Publicada: 03/03/19
Lucía Graff vive cerca del Parque Castelli. Es una zona de casa bajas. El 2 de abril de 2013 estaba en su vivienda, ubicada en un primer piso y veía como el agua iba subiendo lentamente. Con su hermano ayudaron a sacar vecinas de sus casas. Apenas minutos después, el agua llegaba a la cintura y luego al cuello: 1.70 metros. Su casa se convirtió en un refugio donde treinta personas pasaron la noche. Sobre el juicio que comienza esta semana, dijo: «Nosotros nos seguimos inundando, y por cuarta vez siguen anunciando que están haciendo una obra. Creo que hay más responsables de los que llegaron a juicio, no se quieren hacer cargo de la catástrofe. Hay mucho poder. Estoy convencida que no fueron 89 los muertos. Este debate no representa lo que pasó. Scioli y Bruera tendrían que estar en el banquillo de los acusados».
Carolina «Rusa» Bohl estuvo a cargo de uno de los centros de donaciones, en la Facultad de Ingeniería. El 2 de abril de 2013 estaba en un club con amigas, cerca del Estadio Único. El agua llegó a 1.50 metros y permanecieron en el primer piso de un departamento. Pasaron la noche allí. Al día siguiente, junto a otros estudiantes de Ingeniería, se conectaron con los padres de estudiantes del interior que habían sufrido directamente la inundación. Fueron hasta Tolosa. Cuando llegaron, vieron que había zonas donde el Estado aún no había llegado. «En los lugares más alejados, perdieron todo. Vivían en casas de chapa o de madera. No dábamos abasto con la ayuda». Sobre el juicio que comienza esta semana, dijo: «Espero justicia, que los máximos responsables sean castigados. Por más que fue un día anormal en lo climático, lo que vimos es que la ayuda inmediata no estuvo. El abandono del Estado se hizo evidente, tanto en lo previo con las obras que no se hicieron como en la asistencia posterior. El Estado tiene que hacerse responsable, desde el gobierno provincial al gobierno municipal».
Alejandro Albano vive en Tolosa y la noche de la inundación regresaba a su casa de un viaje con su mujer y sus hijas. Su madre vivía sola, a cuatro cuadras de la suya. Cuando empezó a entrar el agua, su madre lo llamó desesperada. Alejandro creyó que iba a dejar de llover y por eso salió a lo de su madre sin el celular. Pasó allí toda la noche, incomunicado. El agua iba entrando cada vez más rápido y él iba llevando a su madre hacia los lugares más altos de la casa. Entonces dejó de llover y vio con asombro cómo el agua iba entrando aún con mayor velocidad. Llegó a 1.20 metros. Decidió salir a la calle con su madre, que en ese momento tenía 83 años: caminaron a oscuras buscando un lugar alto, el agua les llegaba a los hombros. Vieron a un vecino que auxiliaba a otros con un gomón. «Los únicos que socorrían a los vecinos eran los propios vecinos. Estábamos aislados. Al otro día, cerca del mediodía recién llegaron los de Prefectura. Pero ya no sirvió de nada». Su madre, después de la inundación, se fue a vivir con él y su familia. «Más allá de las pérdidas materiales, esto afectó en lo emocional. Mis compañeros de trabajo hicieron una vaquita y me ayudaron, el Estado nunca apareció».
Sobre el juicio que comienza esta semana, dijo: «Soy particular damnificado y espero justicia. Acá hay un entramado político-judicial que impide que la investigación se profundice. El fiscal Paolini es pariente del ministro Casal. Se pergeñó la estrategia de que fue una lluvia excepcional. La provincia ya estaba al tanto que se tenían que hacer obras por inundaciones anteriores, en 2010».
El juicio arranca el 6 de marzo y durará apenas un mes, con 126 testigos. El fiscal Jorge Paolini, que fue recusado por las querellas por considerarlo que actuó con ineficacia, sólo imputó a dos funcionarios, Miguel Ángel De Lorenzo, titular de Defensa Civil provincial en el momento de la inundación, y Sergio Daniel Lezana, titular de Defensa Civil municipal también de ese entonces. El delito por el que se los acusa es el de incumplimiento de deberes de funcionario público, que se pena con entre un mes y un año de inhabilitación para ejercer cargos y multas de entre 700 y 12 mil pesos. Pero como De Lorenzo falleció recientemente, el único que estará en el banquillo es Lezana.
