Mar del Plata: la ciudad de los genocidas felices

Son 18 los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria en La Feliz, el promedio por cantidad de habitantes más alto del país. Prófugos de la justicia por mucho tiempo, incluso habiendo fingido estar muertos, hoy pueden ir al psicólogo, salir de compras, tomar café durante audiencias judiciales y hasta participar de marchas del 8M sin un sólo policía que los vigile. Un régimen de detención que envidiarían muchos marplatenses en libertad.


Policías federales y bonaerenses protegen de los manifestantes a Juan Miguel Wolk, el jefe del "Pozo de Banfield"

Por Federico Desántolo, desde Mar del Plata
Fotos: Marcelo Núñez
Publicada: 23/03/19
#24M: Semana de la Memoria



El último represor que logró el ansiado retorno a la ciudad fue el ex capitán de navío Guillermo Horacio Pazos, alegando un dolor en la rodilla derecha. Con 73 años y 16 de condena por crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Pazos consiguió que el Tribunal Oral Federal 5 de Capital Federal le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Para otorgársela, los jueces Daniel Obligado y Adriana Paliotti se compadecieron de un “déficit de movilidad ocasionado por una afección en su rodilla derecha que afecta su dignidad al verse precisado de la permanente asistencia de otros internos para atender sus propias necesidades”. 
Tras esa prueba de sensibilidad de la justicia federal porteña, en noviembre pasado el ex marino se instaló en su imponente chalet que domina una esquina del barrio Los Troncos: dos plantas, frente con prolijos ligustros, techos de tejas en desnivel y enormes balcones coloniales. Pazos engrosó la larga lista de genocidas que se inclinaron por Mar del Plata para terminar de cumplir sus condenas en paz. La elección tiene su lógica: nadie los vigila demasiado.
La bienvenida al contador de la ESMA –procuraba el apoyo logístico para los Grupos de Tareas y llevaba las finanzas en el chupadero de la Marina- no tardó en llegar. El sábado 15 de febrero, los organismos de derechos humanos de Mar del Plata llegaron hasta el corazón del barrio Los Troncos para alertar a los vecinos. Los esperaba una nutrida guardia de más de treinta policías federales y bonaerenses en el perímetro de la casona, pero mirando hacia la calle: ningún policía vigila a los genocidas cuando caminan por la calle, pero decenas bien pertrechadas los protegen.
El espléndido chalet de Guillermo Horacio Pazos, el marino que manejaba la logística de la ESMA, durante el escrache del último febrero

Su caso está lejos de ser una rareza. Según datos aún no publicados de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a los que accedió Perycia, el viento salado de La Feliz es una de las predilecciones de los genocidas que quieren volver a casa. Existen actualmente 650 detenidos bajo arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, y 18 viven en la ciudad balnearia: la mayor concentración represores considerando la cantidad de habitantes. Siete de ellos cometieron sus crímenes en Mar del Plata; cinco están bajo la órbita de la justicia federal de La Plata; tres deben responder ante los tribunales de San Martín; dos en Capital Federal y uno en Mendoza. Además, hay 49 miembros de la Policía, la Armada, Prefectura y el Ejército (el 7.5% del total) presos en distintas partes del país por torturas, asesinatos y desapariciones cometidas en Mar del Plata.

El represor resucitado
El chalet con tres niveles de uno de los comisarios responsables de la Noche de los Lápices está custodiado por Prefectura

El tríplex ubicado en Crocce al 3000, a pocas cuadras del Bosque Peralta Ramos, está muy bien custodiado. Tres garitas se interponen entre la vereda y el frente de la casa. Los dos oficiales de Prefectura estiran el cuello al unísono y se asoman cuando alguien pasa por la vereda. Durante las 24 horas velan por el arresto domiciliario de Juan Miguel Wolk, ex comisario de la Policía Bonaerense.
Apodado “el nazi”, Wolk espera el juicio oral acusado por la apropiación de niños, privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por más de 300 víctimas en el ex centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. Ya en los ’80, el ex comisario esquivó una condena a 25 años de prisión gracias al Punto Final y la Obediencia Debida. A partir de 2005, con la derogación de esas leyes de la impunidad, decidió fingir su propia muerte.

Marta Ungaro, la hermana de Francisco, una de las víctimas de Wolk en el Pozo de Banfield, descubrió que el represor no estaba muerto y vivía en Punta Mogotes, en el sur de Mar del Plata. En 2013, a los 77 años, el resucitado fue capturado y alojado en la cárcel federal de Marcos Paz, pero en 2016 volvió al dúplex de la calle Crocce, a pocas cuadras de la casa de su antiguo jefe, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Un escándalo en la clínica Colón

El ex gerente de casinos y torturador de Jorge Julio López, Julio César Garachico, sale de la clínica Colón sin pulsera electrónica ni custodia

Cesar Garachico no quiso ser menos, y a los pocos minutos de entrar con una arritmia a la unidad coronaria de la clínica Colón, el 8 de julio del año pasado, ya se había peleado con los médicos y enfermeros. El hombre, con un cuadro de obesidad mórbida, hipertensión arterial y alteraciones de la glucemia, obtuvo el boleto a casa a fines de 2017, arguyendo que tardaba “una hora y media en bañarse” y eso afectaba su “dignidad humana”. Aquella tarde llegó a la clínica como pancho por su casa: sin custodia ni pulsera electrónica.

