Publicada: 12/09/18
-¿Qué hiciste F?, -le preguntó la mamá cuando más de diez policías, la fiscal María Cecilia Corfield y varias personas de civil lo sacaron de la cama. F, de catorce años, estaba en piyama, durmiendo la siesta. Afuera del edificio, esperaba el escuadrón antibombas de la dirección de explosivos y varios móviles de la policía habían cortado el tránsito.
La orden judicial decía “registrar el inmueble a los fines de proceder al secuestro del celular, como así también individualizar los moradores”, y “hacer uso de la fuerza pública en cuanto ello fuere imprescindible para su cumplimiento”.
-¡Testigo! El teléfono lo tiene el muchacho. ¿Ese teléfono es tuyo?, -gritó el policía.
F, sentado en la cama, dijo que sí con la cabeza.
El 28 de junio fue jueves y, esa noche, había sido el primer allanamiento ordenado por la fiscal Corfield.
Entre febrero y agosto se registraron oficialmente 589 amenazas de bomba en el Gran La Plata, entre La Plata, Berisso y Ensenada.
Cuando hay una amenaza de bomba en una institución pública se activa un protocolo de cinco pasos diseñado por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Una vez registrado el colegio, se labra un acta junto con los testigos y el fiscal de turno y se abre una causa por “intimidación pública”. La causa por la amenaza de F. la tomó la Unidad Fiscal 15 y dicha fiscalía le pidió a la compañía telefónica identificar a los titulares de la línea. Así encontraron a F en su casa, y de esa forma se labraron las órdenes de “registro inmobiliario”, allanamientos y secuestro.
Esa noche la policía filmó todo. Revisaron toda la casa buscando explosivos. Se metieron en la pieza de F con armas y cámaras. Cuando lo despertaron, lo interrogaron a los gritos. Quisieron esposarlo y la mamá tuvo que intervenir.
-Lo que voy a hacer ahora es llamar desde este teléfono a ése-, dijo la fiscal una vez en la cocina y comprobó que el número que ella tenía como posible autor de las amenazas de bomba, era el número de teléfono de F. Ahí mismo escribieron el acta. Y le dijeron a F que, pese a ser menor, estaba imputado por “intimidación pública”.
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Después de eso, el director del Normal 1 citó a la madre de F. Le dijo: “Hasta acá llegaste. Llegaste hasta tercero”, y que no iba a poder seguir estudiando porque como medida de sanción, el colegio le había dado 22 amonestaciones. Había superado el límite de apercibimientos y acababa de ser expulsado.
Según los datos del Ministerio de Seguridad de la provincia, entre febrero y agosto hubieron 589 amenazas de bomba: 408 en Berisso, 141 en La Plata y 40 en Ensenada. De todas ellas, hay al menos 50 causas abiertas por el delito de «Intimidación Pública».
El artículo 121 y 122 del Código Penal dice que todos los adultos imputados que “infundan temor público” con explosivos tendrán una pena de prisión de tres a diez años.
Pero según el Habeas Corpus presentado en el Juzgado de Garantías Nº2 del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por la Comisión por la Memoria (CPM), las causas caen en regímenes de adultos pese a que los imputados son menores.
En el documento la CPM pidió a todas las fiscalías del partido que se abstengan de librar actas de allanamiento contra los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Además, ordenó que las causas iniciadas contra ellos caigan dentro del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
“Nos llama poderosamente la atención que las medidas sean retos o penalidades a los jóvenes”, dijo a Perycia Patricio Villegas, secretario general de Suteba La Plata. “Allanaron a los chicos, filmaron y los subieron a las redes, los medios lo levantaron. Eso fue un escarnio público, que tiene consecuencias graves más allá de la escuela. Tienen que garantizar los derechos de los pibes y el gobierno de Vidal los está vulnerando”, agregó Villegas.
