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La Bonaerense tiene 6 mil policías denunciados por violencia machista

En los últimos siete años, uno de cada nueve policías bonaerenses fue acusado de violencia de género. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo. El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más de un 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente. A través de un pedido de información pública y el análisis de los datos oficiales, indagamos acerca de lo que pasa cuando la violencia machista se combina con el monopolio de la fuerza.



Por Verónica Liso y Laureano Barrera
Fotos de Matías Adhemar

Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que hace cuatro días pasó a engrosar la interminable nómina de femicidas, no estaba solo. Otros 5.954 uniformados varones acusados de violencia machista entre 2013 y 2020 lo acompañan en una lista extensa. La cifra, que es oficial y a la que Perycia accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, es muy alta: significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. A ese número hay que sumarle otro imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo.

Hay un dato adicional que vuelve aún más inquietante el panorama: la escasa capacidad (¿y voluntad?) de autodepuración que existe en la Fuerza. Cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera.

Plegarias desatendidas

Los detalles del femicidio contra Úrsula Bahillo, la joven de 18 años, que se conocieron esta semana, no dejan lugar para la duda: sobraron pedidos de auxilio para que se pudiera evitar que Martínez, de 25 años, la asesinara en un predio baldío de las afueras de Rojas con no menos de 15 puñaladas. Ella lo había denunciado tres veces: el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero de este año. Él tenía, además, denuncias de al menos otras dos mujeres.





Los expedientes abiertos luego de las denuncias de Úrsula y su mamá quedaron a cargo del juez Luciano Callegari, del Juzgado de Paz local, y del fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Junín, quien además ahora deberá investigar su femicidio.

La mañana de su muerte, el juez Callegari solicitó una restricción de acercamiento de 200 metros, la vigilancia periódica de la policía por la casa de Úrsula y un botón antipánico. Horas más tarde, Martínez se la llevó en su auto particular hasta el lugar donde la encontraron muerta.

Antes del hostigamiento a Úrsula, al menos otras dos mujeres habían denunciado a Matías Ezequiel Martínez por violencia de género. Belén Miranda en 2017 y Florencia Veloz, su ex pareja y también policía. En abril del año pasado, un tiempo después de separarse, Florencia supo que Martínez había abusado 
sexualmente de su sobrina, que es menor de edad.

En diciembre de 2020, la niña declaró en Cámara Gesell y el fiscal Sebastián Villalba, de la localidad de Mercedes, pidió la detención de Martínez. Pero una vez más, el policía siguió en libertad.

“Para mi sobrina no hubo ninguna contención de la Justicia y él siguió en servicio, portando su arma, hasta septiembre del año pasado, cuando ya se había hecho la denuncia por abuso”, le dijo Florencia a Página 12. Además contó que se había comunicado con Úrsula unos días antes de su muerte: “pobrecita, yo le agradecí porque ella me dijo que iba a aportar pruebas en la causa por el abuso de mi sobrina”.

Queda claro que el poder judicial debe corregir con urgencia al menos dos factores: la demora en los procesos, y la falta de perspectiva de género de sus funcionarios y funcionarias.

¿Pero qué parte le toca a Asuntos Internos? Por ninguna de las denuncias en su contra Martínez fue sancionado por sus superiores. Al contrario: se limitaron a trasladarlo a otra comisaría y fue el propio Martínez quien en septiembre pasado se apartó voluntariamente solicitando una carpeta psiquiátrica. En la comisaría de la Mujer de Rojas, a Úrsula no le tomaron la última denuncia porque "era fin de semana". Ahora, el Ministerio ordenó investigar esa repartición. Los datos a los que accedió Perycia también tienen su correlato: 22 de los policías trabajaban en la Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados por violencia de género.


Los otros seis mil


A través de un pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Perycia obtuvo hace una semana datos oficiales sobre los sumarios por violencia de género abiertos por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) entre 2013 y 2020. Los datos son preocupantes. En esos siete años, se iniciaron 5954 sumarios contra hombres de la Bonaerense: uno de cada nueve teniendo en cuenta los 51.917 hombres que integran la Fuerza (hay unas 29 mil mujeres). En 364 de esos casos, ya tenían medidas de sanción previas.


 
De los 5602 restantes, según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad, fueron sancionados y expulsados sólo 984. Significa que en este momento 4618 siguen en funciones: más del 80%.

