Todos lo sabían

Las revelaciones del portal periodístico The Intercept  sobre el Lava Jato comprometen al ahora ministro de Justicia Sergio Moro, cuando éste, en su calidad de juez, lideró la causa y posterior condena contra el ex presidente Lula da Silva. El especialista Santiago Yarcho Coscarelli analizó en exclusiva para Perycia el fenómeno del Lawfare, donde la persecución ideológica bajo el signo del poder judicial se convierte en una modalidad cada vez más difundida en América Latina.




Por Santiago Yarcho Coscarelli (Abogado e investigador del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP)

GIF: Matías Adhemar 



Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Leonard Cohen "Everybody knows"



La crisis institucional en Brasil desde hace algunos años parece tener visos de sistematicidad. Es imposible analizar el terremoto que desencadenaron Glen Greenwald y el portal The Intercept sin sentir bajo la planta de los pies las réplicas que dejaron no solamente la investigación del Lava Jato, sino también el descubrimiento del Presal, el juicio político a Dilma Rousseff, el corto y altamente impopular interregno de Michel Temer, el encarcelamiento de Lula da Silva y, finalmente, el surgimiento del propio Bolsonaro.

Hace algunas semanas presenté en el Congreso de AERIA un ensayo sobre la política internacional de Jair Bolsonaro y su canciller Ernesto Araújo, ocasión en la cual pude intercambiar unas palabras con colegas brasileros del ámbito de las Relaciones Internacionales, que me permitieron agregar otra dimensión al análisis que de común se suele realizar académica o políticamente: la de la calle.

Que un personaje como Bolsonaro haya conquistado la máxima autoridad institucional no es casualidad. El ciudadano brasileño votó en contra del establishment político y eligió en su lugar un candidato que presentó una mezcla de reafirmación de identidad religiosa con un enorme componente de discurso "enemizatorio", la especialidad del Capitán, quien redireccionó su artilleria verbal contra homosexuales, mujeres e izquierdistas hacia un nuevo objetivo: la corrupción.

Hay un Moro en la costa

En el mismo sentido fue la incorporación a su gabinete como Ministro de Justicia de Sergio Moro, el héroe de la lucha contra la corrupción en América Latina. Ésto era lo importante, el factor determinante en las elecciones del 2018, y quien supiera despegarse de la partidocracia brasileña completamente desacreditada, y capitalizar el descontento generalizado sería el ganador.

Ante un gobierno como el de Bolsonaro que acumula pasos en falsos y la caída en vertical de su popularidad, las revelaciones de Greenwald son un disparo a la línea de flotación al mayor capital simbólico del gobierno brasilero y de la derecha continental en general.

El #VazaJato filtró una enorme cantidad de información relativa a la investigación de Moro durante la cual se quitó del escenario a Lula da Silva, se le impidió dar entrevistas en la campaña de Fernando Haddad por el PT y que finalizó con el político más popular del país tras las rejas. Entre las escuchas, sin dudas lo más escandaloso fue la complicidad demostrada por Moro para con Deltan Dallagnol, el fiscal de la causa.

Se supone que el proceso penal es contradictorio, esto es, se encuentra el imputado y su defensa por un lado, con la presunción de la inocencia a su favor (o al menos así debería ser), y el fiscal por el otro, quien es encargado de demostrar la culpabilidad del acusado con prueba suficiente para convencer al juez, quien es el encargado de terciar entre ambas partes con la mayor independencia posible y emitir sentencia, condenatoria o absolutoria, con fundamentos suficientes.

La independencia del juez es la base del modelo acusatorio, en tanto evita la identificación del juez con una de las partes, una garantía elemental en un sistema republicano y respetuoso de las libertades individuales. En este punto es importante destacar algo: la promiscuidad entre Moro y Dallagnol, y la enemistad manifiesta con Lula son obscenas, pero ello no debe invalidar lo obsceno que fue el proceso en sí mismo, plagado de irregularidades y falta de pruebas, sintetizado por la doctrina Moro: "no tengo pruebas, tengo convicciones". Plus rien ne m´etonne.

Al margen de la ley

Un juez no puede hacer lo que le venga en gana para condenar a un imputado, sino que tiene un ámbito de competencia y posibilidades en el proceso que están taxativamente enumeradas por la ley, y esto se debe al enorme potencial dañoso que tiene un derecho penal descontrolado cuando no se lo aplica cuidadosamente en el marco de las garantías constitucionales.

Conocer las bambalinas de un proceso que transformó el mapa político de Brasil y la región mueve a la indignación; no obstante es muy importante no caer por ello en su validación: para encarcelar a Lula, Moro actuó al margen de la ley, utilizó indiscriminadamente la prisión preventiva y la delación premiada, y filtró escuchas privadas a la prensa bajo el pretexto del interés público de las mismas (no deja de ser profundamente irónico que las filtraciones de The Intercept hayan utilizado el mismo argumento para difundir las conversaciones del propio Moro).

A medida que la persecución ideológica bajo el signo del poder judicial se convierte en una modalidad cada vez más difundida, justificada con construcciones pretorianas abstractas y procesos endebles, sostenidos a través de fake news y no pruebas, entonces existe el riesgo de interpretar el #VazaJato como una excepción, lo cual no es. Sergio Moro es un magistrado formado por Estados Unidos en la lucha contra la corrupción (Wikileaks, 09BRASILIA1282_a) y ahora es el Ministro de Justicia de Bolsonaro.

