El estigma: mujeres judicializadas por aborto en la provincia de Buenos Aires

En Argentina, el dato más consensuado sobre abortos clandestinos proviene de un informe de la ONG Amnistía Internacional, que estima unos 450 mil por año. Datos oficiales de la Procuración bonaerense, a los que accedió en exclusiva Perycia, dicen que las mujeres que se practican abortos son judicializadas seis veces más que hace diez años. ¿Cuáles son sus historias y qué pasa con ellas? ¿Cuál es la reacción de la comunidad médica? ¿Qué dice la ley? 


Por Verónica Liso y Rosario Marina
Ilustraciones: Trewelina

Publicada: 10/10/2019


La denuncia

Carla* llegó al Hospital Juan Sanguinetti de Pilar. Le dolían los ovarios. Sangraba. Tenía 20 años. Entró al consultorio del ginecólogo Christian Pesce. Se acostó en la camilla sin saber que, mientras el hombre ordenaba que le hicieran un legrado, también estaba denunciándola. Era septiembre de 2016.

-¿Dónde está el feto? -le preguntó Pesce varias veces, en lo que parecía un interrogatorio policial. Entonces llamó a la comisaría y la acusó de haberse hecho un “parto domiciliario”.

-No estuve embarazada -le contestaba ella. 

Pero a nadie parecía importarle lo que Carla tenía para decir.

-Ya tenés una causa. Cuando te demos el alta te vas a ir detenida- le repetían los policías que ya habían llegado al hospital. 

La tensión crecía. Los empleados de seguridad intentaron retenerla ahí. La amenazaron con una denuncia por “fuga”. La acusaron de haber vendido a un supuesto bebé, también a la familia de ser cómplice de la situación. Le insistían en que ya estaba procesada, que de ahí se iba a la comisaría y después a un penal. Que era una asesina.  

Florencia Maffeo fue al hospital. Esperó con sus compañeras de Socorristas en Red hasta la noche. Al otro día escribió: “Anoche Carla se sentía bien, y sólo la dejaron internada por una anemia, para la cual le habían dado hierro en pastillas que perfectamente podía tomar en la casa. Ahí se vio que la intención era castigarla con lo que podían. Desde que se visibilizó el caso y se presentaron las orgas, la empezaron a tratar bien. Pero hicieron todo lo posible para retenerla”.

Nadie le dio el alta a Carla. Se fue “bajo su responsabilidad”. Pero la denuncia estaba hecha. En la Unidad Fiscal de Instrucción 2 de Pilar, el fiscal Leonardo Loiterstein ya le había tomado declaración al ginecólogo Christian Pesce.

-Nosotros tenemos acá un guardia- le dijo el papá de Carla a la abogada Gabriela Conder, intimidado por la presencia policial. 
-No esperes el alta, andate- lo aconsejó Conder al otro lado del teléfono. 

La abogada tenía claro lo que estaba pasando. Hoy todavía se acuerda: “Ahí había una animosidad del hospital y de la policía para criminalizarla”, cuenta a Perycia, y agrega: “No había ninguna orden para seguirla, y Carla pudo volver a su casa”. 

Las organizaciones, ahora, ya saben que el Hospital Juan Sanguinetti de Pilar no es un lugar amigable. Lo subraya Conder: “Estas prácticas se siguen haciendo, pero nos cubrimos para ver de qué manera se puede realizar el aborto sin que haya ningún tipo de acusación y que los profesionales no denuncien”. 

Los números

El debate por la despenalización del aborto revolucionó en los últimos dos años a la sociedad argentina: mujeres en las calles, pañuelos verdes, horas de sesión en Diputados y Senadores. Será uno de los asuntos sensibles del 34° Encuentro, y el sábado próximo habrá un festival por el derecho a hacerlos. La ley no cambió, pero ¿qué pasa con quiénes practican -o se practican- abortos? 

En los últimos 10 años, en la provincia de Buenos Aires se iniciaron 793 investigaciones judiciales por abortos clandestinos. Esto significa que casi 800 personas enfrentaron procesos por intentar interrumpir un embarazo (ya sea propio o a otra). 