En el debate no habrá acusación para el intendente Pablo Bruera ni para el ex gobernador Daniel Scioli.
Como tampoco para otros funcionarios provinciales y municipales que, al momento de la inundación, ocupaban lugares de responsabilidad política. Además, la polémica se reavivó en las últimas semanas cuando se conoció que podría haber un acuerdo para evitar el debate oral, cuando trascendió que si Lezana paga una multa de 12 mil pesoses evitaria el juicio. La decisión está en manos de la justicia platense, más específicamente de la titular del Juzgado Correccional 4, Claudia Grecco.
«La no realización del juicio oral implica la consumación de la impunidad por los hechos acontecidos y sufridos el 2 de abril de 2013. Constituye el último acto, a la luz de todo lo acontecido, para amordazar a las víctimas y su demandas, no garantizando su mínima expresión en el proceso», expresaron en una conferencia de prensa las querellas.
De acuerdo a lo que se desprende del expediente, el informe de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata es una de las piezas clave del juicio. Allí se indica, entre otras cosas, que la inundación del 2 de abril de 2013 en la capital bonaerense se debió a una «lluvia extraordinaria», lo que en una primera lectura desligaría responsabilidades políticas.
Habrá varias querellas representando a las víctimas. La Ciega, colectivo de abogados y abogadas populares, es una de ellas. La abogada Sofía Ballesteros habló con Perycia y dijo que el proceso judicial de la inundación se acumuló en una causa madre, que luego se desdobló y que, por ahora, llegó hasta la elevación del juicio que empieza esta semana. «Es la gran diferencia que tenemos con el fiscal, porque creemos que con la información y las pruebas que había en el expediente alcanzaba con imputar a muchos más funcionarios. Pero a su vez tenemos la ilusión que durante el juicio la palabra de los testigos y la opinión de los expertos iluminen nuevos caminos para abrir próximos debates. Igual sabemos que si la investigación sigue en manos de Paolini, será complicado».
Entre las querellas, además de La Ciega, aparece la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y participan asambleas de Tolosa, de Castelli y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI), entre otras. Tanto las abogadas y los abogados como las integrantes de las asambleas de inundados no dejaron de mencionar su rechazo a la participación de la Municipalidad de La Plata como querellante en la causa. En ese sentido, mencionaron las dos muertes ocurridas durante el temporal de enero de 2018 y que todavía no existe un plan de evacuación y contingencia ante este tipo de hechos, como parte de las continuidades entre las políticas de la gestión anterior y la actual de Julio Garro en la Intendencia y María Eugenia Vidal en la Gobernación.
«Es un acto de hipocresía y oportunismo -dijo la abogada Ballesteros-. Creemos que este gobierno expresa una línea de acción con el anterior, y además no ha dado muestras de pensar la inundación más allá de la hipótesis del fiscal Paolini de asociarla a una lluvia sin precedentes. Nosotros creemos que está demostrado que si varios de los funcionarios estatales hubieran actuado correctamente, la dimensión de la tragedia se habría evitado.Y ponemos el foco tanto en los fallos de la prevención, con las obras no realizadas, los planes de contingencia y los sistemas de evacuación como en la reacción a la tragedia, donde no hubo una respuesta rápida y oportuna. Hay un nexo de causalidad entre el incumplimiento de esas funciones públicas y las muertes».
Por último, para Ballesteros, que la investigación de Paolini no haya profundizado en la responsabilidad de la plana mayor política, desde el ex gobernador Daniel Scioli, el ex intendente Pablo Bruera y una larga lista de ex funcionarios, pasando por Ricardo Casal (ministro de Seguridad y Justicia al momento de la inundación), Santiago Martorelli (entonces Jefe de Gabinete municipal) y hasta el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, entre otros, refleja una toma de posición política.
«La postura de Paolini es la de amparar el poder, entonces tenemos que seguir ejerciendo presión y decir que este juicio no representa cabalmente lo que pasó en la inundación -concluyó la abogada-. En este punto, hay que destacar lo que pasó con la investigación del ex juez Luis Arias, al que se lo apartó por su real compromiso con el esclarecimiento de los hechos. El trabajo de Arias fue importante en relación al derecho de la información y el derecho de la comunicación y, sin embargo, nunca se lo tuvo en cuenta».
