Encerrar, matar y olvidar, el caso de Federico Zalazar

Federico Zalazar fue asesinado en la cárcel de jóvenes de Virrey del Pino y se investiga la complicidad del Servicio Penitenciario: fue apuñalado con facas de 60 centímetros y las cámaras de seguridad estaban desviadas intencionalmente. A un año del crimen, los responsables políticos siguen en funciones y el Gobierno de Vidal desoye los reclamos de organismos de derechos humanos. Compartimos una crónica de La Pulseada para entender por qué fue una "muerte anunciada".




— A Fede lo condenaron a muerte... Cuando la jueza lo mandó a Virrey del Pino, lo condenó a muerte.

Federico Zalazar era de Lomas de Zamora y estaba privado de la libertad acusado por un homicidio ocurrido en su barrio. La justicia de menores de la Provincia lo tuvo en distintos centros cerrados, hasta que en El Almafuerte de La Plata pareció encontrar un camino de salida, un proyecto de vida: soñaba con aprovechar sus conocimientos que estaba adquiriendo en el curso de Durlock para algún día hacerse una pieza en la casa de su papá.

Sin embargo, Federico, que ya tenía 19 aunque había sido detenido a los 16, fue traslado de forma sorpresiva a Virrey del Pino, en La Matanza, un centro cerrado destinado a jóvenes que fueron condenados siendo menores de edad. El lugar, bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, se había convertido en emblema de la "militarización" de los centros de encierro de menores, con el desembarco de los agentes del Servicio Penitenciario (SPB) que desplazaron a los trabajadores de Niñez, encargados naturales del cuidado de los internos. Ese arribo de personal, formado para trabajar en penales de adultos, había generado denuncias por violación de derechos, el crecimiento de la violencia, la falta de espacios socio educativos y una consecuencia dramática: una seguidilla de suicidios.

Por eso Romina, la mamá de Federico le dice a Perycia que con el traslado, la jueza Marta Pascual "lo condenó a muerte". A pocos meses de entrar en Virrey del Pino, y un día después de advertir a su familia que "la gorra está tumbeando", Federico fue atacado por la espalda mientras tomaba mate en el patio, la tarde del lunes 9 de abril de 2018. Tres jóvenes, con facas de hasta casi un metro de largo, lo apuñalaron varias veces por la espalda.

Desde la Gremial de Abogadas y Abogados -organización que acompaña a la familia-, Laura Taffetani recuerda en diálogo con Perycia que por el hecho se abrieron dos causas judiciales, en distintas fiscalías de San Justo: una por el homicidio en sí, donde los imputados son los tres jóvenes que apuñalaron a Federico. "Es lógico, esa investigación avanza más rápido porque total los acusados son pibes que ya están en prisión", explica Taffetani.

La otra causa apunta directamente a la la responsabilidad que tuvo el Estado en la muerte de una persona que estaba bajo custodia del gobierno de María Eugenia Vidal. Hay muchas sospechas sobre el rol que tuvo el Servicio Penitenciario: los guardiacárceles habían juntado en el patio a dos pabellones enfrentados y además, las cámaras de seguridad que debían estar filmando la zona donde Federico fue atacado, estaban corridas apuntando hacia otro rincón.

— Tuvimos todo un año para que se abra el expediente por la violencia institucional y la complicidad del SPB en esta muerte — le dice Taffetani a Perycia.

A un año del crimen, familiares y amigos de Federico Zalazar se movilizarán este martes al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Pascual.

Para conocer la historia de esta "muerte anunciada", en Perycia, compartimos una crónica publicada en La Pulseada N° 159, de mayo de 2018.


“La gorra está tumbeando” 



Por Javier Sahade y Martín Luna

Lo que sigue es la historia desde el principio… Aunque no parezca importarle a casi nadie.

Cuenta Romina que Federico Alejandro Zalazar nació con 3 kilos 375 gramos y medía 50 centímetros. Ella tenía 17 años y su primer hijo llegaba a la vida recién pasada la Navidad de 1998 y a pocos meses del final de la década menemista. Fede se crió en Villa Independencia, un barrio humilde de Lomas de Zamora, y mientras el país estallaba y se derrumbaba el gobierno de De la Rúa, él aprendía a pedalear sin rueditas, entre cacerolazos, a los 3 años. “Era inquieto, charlatán… feliz”, le cuenta Romina a La Pulseada. Sus compañeros de fútbol le decían “Trapito” porque era chiquito, flaquito y la ropa le quedaba grande. Era hincha de Boca y “le gustaba jugar a la pelota”, repite su mamá. Desde los 5 años vistió las camisetas de los clubes del barrio Falucho y San Diego. Era delantero y parece que jugaba bien, porque su primer entrenador también se lo llevó a jugar a Olimpia, en el centro de Lomas. “Lo venía a buscar en su coche porque yo no tenía en qué llevarlo”, dice Romina. En el barrio fue al Jardín, la Primaria y la Secundaria hasta tercer año. Las tres instituciones estaban en el mismo edificio y siempre tuvo a sus mismos compañeros. También tomó la Comunión, después de ir a catecismo los sábados a la mañana. “Era re amiguero –recuerda la mamá–. Le gustaba irse a la Reserva de Santa Catalina, con los chicos, en bicicleta. Iban a pasar las tardes enteras para pescar y cazar bichitos”.