Según Asuntos Internos y el área de género del Ministerio de Seguridad, existe un protocolo para investigar las denuncias por violencia de género dentro de la Bonaerense. La norma 2277/12 "para la evaluación y tratamiento del personal" data del año 2012, y habilita a que los hombres denunciados sigan con sus tareas habituales mientras se investiga. Hoy en día, según confían a Perycia fuentes de esa cartera, una investigación exitosa y con perspectiva de género demora alrededor de ocho meses. Aunque es un lapso muy largo para una mujer en potencial peligro, la regla es que sea más tiempo: hay cuatro instructores para abarcar toda la provincia.

Como puede verse en el gráfico, durante la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo, las instrucciones sumariales crecieron sensiblemente. Pero las meras denuncias, más allá de títulos para los diarios, no contribuyeron a depurar la Fuerza: el porcentaje de cesanteados o exonerados fue proporcionalmente más bajo que en los años anteriores. 

El cierre de una ISA tiene dos caminos posibles: sanción o expulsión. Como ya se dijo, menos del 20% son expulsados (exonerados o cesanteados). Para el universo mayoritario de los sancionados, el castigo que les espera es ser apartados por un tiempo breve -durante el que se cobra la mitad del sueldo-, y asistir a un curso de capacitación en género al que llaman “pena accesoria”. Las fuentes consultadas por esta agencia confiaron que su enfoque "estaba muy desfasado y la calidad es baja", y los datos de Asuntos Internos sólo consignan que 83 efectivos recibieron capacitaciones, y son aquellos que tienen sumarios abiertos entre el 2013 y el 2017. 




Letalidad policial


Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas y el 5% de los agresores integraban alguna fuerza de seguridad. Muchas de las víctimas habían hecho denuncias anteriores o medidas judiciales en curso.

La Comisión Provincial por la Memoria afirma que el hecho de ser funcionario policial no puede eludirse. La base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la Comisión sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que entre 2016 y 2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron por razones de género.

“Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más”, resuena la voz de Úrsula en uno de los últimos audios que mandó por WhatsApp. Para ella es demasiado tarde. Tal vez no para las otras seis mil víctimas en riesgo. 

Oíd el ruido de rotas cadenas

Correr porque una amiga llama llorando retorcida en la oscuridad de la pieza, sentirse sola, conseguir pastillas clandestinas, subirse a una marea verde, sentirse acompañada. Como testimonio de una generación, la periodista de Perycia Lucrecia Bibini retoma la crónica que dejó inconclusa hace dos años, desde el mismo Honorable Senado y con una plaza igual de brotada. El llanto y el grito ahora es otro.


La marea verde, vigilia del 29/30 de 2020. Foto: Daiana Panza


Por Lucrecia Bibini
Fotos: Daiana Panza
Publicada 31/12/2020

En 2018 desembarqué en Perycia con una cobertura sobre la vigilia en el Senado, una crónica llena de épica y descripciones emotivas bajo la lluvia helada de ese agosto.

En esa oportunidad, los senadores, al rechazar el proyecto, no previeron que, contrariamente a apaciguarse, el movimiento feminista se organizaría aún más por la legalización del aborto, señalando a cada unx de lxs senadorxs y candidatxs que nos habían negado la conquista. 

Escribo con un pie en esa crónica que titulamos “¿Quién les quita lo luchado?” (esa vez escribí en tercera persona, ahora me es imposible) mientras apoyo el otro en estas líneas: tenemos ley y tipeo el número en letras para que se grabe lento: Ley veintisiete mil seiscientos diez. Cerramos el 2020, el año que pasará a la historia como el de la pandemia, ampliando derechos para las mujeres y personas gestantes (escuchar a senadores hablar de cuerpos gestantes también es parte de nuestra lucha). 

*** 

2012

Me instalé de urgencia en la casa de una amiga para acompañar su interrupción de embarazo. Yo estaba preparando un parcial y me llamó por teléfono llorando porque sentía mucho dolor y se había quedado sola. Corrí las pocas cuadras que nos separaban. Estaba retorciéndose en la cama, con la luz apagada. Quería que hubiera alguien pero también quería estar sola así que me senté en la cocina y me puse a estudiar. Se levantó al baño y la escuché gritar y llorar. Lo había expulsado.

