afrenta a los periódicos cooperativos, los diarios del interior y las revistas independientes que utilizan papel prensa, que quedan indefensos ante el monopolio de la única empresa que fabrica este insumo básico en Argentina, construida con enormes aportes del Estado, que hoy tiene el 28% de las acciones, asociado a Clarín (45%) y La Nación (22,5%).
Además, entre los artículos derogados de la ley 26.736 de 2011 está el que garantizaba un precio único para el papel: volverá a ser legal que los diarios socios paguen un precio y sus competidores, otro. También se quitó la obligación de que Papel Prensa SA opere con su capacidad operativa a pleno y con la meta de satisfacer toda la demanda interna. Dicho de otra manera: los diarios no-socios tendrán papel nacional sólo si el Grupo Clarín quiere.
Un problema de larga data
A mediados del siglo XX, más del 90% del papel utilizado por los diarios era extranjero y su suerte estaba atada a la disponibilidad de divisas. Para sustituir esas importaciones, en agosto de 1969 el dictador Onganía dictó el Decreto-Ley 18.312 que creó un “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa” basado en un impuesto a la importación del papel, y el decreto 4.400 que precisó la idea de crear una fábrica productora de papel prensa: convocó a un concurso internacional para un estudio de inversión y estableció una contribución del 10% a la importación del papel, desde el 1º de agosto de 1970 y hasta la puesta en marcha de la planta. En otras palabras, todos los diarios del país pagaron un diezmo por sus importaciones para construir una planta en la que el Estado incluiría como socios a sólo tres de ellos.
La estratégica empresa tuvo una lenta gestación, durante casi una década. En 1971 se establecieron condiciones y se llamó a concurso para montar una fábrica. Ninguno de los proyectos recibidos cumplía los requisitos. En mayo de 1972 -ya en la dictadura de Lanusse- el decreto 1309 declaró desierto el concurso y aprobó la autorización directa a una sociedad en formación integrada por los empresarios César Civita, César Doretti, Luis Alberto Rey y la Editorial Abril, que sólo se comprometía a una fabricación anual de 105.600 toneladas de papel (el proyecto original pautaba 220.000 iniciales y no menos de 340.000 en dos años). El Estado Nacional integró la flamante empresa con el 25% de las acciones.
El decreto 6.959/72 aprobó el acuerdo con la empresa, gestionado por el ex marino y ministro de Bienestar Social Francisco Manrique, el funcionario de Lanusse a cargo del tema. Por ese mismo año, puertas adentro de Clarín ya se gestaba el proyecto de una empresa propia que cubriera las necesidades de papel, según consta en las actas de directorio (N° 401 y 449) consultadas por Martín Sivak para su investigación «Clarín, el gran diario argentino: una historia».
A mediados de 1974, cuando trascendió la idea del gobierno peronista de convocar a otra licitación pública para la instalación de nuevas plantas (finalmente declarada desierta), Magnetto impulsó la creación de Fábrica Argentina de Papel de Diarios S.A., FAPEL, integrada por Clarín junto a La Nación, La Razón y La Prensa, que se retiraría cuando esta empresa devino en un sello para asociarse con el Estado conducido por la junta de Videla, Massera y Agosti.
La toma de Papel Prensa
Al producirse el golpe de 1976, la mayoría de la acciones de Papel Prensa -cuya fábrica aún no producía- estaban en manos de David Graiver, un empresario dueño de varios bancos, inmobiliarias y empresas editoriales, que durante 1975 (principalmente a través de su firma Galería De Vinci) compró las del grupo fundador. Graiver había sido subsecretario de Manrique durante el gobierno de Lanusse, luego fue asesor del ministro peronista José Ber Gelbard y para entonces operaba como testaferro de Montoneros, administrando parte del dinero obtenido en el secuestro del empresario Born. Pero su vida terminó abruptamente, con un accidente de avión nunca esclarecido, el 7 de agosto de 1976. Casi de inmediato, su familia empezó a recibir presiones para vender las acciones de Papel Prensa, en un proceso en el que la dictadura intervino activamente.
Así, el 2 de noviembre -a menos de tres meses de su muerte-, en un acuerdo suscrito en las oficinas de La Nación, FAPEL adquirió las acciones que estaban en propiedad de Galería Da Vinci y de la familia Graiver. Según testimonió en 2010 Lidia Papaleo -que participaba ejerciendo la patria potestad de su hija María Sol Graiver y como administradora de la sucesión de su marido-, ese día Magnetto se ubicó junto a ella y le dijo: “firme o le costará la vida de su hija y la suya”.