“Fue un chico muy feliz –dice varias veces Romina–. Yo lo esperé con mucho amor y cuando nació, cada 29 le festejaba el cumple mes con una torta”.

Federico, que aprendió a andar en bici y sostenerse sin ayuda a los 3 años, comenzó a trastabillar a los 14, con problemas de consumo. Cruzó el Arroyo del Rey, la frontera del barrio, y comenzó a juntarse con chicos más grandes. Romina dejaba durmiendo a sus otros dos hijos Thiago y Yamil (ahora de 10 y 5 años) y salía a buscarlo. Cuando Fede tenía 16, lo acusaron de matar a otro de 21. Fue su propia mamá quien lo entregó a la Justicia. “Se cansó de que le peguen y le roben todas sus cosas y tomó la peor decisión”, dice Romina.

Federico, que aprendió a andar en bici y sostenerse sin ayuda a los 3 años, comenzó a trastabillar a los 14, con problemas de consumo


Sin antecedentes por otros delitos, inició 3 años de encierro en distintas instituciones de la Provincia. Recuerda su mamá que se escapó varias veces y al principio era difícil hablar con él. Se lo notaba violento, enojado, agresivo. En el Almafuerte de La Plata, algo empezó a cambiar. Estaba tranquilo, con ganas de salir en libertad o irse con pulsera electrónica a cumplir la condena en una piecita que su papá, Horacio, con el que Romina sigue en contacto, le estaba construyendo arriba de su casa. Con orgullo, contaba que estaba aprendiendo a colocar durlock, que le iban a dar una tarjeta para cobrar y soñaba con laburar con eso. Sin embargo, el último día de octubre del 2017, cuando en los diarios se informaba sobre el plan de reformas del Gobierno de Macri envalentonado por el triunfo electoral, el Organismo de Niñez y Adolescencia de la gobernadora Vidal, conducido por Pilar Molina, dispuso su traslado a Virrey del Pino, un centro cerrado para pibes en conflicto con la ley penal, convertido en cárcel para jóvenes mayores de 18 años que fueron juzgados antes de cumplir la mayoría de edad. Durante dos días, la familia de Federico no supo a dónde lo habían trasladado. Tampoco lo sabía la jueza de Menores de Lomas, Marta Pascual, a cargo de Federico.

La Unidad 56 de Virrey del Pino es un dramático emblema de la militarización de los lugares de encierro para pibes. A contramano de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la institución del Organismo de Niñez fue copada por el Servicio Penitenciario en 2014 dejando atrás cualquier objetivo socioeducativo. Como denunció la Comisión por la Memoria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tal como publicó La Pulseada hace un mes (Nº 158), el proceso de “carcelización” que la Provincia decidió ampliar a otros centros cerrados con el arribo de 300 penitenciarios, provocó “condiciones inhumanas de detención, hacinamiento y una secuencia de suicidios y más de 19 pibes que se autolesionaron”.

Cuatro meses después del traslado y un día después de haberle dicho a su mamá que “la gorra estaba tumbeando”, Federico fue asesinado en el patio de recreaciones. La versión oficial hablaba de una “feroz pelea” entre detenidos, pero junto a él había otro chico que se salvó encerrándose en el baño y pudo contar todo. A eso de las 15 horas del lunes 9 de abril estaban tomando mate y fueron agredidos por la espalda con arpones (un palo con un cuchillo en la punta). Las cámaras de seguridad no registraron nada porque se comprobó que habían sido desviadas intencionalmente hacia otro lugar. Los tres atacantes, todos imputados, estaban drogados, según el relato de los testigos. Los reiterados informes y denuncias penales hechas por la Comisión por la Memoria coinciden con lo que afirman los pibes encerrados y el propio Federico en las charlas con su mamá: en Virrey del Pino es habitual el uso de facas y el consumo de estupefacientes.

A la familia le avisaron del hecho poco antes de la medianoche, cuando el cuerpo sin vida estaba en el Hospital Evita Pueblo.

