El fiscal Pettigiani, última carta de Stornelli


La corporación judicial intenta frenar las revelaciones del juez Ramos Padilla en la mega causa por espionaje ilegal. Perycia recorrió los tribunales marplatenses para contar el perfil de Juan Manuel Pettigiani, el fiscal que pidió girar a Comodoro Py la investigación que tiene en vilo al país. Recusado en causas de lesa humanidad, vapuleado por un tribunal que condenó a una banda neonazi y repudiado por amparar a los hampones de la trata de personas, Pettigiani se vio con el abogado de Stornelli tres horas después de firmar el dictamen contra Ramos Padilla. Las fotos de un encuentro clave.


El fiscal Pettigiani en la puerta del TOF marplatense dialogando con Roberto Ribas, el abogado de Stornelli. Fue pocas horas después del dictamen que busca dormir la mega causa por espionaje ilegal. Foto: Marcelo Nuñez para Perycia.


Por: Laureano Barrera
Fotos: Marcelo Nuñez.
Publicada: 27/4/2019

La familia judicial cierra filas, se abroquela y muestra los dientes ante el caso más resonante de los últimos tiempos.

Cerca de las nueve y media de la mañana del viernes, el Fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó un dictamen en la Cámara Federal de esa jurisdicción para que la causa judicial donde se investiga la red de espionaje ilegal más oscura de la democracia sea retirada del juzgado federal de Dolores y guiada hasta territorio amigo de los personajes más implicados, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal rebelde Carlos Ernesto Stornelli: los trajinados despachos de Comodoro Py.

En los últimos tres meses, la investigación federal del juez Alejo Ramos Padilla reveló como nunca antes las conexiones tóxicas entre jueces y fiscales federales, agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos, comisarios, dirigentes políticos y periodistas de influyentes medios de comunicación. Una inmensa red de espionaje que –hasta donde se sabe- operaba apretando testigos para que declararan contra opositores políticos al gobierno y a la vez, como negocio residual, les pedía a los empresarios imputados una pequeña fortuna a cambio de impunidad.

Al desoír las cuatro citaciones a prestar declaración indagatoria, que le valieron ser declarado rebelde por la justicia, el fiscal Stornelli recusó a Ramos Padilla alegando falta de objetividad y planteando que el lugar para instruir la causa era la justicia federal porteña. El juez lo rechazaba argumentando que el lugar donde se documentó la extorsión y el presunto pago de una coima era un balneario de Pinamar, donde su juzgado tiene jurisdicción. Además, la causa ya tiene múltiples jurisdicciones porque se revelaron hechos en Rosario, Corrientes e incluso en el exterior y por eso en las últimas horas despertó rumores sobre un posible descuartizamiento de la causa para repartir la investigación en distintos tribunales del país.

Pettigiani pudo dictaminar el viernes porque el Fiscal natural ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, se excusó. El fiscal interpuso un argumento formal para correrse, el conocimiento de uno de los imputados, pero una segunda lectura lo explica en el temor: Adler, que tuvo fallos ejemplares respecto de las causas de trata de personas, se desembarazó de la causa para no ser blanco sistemático del Grupo Clarín y los medios de información que rodean al poder. Su antigua pertenencia a la agrupación Justicia Legítima –según dijeron fuentes de los tribunales marplatenses - lo iban a colocar en la mira. Como también, de acuerdo a lo que sugirió un avezado periodista local, se guardó de las posibles agresiones contra su círculo íntimo: basta recordar que, por su investigación contra una banda neonazi, una pared de la escuela de una de sus hijas fue pintada con la frase “Adler, Fiscal Korrupto (sic)”.

Ahora, el destino de la causa depende de la Cámara Federal de Mar del Plata, que después de la renuncia de Jorge Ferro el 22 de marzo de 2018, denunciado por trata de personas y lavado de dinero, quedó integrado por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez. El Tribunal marplatense deberá tomarse algunos días para escuchar la opinión de los múltiples querellantes que tiene la causa –algunas de ellas pedirán que se las oiga en una audiencia oral y pública- y en unos diez días podría tomar una determinación.


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Un entenado judicial y político

Juan Manuel Pettigiani



A Juan Manuel Pettigiani, el fiscal que pidió llevar la causa a Capital Federal, le cuadra literalmente el mote de familia judicial: es el hijo del ex presidente y actual integrante de la Suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos Aires. Pettigiani padre llegó a la Corte bonaerense de la mano de Eduardo Duhalde, de quien había sido su secretario de Seguridad. La cercanía de su padre con Duhalde lo llevó a coquetear con la idea de ser intendente de Mar del Plata en 2011, cuando Juan Manuel se mostraba públicamente como un paladín contra la inseguridad. Pero su principal padrinazgo político fue el del sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. “Cada vez que el Momo venía a Mar del Plata se los veía juntos. Cuando murió faltó como una semana al despacho”, confía un hombre que suele caminar los pasillos de los tribunales marplatenses.