Apenas días después -el 10 y 16 de noviembre-, FAPEL vendió las acciones recién adquiridas a las sociedades de La Nación, AGEA (Clarín) y La Razón, en partes iguales. Según el estatuto de Papel Prensa, este tipo de transferencias requerían para su aprobación el voto de tres cuartas partes de los accionistas. En diciembre de 1976, ningún traspaso -ni del grupo original a Gravier, ni de Gravier a FAPEL, ni de FAPEL a los diarios- había sido convalidado, por falta de quórum. El gobierno, con el 25% de la empresa, tenía un rol clave en la decisión. El tema fue tratado directamente por los comandantes en jefe. Como consta en el Acta Nº 14 de la Junta Militar, ese mes decidieron que el Estado Nacional convalidara la transferencia a los diarios.
El 18 de enero de 1977, por fin, una asamblea extraordinaria de accionistas aprobó las sucesivas ventas. Al día siguiente, Clarín publicó un editorial titulado “La batalla del papel” donde anunciaba que en 1978 la Argentina pondría en marcha la producción de papel para diario, por una serie de factores entre los que señalaba como fundamental “la decisión del gobierno militar”.
Un dato significativo: la Junta impulsó y convalidó la venta de esas acciones antes de que el grupo Graiver fuera investigado -y sus empresas expropiadas por la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial- por su relación con Montoneros, garantizando el negocio del papel a las tres empresas elegidas. Las irregularidades del proceso fueron advertidas al interior del propio gobierno militar. A fines de 1977, el capitán de navío Alberto D´Agostino -designado como veedor en Papel Prensa- elevó al ministro de Justicia un crítico informe en el que señalaba que el capital utilizado por los diarios para la compra provino de créditos otorgados por dos bancos y que el Estado no les había exigido ninguna documentación técnica antes de admitirlos como socios. Pero la sociedad siguió adelante. El 27 de septiembre de 1978, Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble compartieron con Videla la inauguración de la planta ubicada en San Pedro.
La transacción volvió a ser investigada con mayor profundidad entre 1984 y 1988 por Ricardo Molinas, responsable de Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que elaboró un extenso dictamen sobre las irregularidades en la administración y transferencia de acciones, donde ratifica que la venta fue realizada a un “precio vil”.
Según el texto presentado en febrero de 1988, “la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”. Cuatro años después, la causa penal prescribió. En 1993 Molinas publicó junto a su hijo y secretario Fernando el libro «Detrás del espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional», donde escribieron: “Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina”.
Más beneficios
La adquisición de las acciones de Graiver, organizada desde la cúpula militar, no fue el único beneficio que los flamantes socios del Estado obtuvieron en Papel Prensa. En los años siguientes, durante distintos gobiernos, se sucedieron decretos y operaciones judiciales que poco se ajustan al “capitalismo moderno” al que aludió el senador Pichetto el último miércoles, cuando votó la ley de desregulación:
* Una vez puesta en marcha la fábrica, se elevó el arancel a la importación -en torno al 45%-, para favorecer el monopolio local del papel.
* La empresa siguió recibiendo aportes estatales durante varios años. En la causa judicial abierta en 2010 y cerrada en 2016, constan créditos estatales otorgados por el BANADE a Papel Prensa en 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980/82.
* El 19 de diciembre de 1979 se extendieron los privilegios tarifarios para el consumo eléctrico de Papel Prensa, que para entonces utilizaba unos 20 millones de kilovatios por mes (el equivalente a unas 250.000 casas de familia). Entre marzo de 1981 y diciembre de 1989, la empresa pagó a la empresa provincial de energía poco más de la mitad de lo que hubiera pagado cualquier industrial por ese consumo: un subsidio que se calculó en torno a los 55 millones de dólares.
* Poco antes de entregar el gobierno, Reynaldo Bignone firmó el decreto 1359 para que el Estado vendiera, por apenas 6 millones de dólares, su participación en Papel Prensa. Por suerte, 17 días después -ni bien asumió el gobierno- Alfonsín anuló ese decreto: se estimaba que la parte estatal valía, por lo menos, 25 millones.
* En 1989, una operación judicial para provocar la quiebra de La Razón hizo posible que Clarín y La Nación se quedaran con sus acciones en Papel Prensa, por apenas 6 millones de dólares. Los representantes estatales no emitieron opinión en la transacción (Más tarde, una Cámara de Apelaciones hablaría de “precio vil”, ya que siendo era el 13% de la firma debían haberse abonado 15 millones o más). De esos 6 millones, 5 fueron a pagar una deuda de La Razón con la propia fábrica, es decir, volvieron mayoritariamente a Clarín y La Nación.
Muchas de estas fechorías están relatadas en «Los cerrojos de la prensa», un libro publicado en 1993 por Julio Ramos, fundador y director de Ámbito Financiero. Es un material interesante precisamente por haber sido escrito por un liberal, que como tal planteó siempre la necesidad de combatir los monopolios y oligopolios que desvirtúan la economía de mercado.