Estos datos se publican por primera vez gracias a la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Su objetivo era analizar la persecución penal del aborto en la Provincia de Buenos Aires, entre los años 2009 y 2018. Para eso pidieron datos a la Procuración General y al Ministerio de Salud bonaerense. Sólo les respondió el primer organismo, que dirige a todos los fiscales. 

Las mujeres que se practican abortos son judicializadas seis veces más que hace diez años. En 2009, a cuatro mujeres se las acusó por “aborto”; en 2018 a veinticuatro. 




Perycia se comunicó con el Procurador Julio Conte Grand. El jefe de los fiscales de la provincia no sabía de la existencia del informe ni de los datos entregados a la Clínica Jurídica. 

Decidió que respondería el área de prensa: “Los datos no están cruzados contra la proyección de población que efectúa el INDEC. Por eso no se puede afirmar que exista un incremento en ningún departamento judicial ni en ninguno de los casos”, dijeron.

Y pidieron que no se publique el informe que surgió de un pedido de acceso a la información pública contemplado bajo una ley, que la Clínica Jurídica de la UNLP, haciendo uso de su derecho, ya subió a su página web.   

La acusación

La noticia llena cuatro páginas seguidas de resultados de búsqueda en Google. Hablan de incesto, de un hallazgo macabro, de un feto calcinado, de una ciudad conmocionada. Posan la lupa en una chica de 16 y en un chico de 18 años, dos primos, dos “asesinos de bebés”. 

Pero, ¿qué hay detrás del morbo mediático? La verdadera historia: la de una niña, Rocío*, que queda embarazada. La de una chica que no puede pedir ayuda a los adultos y recurre a su primo. La historia de un pibe de 18 años que googlea una solución para su prima desesperada. La de un chico que da con un vendedor anónimo de Misoprostol que lo cita en la estación de trenes de La Plata. La historia de un adolescente que junta lo que tiene y sólo le alcanza para comprar algunas pastillas. 

Esa historia no aparece en ninguno de los resultados de Google.

Las pastillas le provocaron el parto. Ninguno de los dos sabía que estaba de cinco meses. El resto de la familia se había ido a un cumpleaños. Rocío se encerró en el baño. No entendía qué le pasaba, no sabía del dolor, de las contracciones. No supo por qué la placenta se veía negra, pero sí entendió cuando vio al feto que estaba muerto. 

Lo envolvió en una bolsa y lo sacó a la calle. En ese barrio de Lisandro Olmos, en los bordes rurales de la capital provincial, no pasaba el recolector de basura. Los vecinos amontonaban los desperdicios en una esquina descampada. Ahí dejó la bolsa. Al otro día un vecino llamó a la policía.

Lo que siguió fue una caza de brujas al estilo de la Bonaerense. Golpearon casa por casa para saber quién había sido. Los primos se asustaron y contaron lo que había pasado. Los llevaron a la comisaría 15 de Olmos, los pusieron a disposición de la fiscalía y los denunciaron por infanticidio.

La Unidad de Instrucción 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Ignacio Mennucci, ordenó la inmediata internación de Rocío en la maternidad del policlínico San Martín, una sala con once camas llenas de madres recién paridas con sus bebés. 

El servicio de asistencia social del hospital notó que la chica llevaba muchos días internada, que nadie la iba a ver, que no tenía documentos, ni tarjeta SUBE, ni celular porque la policía se lo había sacado.

Contactaron a Flavia Delmas, secretaria de género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Ella contactó a Mariela Garay, abogada especializada en violencia de género, que a partir de ahí se hizo cargo del caso.

“La mayor preocupación era que le estaban imputando un delito de infanticidio”, dice la abogada. “Era terrible que utilizaran el caso de ella como un correctivo: ‘te hiciste un aborto, mataste un pibe, fijate que de ésta no zafás’”, cuenta.

Rocío estaba a punto de sufrir una septicemia: una infección generalizada porque en el útero le quedaban tejidos de la placenta. “Al final había tenido mucha suerte, si no terminaba internada en el Policlínico hubiera muerto producto de la infección”, dice la abogada.

Como era menor de edad, para darle el alta tenían que esperar que la retirara la madre o el padre, pero nadie sabía dónde encontrarlos. La abogada tramitó una medida para que le otorgaran la guarda de manera cautelar a la abuela. Rocío estuvo dos semanas internada esperando que la justicia le permitiera salir del hospital.