La noche del allanamiento en la casa de F. los vecinos vieron todo. El papá de F. trabaja como portero en el edificio donde vive con su familia y hace tiempo que sufre violencias por parte de la administración del consorcio. Ayer les llegó una notificación escrita por una escribana: la familia tenía un mes para dejar el trabajo, y por consiguiente, la casa. El consorcio decidió echarlos.
El lunes 13 de agosto, hubo otro allanamiento en la casa de un compañero de F. Cuando la policía llamó a la puerta, le preguntaron al papá de M. si vivía un «pibe» que estudiaba en el “Normal 1”.
Los vecinos estaban preocupados. Por el gran operativo policial en la cuadra pensaron que había sucedido algo con Juan Vidal, un ex policía bonaerense condenado por delitos de lesa humanidad. El operativo, sin embargo, era para buscar el teléfono de M.
Una vez en el comedor, la policía intentó llamar al número de teléfono que tenían como sospechoso. Pero M. les dijo que ese chip ya no existía más, que cuando se enteró que habían allanado la casa de F, su mejor amigo, decidió romperlo.
Los agentes insistieron. Entraron a la habitación. Dieron vuelta cajoneras, revisaron juegos de mesa y ropa. Filmaron el operativo. Interrogaron a M., a su hermano, de once años y al día siguiente, al igual que en el allanamiento de F., el video se subió a Youtube.
-El año pasado se identificó a un docente que hacía amenazas. Ahora en la mayoría de los casos son jóvenes -ddice la Inspectora General, Fernanda Zoilo.
-Pero los identificados son muy pocos-retrucaron los padres.
-Sabemos que la mayoría las producen menores…-insistió Zoilo.
-No, la mayoría no están investigadas.
“Esto ya no es una travesura de un nene. La Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Seguridad tienen que garantizar la seguridad educativa y las clases”, dijo Jorge Bertoldi a Perycia, padre de un pibe que estudia en la Técnica 8 en Berisso. En la institución a la que va su hijo, hubo un solo día de clases en cuatro semanas. “A veces tenemos cuatro amenazas de bomba por día. Y evacúan las 4 veces”, agregó.
La DGCyE sigue un protocolo: el de actuación ante situaciones de conflictos graves, dentro del Plan de Prevención de Riesgos. “Nosotros sólo recepcionamos el conflicto. Después se activa un mecanismo legal”, agregó Zoilo. Es la Dirección de legal y técnica de la DGCyE, a cargo de María José Adrogué, la que sigue el recorrido de las causas en la Justicia.
Pero lo que Legal y Técnica tiene para decir no alcanza. “Nosotros hablamos con Castro, el representante de la Dirección de Legal y Técnica educativa: nos dijo que hasta ahora el 100% de los identificados eran adolescentes. Pero en el caso del Normal 1, de las 32 llamadas que hubo hasta ahora, sólo identificaron 2. Como esas dos llamadas las hicieron adolescentes, el representante de la Dirección infirió, no sé por qué mecanismo, que el resto de las llamadas también las hicieron pibes de la escuela. Entonces, para él, la solución la tienen que encontrar los directivos y los padres. Nos dijo que ellos no tienen más nada que hacer”, dijo Milagros Romero, madre de una nena del jardín del Normal 1.
Después de varias reuniones entre padres y directivos, en algunos colegios se llegó a un acuerdo: si la amenaza era, como solía suceder, antes del horario de entrada a clases, docentes y niños se encontraban directamente en el centro de evacuación y no volvían al edificio hasta que se terminara la jornada. Así sería posible garantizar la continuidad educativa. “Pero una vez que llegamos al acuerdo, la Inspectora no lo permitió”, sostuvo Nacha, mamá de sala amarilla del Jardín Nº 967.
Cuando sucede una amenaza en un jardín de infantes, las maestras usan sus autos particulares para llevar el material pedagógico hasta el lugar de evacuación. También transportan las meriendas para los chicos, lavandina para repasar los baños y hasta papel higiénico.