“Desde la instalación del monopolio del papel, hace 15 años, murieron en la Argentina 46 medios gráficos de prensa”, escribe Ramos en su prólogo. Para entonces, Papel Prensa era la muestra palpable del accionar de un pulpo que empezaba a extender sus tentáculos hacia los servicios audiovisuales. Ese año se iniciaba la “Idea Ávila” -así denomina a la privatización de las transmisiones deportivas- para “matar la competencia del cable chico”. Ramos define a Clarín como “el gran dominador, el gran grupo que se extiende amenazante sobre toda forma de difusión, escrita o electrónica, que no se pliegue a sus designios de dominación, que va disecando a sus aliados y arrinconando sus competidores”.
2010: investigación y regulación
Después del fiscal Molinas, más allá de testimonios como el de Ramos, la trayectoria espuria del monopolio del papel no volvió a ser investigada hasta marzo de 2010, cuando el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno ordenó a los tres directores de Papel Prensa en representación del Estado que analizaran los hechos que condujeron a la transferencia de 1976. El resultado fue un expediente de 27.337 fojas resumido en un Informe que se conoció como “Papel Prensa LA VERDAD”. El documento puntualiza varias irregularidades que se suman a lo ya señalado:
* El 2 de noviembre de 1976, cuando la esposa de Graiver firmó la venta, las acciones no estaban en su poder. Estaban en una caja fuerte del BANADE y la vendedora “no sabía con certeza que había en dicha caja fuerte, ya que el inventario es practicado el 24 de noviembre de 1976, veintidós días después de haber vendido las mismas a FAPEL S.A.”.
* La venta de ciertas acciones no estaba completa con la suscripción de ese contrato, ya que requería una autorización judicial. Desde el 14 de marzo de 1977, Lidia Papaleo -como otros allegados de Gravier- estuvo detenida por orden de la Junta Militar.
* Para las acciones vendidas por los representantes de Galería Da Vinci, ni siquiera se dio intervención a un juez, si bien eran parte de la sucesión de David Graiver.
La toma de Papel Prensa por parte de tres diarios, según el Informe, necesitó “asegurarse el silencio de los despojados y de aquellos que conocían esta maniobra, quienes fueron previamente coaccionados y atormentados con amenazas para llegar a esta instancia, y luego fueron secuestrados y detenidos largo tiempo”.
“Hay datos realmente escalofriantes, uno siente que está leyendo un thriller”, dijo en aquel momento la presidenta Cristina Fernández cuando lo presentó en cadena nacional. Hizo entonces dos anuncios importantes. Uno, judicial: la secretaría de Derechos Humanos impulsaría una causa penal por la apropiación de la empresa en 1976-77 que, al estar asociada a delitos de lesa humanidad, no podía prescribir, aún pasados más de 30 años. Otro, legislativo: propondría un marco regulatorio para que todos los diarios del país tuvieran un trato igualitario. Fue la ley 26.736, aprobada en diciembre de 2011 y descuartizada esta semana.
2016-2018: impunidad y restauración
Transcurrido un año del gobierno de Macri -que no disimuló su respaldo al grupo Clarín-, el 16 de diciembre de 2016 el juez Julián Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa iniciada en 2010. Alegó falta de pruebas: “No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.
Si hubo persecución por parte del aparato estatal hacia allegados o familiares de David Graiver, escribió Ercolini, ésta “habría estado motivada en supuestas relaciones económicas y financieras pretéritas entre éste y la agrupación Montoneros”. Para el juez -cuya esposa, María Julia Kenny, es asesora el ministro Garavano- ni siquiera se probó “que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”.
El fallo no dice nada acerca de otra denunciada incorporada a la causa (Expediente N° 3150/11, caratulado “N.N. s/defr. contra la adm. púb.”), que señalaba “que los accionistas de capital privado, que a su vez eran los principales clientes” recibían “precios diferenciales en sus costos de insumo, que los ponía en una ventaja competitiva diferencial frente al conjunto de los diarios”.
Ese hecho, un secreto a voces entre los editores de diarios, fue enfrentado con el marco regulatorio que se impulsó a la par de la causa judicial. Dos años después de aquel sobreseimiento, esta semana el Congreso terminó de desandar los buenos pasos impulsados en 2010.
En suma, durante el macrismo, Clarín pasó cuatro buenas navidades. Recordemos: en 2015 el gobierno inició el desgüace por decreto de la ley audiovisual. En 2016, como vimos, el juez Ercolini cerró la causa por la apropiación de papel prensa. En 2017 permitieron la fusión de Cablevisión y Telecom -formando el holding mediático más grande de América Latina-, y clausuraron la competencia de sus rivales en el mercado de “cuadruple play”. Para estas fiestas, Magnetto pidió la desregulación de Papel Prensa. Y le tocó a diputados y senadores de un oficialismo ampliado (PRO, UCR, Frente Renovador, justicialistas como Bossio y Pichetto, entre otros) hacer de Papá Noel.