La causa, que empezó en el verano del 2019, avanzó. El juez Juan Pablo Masi -que en la imagen de perfil de Whatsapp tiene una escarapela celeste con la leyenda “salvemos las dos vidas”- entendió que no había elementos para atribuirle la calificación infanticidio y los imputó por aborto. La defensora oficial y la fiscalía llegaron a un acuerdo. Entendieron que se trataba de una joven vulnerada en sus derechos que no había tenido la posibilidad de acceder a otras opciones y que ni siquiera sabía cómo cuidarse, los riesgos que significaban un aborto, o cómo funcionaba la medicación. La causa de Rocío se archivó, pero la del primo siguió en curso porque era mayor de edad. 

Para ella la vida ya no volvió a ser la misma. Los vecinos pasaban por la puerta de su casa y le gritaban que era una asesina de bebés. Se contaban mil historias sobre lo que había pasado. Cada teoría morbosa agitada por los medios se extendió sobre ella como la cicatriz de una quemadura. A los 16 años, Rocío quedó marcada para siempre.

La Ley

En Argentina, el aborto es legal sólo en dos casos: cuando la mujer corre riesgo de vida o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Así lo dice el Código Penal. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación a través del fallo F.A.L, sentó jurisprudencia y estableció que esta excepción aplica en todos los casos de violación.

Existen cuatro artículos del Código vigente -que data de 1921- que penalizan el aborto en Argentina. El artículo 85 establece las penas aplicables a las personas que causen un aborto, diferenciando si fue con consentimiento o no. 

El artículo 86 pena e inhabilita a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que practiquen abortos, salvo cuando se trate de casos amparados por la ley. 

El 87 reprime a quien cause un aborto con violencia. 

Y el artículo 88 penaliza a las personas gestantes por dos razones: hacerse un aborto y prestar consentimiento para que otro se lo haga.

El año en que se abrieron más investigaciones por todos esos artículos fue 2009: se iniciaron 152. Los números, luego, tendieron a bajar en todos los casos, excepto en el artículo 88: las mujeres que abortan.


Según las conclusiones que sacaron los expertos de la Clínica Jurídica a partir de los datos de Procuración, la cantidad de investigaciones penales no es significativa respecto de la cantidad de abortos que se hacen en el país. “A pesar de que la criminalización de la interrupción del embarazo existe hace muchos años en la legislación argentina, parece no disuadir la práctica, lo que genera cuestionamientos respecto del propósito de esta herramienta penal”, advierte el informe.  

La cárcel

Patricia Solorza fue encarcelada en la Unidad Penitenciaria 47 del Complejo de San Martín en 2013 por un aborto. Nunca volvió a ser libre. 

Antes de terminar presa trabajaba como secretaria en un estudio jurídico y hacía unos pesos extras vendiendo en ferias en Ezpeleta. Además, criaba sola a dos hijos, el más grande con un retraso madurativo e hipoacusia. Cuando el padre de Patricia se enteró de su primer embarazo la persiguió con un cuchillo. Ella, a pesar del espanto no se sorprendió: estaba acostumbrada a la violencia.

Su caso no está en los datos de la Procuración, porque no fue investigada por aborto. Fue condenada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que tiene una expectativa de pena a cadena perpetua.

Patricia juró que no sabía que estaba embarazada. Cuando el feto nació muerto se asustó y, como Rocío, lo puso en una bolsa y lo tiró a la basura. También en su caso fue un vecino el que denunció y un policía el que golpeó la puerta de su casa. 

Ante la posibilidad de pasar el resto de su vida presa aceptó el juicio abreviado, un juicio donde no se presentan pruebas porque la persona acusada se reconoce culpable, y fue condenada a 8 años. Muchas veces pidió la prisión domiciliaria para poder cuidar a su hijo enfermo pero sistemáticamente se la negaron.

En junio de este año empezó a sufrir fuertes dolores de estómago. Pasaron dos meses sin que recibiera ningún tratamiento médico. Su estado empeoró tanto que la llevaron de urgencia al hospital de José León Suárez. Murió esposada a una camilla en terapia intensiva. Tenía 40 años.