2015

Me llaman llorando y ya sé. Ya sé cuándo se llora por miedo. Esta vez viajé a Capital a comprar misoprostol porque conozco a alguien que laburaba en una cadena de farmacias conocidísima y me hizo la "gauchada". Me dijo que las podía hacer pasar como faltante en el cierre del día. También me hizo un descuento. No supe cómo agradecerle. En ese momento ni siquiera imaginaba que esta vez el proceso iba a ser larguísimo: No funcionó. 

No sabíamos a quién consultarle. Llamé a muchas personas que no supieron qué decirme. Agoté las posibilidades de búsqueda en google. Conseguimos a quién comprarle misoprostol de nuevo y me citó frente a un edificio que conozco tan de memoria que podría entrar con los ojos cerrados y llegar a donde sea. Fui con un amigo que me dijo que la movida se sentía más ilegal que comprar droga. Cuando el pibe se acercó, lo reconocí. Él no sabía quién era yo. Tiempo después le escribí un texto, un relato cortito, lo busqué en facebook y se lo mandé. Me respondió que le encantó. 

Esa vez tampoco funcionó. Nos movíamos por la vida con un aura de miedo y angustia. Nos habíamos resignado porque no sabíamos a quién acudir ni qué hacer. A los meses lo expulsó naturalmente. La médica de una clínica privada que había hecho la ecografía nunca nos dijo que no tenía latido. 

2019

Anuncios sin llanto. Sabemos a quién recurrir. Aunque sigue existiendo el terror y la angustia de la clandestinidad, contamos con profesionales de la salud que brindaron respuestas hasta el final. Estamos en la Provincia de Buenos Aires, vale aclarar. Nótese que, a diferencia de los párrafos anteriores, esta vez hablo en plural. Esta vez es acompañamiento colectivo y no sufrimiento en soledad. 



2020 

A mediados de diciembre charlaba con amigos en una esquina y me preguntaron si para mí la ley salía. No me animé a decir que sí y dije que estaba difícil. Tenía información sobre lxs senadorxs indecisxs, que en ese momento eran 6. En esos días internaron a Menem. Iba actualizando el poroteo en mi mente. Viajé a pasar Navidad con mi familia (Navidad: what a concept! en este momento) y volví directo a meterme en la marea verde. 

Días antes del 29 circuló la consigna “Sale si salís”, polémica si consideramos que las muertes por covid19 crecen día a día y estamos transitando las fiestas fin de año, lo que implica aumento de contagio. Pero, ¿cómo hacía para no estar presente estando cerca y viviendo sola? 

Este año me encontró trabajando en una oficina desde la que veo el Congreso y la plaza por los ventanales. Recorrí las calles minadas de efectivos policiales y me saqué el pañuelo de la mochila para pasar por la esquina de la oficina donde estaban los celestes y así poder entrar al edificio. No quería hacer absolutamente ni un movimiento que pareciera provocación, porque así funcionan ellos. 

A la tarde bajé y recorrí las calles aledañas al Congreso. En los primeros 50 metros empecé a llorar. Sobre Avenida Rivadavia había un clima de venta ambulante, manteras, movimientos sociales como La Poderosa, candombe, organizaciones políticas, espacios de Educación Sexual Integral. Avenida Callao era más una especie de pool party sin pileta y con barbijos. Escenarios con música, fiesta, glitter, cerveza, las sonrisas que se mostraban en los ojos achinados y los gritos de la alegría que no pudimos experimentar este año. 

No seguí mucho la sesión, que se transmitía por las pantallas, pero cuando vi a Lucila Crexell, senadora neuquina, me acerqué a escucharla. Ella era una de las indecisas, en 2018 había votado por la abstención por considerar que la ley era inaplicable en la realidad, y, si bien se contaba con que esta vez podía apoyar el proyecto, no era seguro y no se la podía contar como afirmativo. 

Cuando dijo que acompañaba le mandé un mensaje a una amiga que estaba viniendo al Congreso: “Crexell acompaña, la ley sale”. No esperaba tanta diferencia, ese 38 a 29. 


El grito, los abrazos y el llanto de las cuatro y doce minutos de la madrugada del 30, son el ruido de nuestras rotas cadenas. Se termina la clandestinidad en la interrupción de nuestros embarazos no deseados. Se termina llorar por la incertidumbre. Se termina el miedo de ir presas. Se terminan los métodos inseguros por no poder acceder al misoprostol. Se terminan las muertas por abortos clandestinos. Nos quedan las redes y la organización. 

No guardemos el pañuelo. Tenemos que asegurar su implementación. ES LEY.