El Estado es responsable 


“Hay dos investigaciones en curso –le cuenta a La Pulseada, Laura Taffetani, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, una organización que acompaña a la familia de Federico–. En primer lugar está el homicidio que podría terminar en una perpetua para los tres que participaron. En segundo lugar, buscamos determinar la responsabilidad del Organismo de Niñez de la Provincia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo del centro cerrado”.

 “Las cámaras estaban desviadas y miraban para otro lado –agrega Taffetani–. Evidentemente uno puede pensar varias hipótesis y nosotros no descartamos ninguna, desde la instigación hasta la complicidad, que son prácticas del Servicio Penitenciario. El ataque fue con facas de más de 60 centímetros. Al menos pudo haber habido una zona liberada para que esto suceda y generar situaciones de violencia entre ambos pabellones”.

“Estas situaciones se dan en el marco de una forma de tratamiento que incluye la participación de una fuerza de seguridad como es el Servicio Penitenciario y un esquema muy poco propicio para una situación socioeducativa –explica la abogada, referente en la lucha por los derechos de la niñez y la juventud en la Provincia–. Los jueces que sostienen que si un pibe cometió un delito antes de los 18, cuando cumple la mayoría debe seguir bajo la órbita de Niñez, lo plantean porque el Servicio Penitenciario no tiene puesta su mirada en lo que hace a la función socioeducativa. Por esa razón los chicos siguen estando bajo el circuito de juventud. Ahora, lo real de lo que sucedió en Virrey del Pino es que no había ningún asistente de niñez dentro del lugar donde estaban los jóvenes detenidos. Estaban solos en una especie de pecera. Es un eufemismo plantear que esto es un centro cerrado para jóvenes con un tratamiento especializado, como lo plantea la legislación internacional”.

Cuando a Federico lo sacaron del Almafuerte, su madre presentó un pedido para que lo vuelvan al centro de Abasto, “donde estaba contento”, recuerda Romina. “Tenía terror a Virrey del Pino porque había leído que se habían muerto varios chicos. Es un lugar horrible, horrendo. Vos te sentás a comer un sanguche y hay ratas tiradas en el salón de visitas”, relata.

“Lo probó Carlitos (Cajade), lo probó Alberto (Morlachetti)… la única forma de plantear un futuro y un proyecto distinto para los pibes que estuvieron involucrados en delitos a veces bastante graves es el vínculo humano. Lo único que construye es el vínculo humano. Todo este tipo de regímenes lejos está de plantear una respuesta”, concluye Taffetani.

Recurso ante la CIDH 


Tal como anticipó La Pulseada de abril, la Comisión Provincial por la Memoria presentó finalmente una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando “protección” para los jóvenes detenidos en Virrey del Pino. A través de un comunicado, califica el crimen de Federico como una “muerte anunciada” y asegura que “el Organismo Provincial de la Niñez y el Poder Judicial son responsables”.

Agrega que “la muerte de Federico, bajo custodia del Estado, no es un caso aislado ni azaroso: es el resultado de una forma de gestión del encierro mediante el aislamiento extremo como política de control poblacional y la instauración de un régimen de vida carcelario que sólo genera más violencia y violaciones a los derechos humanos”.

“Por esto –sigue el texto– resulta indispensable que se modifiquen las condiciones que hicieron posible la muerte del joven y se clausure el lugar. En estos verdaderos depósitos de jóvenes no se respeta la normativa vigente ni el derecho protectorio de este colectivo, no se implementan políticas y programas para la responzabilización juvenil o su reinserción, no existen dispositivos de tratamiento psicológico o de adicciones ni espacios educativos adecuados”.

Revista La Pulseada de abril de 2018: los riesgos del desembarco del Servicio Penitenciario en los centros de encierro de jóvenes. Cuando la publicación salió a la calle, todavía no había muerto Federico. Por eso fue un crimen anunciado. Ilustración: Juan Bertola.


El silencio de Vidal


Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del Gobierno bonaerense había hablado públicamente sobre el crimen de Federico. La única medida oficial luego del hecho fue la inexplicable decisión de extremar el aislamiento de los jóvenes detenidos en Virrey del Pino. Ya es una práctica habitual el silencio de la Provincia respecto al avance represivo sobre los chicos privados de su libertad, el desembarco del Servicio Penitenciario en instituciones para pibes y las denuncias por torturas o suicidios. El defensor penal juvenil, Ricardo Berenguer, todavía espera respuestas al pedido de informes por la llegada de unos 300 penitenciarios a los centros cerrados. También La Pulseada espera respuestas del Organismo de Niñez a la solicitud de entrevistas para escuchar la voz oficial.

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