“Está claro que el protocolo es una receta hecha para casos excepcionales. Pero esto ya no es así. Evidentemente esa receta ya no sirve para el problema que tenemos ahora”, dijo Diego, padre de una nena que está en sala naranja en el Normal 1 y agregó: “Están exponiendo a los chicos a caminar 20 cuadras entre idas y vueltas a la escuela. Hay días que evacúan dos veces. Nenes de 3, 4 y 5 años, algunos con movilidad reducida. Están generando que no los llevemos a la escuela, que no vayan más”.
Una de las hipótesis de la dirigencia de Suteba es que detrás de las amenazas existe una especulación inmobiliaria, ya que muchas fueron en edificios históricos de la ciudad. La otra hipótesis es el vaciamiento de las escuelas. “No sabemos qué es lo que está pasando, pero sabemos que cuando las amenazas se masifican y se roza el límite del hartazgo, los padres dejan de mandar a sus hijos a esas escuelas. No migran a las privadas, porque sabemos que cada vez hay más pibes en las escuelas públicas. Pero sí se van a otros colegios públicos”, dijo Villegas. “Por ejemplo, las amenazas en Berisso son tantas y tan seguidas, que me hacen pensar que eso está armado”, agregó.
El año pasado, durante una ola de amenazas similar en la región y en el oeste del conurbano bonaerense, el Ministerio de Seguridad había calculado que movilizar a los bomberos, explosivos y los agentes de las comisarías hacia una escuela le costaba a la provincia alrededor de 25 mil pesos. “No sabemos cuánto sale un operativo ahora, pero sí sabemos que ese patrullero o ese camión de bomberos podría estar en otro lado, en una emergencia”, sostienen desde el ministerio de Seguridad que dirige Cristian Ritondo.
Las causas las toman diferentes fiscalías, porque dependen del día en que están de turno. Según el Habeas Corpus presentado por la CPM, hay 50 causas diferentes en distintas fiscalías. Todas tienen el mismo formato. Pero hay dos, donde los imputados son pibes, que están radicadas en el fuero de adultos. “El Estado Provincial está ensayando una respuesta unilateral a este conflicto, con una nueva estrategia de segregación punitiva y con un despliegue policial desmedido”, sostiene el documento. Y agrega: «Se persigue un fin correctivo en virtud del flagrante desconocimiento al Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente».
En los últimos días el Fiscal General de La Plata, Héctor Vigliolo, dispuso que se unifiquen todas las causas en la UFI 16 a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.
“Se unificaron las causas porque vimos la necesidad de mejorar sustancialmente la investigación. Vamos a tener acceso a las últimos sistemas tecnológicos a nivel nacional y provincial”, dijo el fiscal Condomí Alcorta a Perycia.
Como se iniciaron procesos civiles, Alcorta sostiene que los responsables deberán pagar las costas de las investigaciones. «Van a pagar todo lo que tengan que pagar. Se van a abrir todas las causas que sean necesarias. Parar un ministerio o una escuela durante una hora y media implica que mucha gente deje de trabajar. Van a tener que pagarle el sueldo a esas personas, y a todos los implicados en el seguimiento de una causa judicial. No digo que me paguen el sueldo a mi, pero al resto sí”.
Pero las que se unificarán son sólo causas que están activas. “Hay muchas que fueron archivadas por falta de pruebas y se sumarían sólo si se desarchivan”, dice a Perycia una fuente judicial calificada. La misma fuente que desmiente al fiscal Condomí Alcorta. “En la investigación no habrá big data ni tecnologías específicas, se utilizará el clásico peinado de teléfonos, como se usa en los casos de trata o redes”.
-Nos pasamos todo el invierno en la vereda, con frío. Nosotros queremos volver al aula, cerrar los trimestres, levantar las materias que tenemos flojas, -dijo E., estudiante del Normal 1, micrófono en mano en la primer radio abierta que organizaron los pibes junto al centro de estudiantes, acompañados por docentes y padres.
Después de una sentada colectiva de estudiantes, F. no perdió el año. Sus compañeros se organizaron para que la escuela revea la sanción y pueda seguir estudiando.