El ex oficial de la Unidad Regional de La Plata, condenado a prisión perpetua en 2014, vivió en el anonimato de Puerto Madryn gerenciando un prestigioso casino hasta que Jorge Julio López lo nombró en su última declaración durante el juicio a Etchecolatz, en 2006. “El día uno (de estadía en el campo de Arana) nos saca Etchecolatz con el grupo de picaneadores, grupo en el que reconozco a algunos, como Garachico, Urcola, Aguiar”, recordó López el ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata.

Cuando su pasado salió a relucir, Garachico se esfumó de la Patagonia. Evadió la pereza judicial durante seis largos años más, entre veraneantes y lugareños de Mar del Plata. Lo detuvieron en 2012, y dos años después fue condenado a prisión perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, ocurridos en las calles de Tolosa, al borde de La Plata, el 9 noviembre de 1976. Hoy transita su vejez en un cómodo chalet que ocupa toda la esquina de la calle Nápoles al 3600.
Un café en el cuarto intermedio
El ex coronel Rodolfo Enrique Godoy y el ex policía Alejandro Alberto Menichin salen de la hamburguesería CRIP
El ex coronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy y el ex jefe de la Brigada de San Justo, Alejandro Alberto Menichini, activaron una vez más las alertas y desnudaron el descontrol que gozan los genocidas bajo arresto domiciliario. Ambos viven en Mar del Plata y son juzgados en la causa del centro clandestino de detención Brigada de San Justo, que funcionó junto a la Comisaría 1ª de La Matanza.
Desde agosto pasado, Godoy y Menichini concurren semanalmente a la Cámara Federal de Mar del Plata para seguir por videoconferencia las audiencias en el Tribunal Federal de La Plata. Tras la primera audiencia, salieron a la calle sin custodia y caminaron cien metros por la diagonal Pueyrredón hasta la hamburguesería CRIP, en pleno centro marplatense. Allí tomaron un café, sin apremios, y volvieron al banquillo para retomar la audiencia.
Godoy debe responder por la suerte de 81 víctimas que pasaron por la Brigada de San Justo, uno de los centros neurálgicos del Plan Cóndor. El ex jefe del Área Militar 114 espera sentencia en un departamento de calle San Lorenzo al 400, a pocas cuadras de Playa Grande. Menichini pasa sus días de prisión en un moderno onceavo piso de la calle Independencia 1531.
Las reacciones: el palacio y la calle
El colectivo “Vecinos sin Genocidas” nació casi sin avisar. El 27 de diciembre de 2017 un grupo de vecinos del Bosque Peralta Ramos, ubicado en el sur de Mar del Plata, se organizó de manera urgente con un objetivo: denunciar la presencia del condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz. El ex comisario de la Bonaerense había elegido La Feliz para cumplir su arresto domiciliario a partir del 28 de diciembre.
Roberto Cotta es un hombre atlético con una larga barba blanca. Vive en el bosque y formó parte del colectivo desde el primer día. “Nuestro norte era preservar el bosque de la presencia de Etchecolatz y todo lo que ello implica –le explica Cotta a Perycia-. Durante esos días hubo presencia policial y militar en todos lados, no solo alrededor de la casa. Las primeras medidas apuntaron a visibilizar el problema: la ciudad debía saber que había un genocida”.
Roberto Cotta, uno de los fundadores de la agrupación "Vecinos sin genocidas"
A los pocos días se sumaron otros barrios y agrupaciones políticas. Se generaron rispideces con algunos vecinos que vieron alborotada la paz bucólica del paisaje. “Tuvimos situaciones en la que algunos vecinos nos reprocharon que estábamos molestando a un viejito. Lo más doloroso es cuando eso te lo dice un pibe de 20 años”, lamenta Roberto.
En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata decidió revocarle el arresto domiciliario a Etchecolatz, pero el colectivo de vecinos siguió activo. Ahora participan de las actividades en el Faro de la Memoria -funciona en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina-, y lograron, a pesar de la resistencia municipal, un espacio de Memoria que ya tiene su cartel: Plaza de los Lápices.
El predio está a pocos metros de la casa que supo ocupar el ex comisario. En agosto de 2018, veinte días después de que aprobara su creación el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, el intendente Carlos Arroyo vetó la ordenanza. El funcionario de Cambiemos, acusado de cobijar grupos neonazis en el municipio, dijo que “la presencia de Etchecolatz fue un hecho ocasional, por un período que no se extendió por más de dos meses, por lo cual establecer esta denominación sería el resultado de una coyuntura”.
Los vecinos insistieron con el proyecto, el Concejo Deliberante volvió a aprobarlo y Arroyo tuvo que aceptar la decisión. Allí habrá un espacio de juegos que llevarán el nombre de los estudiantes desaparecidos a manos de Etchecolatz durante la Noche de los Lápices.
El primer escrache en la casa del ex comisario ocurrió en 2005. Desde ese día el chalet mutó en fortaleza: paredones altos, al menos dos entradas y cámaras que vigilan todo lo que pasa. La esposa de Etchecolatz suele asomarse desde la única ventana que se ve en el segundo piso. En la medianera derecha, hay una sentencia escrita con aerosol: “Ni un minuto de paz”.






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