Estas mismas circunstancias ponen en duda el impacto en concreto que tendrá la investigación de Greenwald. La prisión de Lula da Silva no es un hecho judicial, es un hecho político, y las cuestiones del poder tienen por costumbre ser difíciles, o al menos insatisfactorias al ser explicar apelando al reduccionismo. Hay detrás de ella una conspiración institucional, pero también una reorientación geopolítica en una potencia regional con décadas de diplomacia abocada a la búsqueda de la autonomía, la cual hoy en día se encuentra en pleno realineamiento con los intereses del bloque occidental (se perdonará la retórica de la guerra fría; en efecto, es la adoptada por la cancillería brasileña).

Existe también una profunda complicidad con los medios masivos de comunicación, específicamente O Globo; y la constante presión de factores de poder como el ejército, que amenazó seriamente a la democracia brasilera en vísperas de la prisión de Lula y hoy en día es uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro.

 Frente a esta situación, estamos viendo como la independencia judicial y de la prensa, las garantías judiciales, e incluso los derechos políticos elementales como elegir y ser elegido como representante, los pilares de nuestros estados nación según la fórmula decimonónica, se encuentran flojos, carcomidos por un poder que se disfraza de institucionalidad, pero que en el gobierno no ha tardado demasiado en mostrar los dientes, y se parecen mucho a los que en la región hemos visto en períodos de interrupción democrática y de auge neoliberal.

Por lo pronto, Sergio Moro ha declarado que no planea renunciar ni hacerse a un lado de su cargo.

Una pareja perfecta

Las similitudes entre el Lava Jato y otros procesos en curso en América Latina son evidentes. La lucha contra la corrupción, excepto excepciones, es en esta etapa el caballito de batalla de la derecha latinoamericana, y le ha dado grandes dividendos en términos electorales. El concepto de lawfare en términos latinoamericanos ya se ha convertido en un fenómeno independiente de la teoría militar norteamericana, pero la finalidad sigue siendo erosionar la legitimidad de gobiernos y proyectos políticos soberanistas.

 Está por verse si el #VazaJato será efectivamente un mojón a partir del cual será posible interpretarlos por fuera de las sólidas raíces que posee en el sentido común. En efecto, la potencia de la "guerra jurídica" tiene los pies sobre varios discursos que se encuentran en el Estado de derecho, en particular la independencia del poder judicial. Toda sentencia del Poder Judicial es un acto de gobierno, toda decisión de persecución penal una decisión política, y cuando esta persecución se utiliza contra personas de una ideología determinadas, en base al sujeto y no al hecho, lo que hay no es otra cosa que el viejo derecho penal del enemigo.

En este sentido, el lawfare y el neoliberalismo son una pareja ideal. El neoliberalismo arrasa continentes, poblaciones y derechos, y los encomienda a la ley mercantil, provocando despojo y concentración de la riqueza en pocas manos, mientras que el lawfare, combinando el uso de la persecución penal direccionada y la caja amplificadora de los medios masivos de comunicación, le otorga a los despojados de una narrativa alterna que tiene (como se ha dicho al principio en el caso de Bolsonaro) un gran contenido identitario.

En palabras de Byung Chul Han, el sujeto saqueado por la economía, encomendado a la ley del más fuerte, licuado en su identidad por la globalización, está privado incluso del acceso al consumo y la conformación de su identidad como consumidor. Frente a esto, el lawfare ofrece un Otro, que alivia esa incertidumbre. No sé quien soy, pero no soy el Otro, no soy el comunista, no soy el PT, no soy el pobre, no soy el homosexual.

Investigaciones como las de Greenwald son grandes trabajos periodísticos y por supuesto que son valiosas, no obstante es necesario repensar como nuestras sociedades deberían ejercer contralor sobre el Poder Judicial, al menos en causas tan sensibles y de tantas implicancias sociales y políticas.

El concepto de accountability como contralor social de las autoridades suele estar limitado al Poder Ejecutivo y procesos como el juicio político, haciendo hincapié en la rendición de cuentas por la vía institucional (accountability horizontal); sin embargo, existe la accountability vertical, ejercida por el pueblo organizado para monitorear el ejercicio del poder, por lo cual es natural que una sociedad desmovilizada posea menos anticuerpos frente a este tipo de fenómenos, por lo cual es importante no perder de vista el sentido y la incidencia política de los procesos de lawfare.

Un periodismo de investigación serio e independiente es un poderoso factor de accountability, pero tal como quedó demostrada la complicidad entre Dallagnol y Moro, cada vez es más evidente la promiscuidad de los operadores jurídicos con los mediáticos. No es lo mismo O Globo que The Intercept, pero es tarea de la sociedad afinar la mirada sobre los medios, especialmente en épocas de fake news, donde la contraofensiva no se hará esperar.

No son solamente las escuchas de Moro. Esperaremos el 99% de la investigación que está por salir a la luz y la evolución del caso, pero ello no debe distraer de lo que ya conocemos. Hay muchas, muchísimas más piezas en el dominó del Lava Jato. Y la primera está tambaleando.









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