En su carrera judicial el fiscal lleva cosechadas, por sus decisiones, un rosario de manifestaciones en su contra. En 2006, tuvo los primeros repudios cuando dictaminó que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre cuyos imputados se encontraba el ex fiscal Gustavo Demarchi, no eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos. Con el tiempo, Petiggiani fue recusado, su dictamen anulado y siete de los nueve miembros de la CNU condenados.

“En las causas por trata de personas, la mayoría de las veces pide juicio abreviado”, le dice a Perycia otro hombre que frecuenta los letrados marplatenses. En marzo de 2017, el Movimiento de Mujeres y la Diversidad Mar del Plata pidió su destitución. La bronca era por el juicio contra los empleados y el dueño del prostíbulo “La Posada”, que había terminado con los siete acusados absueltos. Pettigiani había retirado la acusación a cinco de los siete imputados considerándolos “fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables”. Además, en el caso de Aníbal Soria -sospechado de ser el financista-, había pedido su absolución para el delito de trata de personas y mantenido sólo el de explotación económica de la prostitución ajena. Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa absolución y dispuso un nuevo juicio oral.

Unos meses más tarde, en junio de 2017, el fiscal volvió a estar en boca de todos: arregló un juicio abreviado -que no se ventila y prevé penas muy bajas– con los abogados de una banda de neonazis que daba golpizas brutales a jóvenes homosexuales que caminaban por las calles de La Feliz. Pero la justicia provincial logró que el juicio finalmente se llevara a cabo.

Pettigiani pidió penas bajas aduciendo que no se había probado la existencia de una “organización criminal”. Finalmente, el tribunal oral los condenó a penas de 15 años. “Antes de leer el fallo, el juez del tribunal Roberto Falcone habló sobre el rol del fiscal, lo mandó a estudiar, y hasta nombró bibliografía”, cuenta un periodista que aquél día estuvo en la sala.




Hace un año, en abril de 2018, más de cien organizaciones volvieron a firmar un documento público pidiendo por su apartamiento. “Un fiscal que defiende represores, esclavistas sexuales y neonazis, cuyo accionar atenta sistemáticamente contra los derechos humanos, debe ser nuevamente sumariado y definitivamente apartado”, decía el paper. Entre los seis fallos “vergonzosos” que enumeraban, contaban el de la CNU, el juicio contra el tratante Luis Germán Ituarte – en el que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) había considerado su actuación como una “incongruencia de actuación que avergüenza”-, y el de la banda neonazi.


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El forastero 


En los últimos días, los periodistas judiciales, miembros de organismos y habitués de los juicios vieron rondar en los pasillos de los tribunales marplatenses una presencia poco frecuente. En efecto, una cara forastera.

El viernes anterior, en medio de las audiencias programadas, el abogado Roberto Ribas quiso entrar a la sala y la custodia del tribunal le avisó que no podía usar el teléfono. El abogado tuvo una reacción destemplada y le preguntó al guardia quién se creía que era.

Tal vez no pudo lograr un encuentro con el fiscal Pettigiani porque una semana después, es decir este viernes, volvió a insistir: en un cuarto intermedio, cerca del mediodía, lo abordó y se presentó formalmente como el abogado defensor de su colega porteño.

Pettigiani había presentado su dictamen en la Cámara un par de horas antes, y lo invitó convenientemente. El fotógrafo marplatense Marcelo Núñez lo reconoció y le tomó las instantáneas que acompañan esta nota. Charlaron unos diez minutos en la vereda, lejos de oídos indiscretos, y hasta tuvieron tiempo para intercambiar risas. Fue un cruce por demás ameno, cargado de una atmósfera cómplice. Después, Ribas se perdió entre las calles céntricas de la Feliz.

Pettigiani y Ribas charlaron unos 10 minutos, de forma amena, después del dictamen a favor del pedido de Stornelli. Foto: Marcelo Nuñez para Perycia.


Cuando terminó de alegar en una causa por narcotráfico, cerca de las ocho de la noche del viernes, los periodistas locales lo abordaron.

—¿Pediste que la causa se enviara a Comodoro Py?

—Esta mañana lo presenté, pero no puedo hablar del tema. Hay que dejar que la Cámara se expida —respondió Pettigiani, a secas.

—Debés estar contento. Tenés a todos los medios hablando de vos hace dos horas —le soltó luego un periodista con el que solían cruzar algunas frases.

El fiscal Pettigiani fingió indiferencia pero repreguntó, como al pasar, qué era lo que decían de él. Esta vez, a diferencia de la cantidad de veces que su nombre había generado el repudio de las organizaciones y las víctimas, y al menos por un tiempo, tendrá la bendición de los emporios mediáticos que quieren barrer la mugre y las conexiones de Comodoro Py debajo de la alfombra.

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