El cartel

Alguien prende la computadora, un día de agosto de 2016, y escribe en mayúscula: 
“Se comunica a todo el personal médico que de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria frente a la recepción de los casos que a continuación se enumeran”. 
Enter. 
Achica el tamaño de la letra y teclea, primera en la lista: 
Sospecha de aborto.
Las enumeraciones siguen: sospecha de violación, sospecha de abuso sexual, herida de bala, herida de arma blanca, herida por elementos varios, golpiza, sospecha de maltrato.
Todas las sospechas en el mismo orden. 
Termina el texto invitando a quien lea a hacer la denuncia a la comisaría 6ta del Palomar. 
Escribe el número de teléfono de la comisaría, pone el membrete del Centro de Salud municipal. 
Imprime. 

El cartel no es inocente. No es aleatorio. Tiene una causa: pasaron sólo cuatro días desde que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidiera que una chica tucumana conocida como Belén, presa por un aborto espontáneo, debía salir en libertad. 

“No existen leyes que obliguen a hacer tales denuncias. Pero lo más grave es obligar a los/as efectores/as de salud a hacer estas denuncias que los instigan a romper con el secreto profesional, en contra de su ética y deber, y que vulnera el derecho de los/as pacientes, garantizado por ley, a la confidencialidad y privacidad”, escribió Florencia Maffeo en un comunicado de prensa para contestar a ese cartel que apareció pegado el 20 de agosto de 2016 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAP) “Dr. Springolo”, en El Palomar, partido de Morón. El único centro de salud del distrito que tenía guardia en ese momento. 

Florencia Maffeo es socióloga, fue integrante de Socorristas en Red de Morón y es parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito. En ese momento, estas organizaciones hicieron pública la situación y lograron que se separara del cargo a los coordinadores médico y administrativo de ese centro.

La organización Socorristas en Red nuclea a grupos de mujeres en todo el país que dan información, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y acompañan a quienes deciden interrumpir su embarazo. Para que lo hagan de manera segura y cuidada. Son cerca de 500 integrantes, la mayoría jóvenes, en diferentes ciudades del país.

Desde el 2014, además, sistematizan sus intervenciones para tener información sobre esos acompañamientos. Ahí escriben todo: quiénes abortan, los motivos de sus decisiones, las trayectorias de vida, los recorridos que tuvieron que hacer hasta llegar a ellas. En estos cinco años, acompañaron en sus procesos de aborto con pastillas a más 19 mil mujeres. 706 fueron derivadas al sistema de salud.

Florencia Maffeo fue socorrista en la zona oeste durante 4 años. Cada día, por turnos, el grupo se repartía la atención de un “teléfono público” que era, en realidad, un celular al que cualquier persona que necesitara un aborto podía llamar. 

Esos tiempos de escucha, de acompañar, de reunirse para explicar el aborto con pastillas, hacer un seguimiento, derivar al sistema de salud si era necesario, todo se hacía en el medio de una vida de trabajo, estudio, amigos, familia. Hubo mucho ensayo y error, algunas se cansaban. No era fácil coordinar todos esos tiempos, tener un celular que podía sonar en cualquier momento con una emergencia. Pero Florencia no se arrepiente: “Es una experiencia de la que se aprende mucho. Acompañar es un acto político”, dice. 


En Argentina, según el último informe de la ONG Amnistía Internacional, realizado a pedido del Ministerio de Salud de la Nación en 2005, se hacen aproximadamente 450 mil abortos clandestinos por año. El documento concluye que “restringir el aborto por vía legal no garantiza una tasa de aborto baja”.

El secreto profesional

En el año 1966, una mujer llamada Natividad terminó en una guardia por las lesiones que le produjo un aborto. Desesperada, le dijo al médico que la atendió lo que había pasado y él la denunció. El caso llegó a la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital y a partir de ahí se estableció que los profesionales de la salud deben guardar el secreto profesional sobre su paciente. 

Por eso, desde hace más de cuarenta años los médicos y las médicas tienen el dilema resuelto: no pueden denunciar a una mujer que aborta. Sin embargo, como Pesce hay muchos.

“Antes se hacía la denuncia a las mujeres que venían con abortos en curso”, dice Pablo*, ginecólogo en la provincia de Buenos Aires hace 12 años. Recuerda que en una época realizaba hasta cinco abortos por guardia. “Yo tengo claro desde que me recibí que no hay que denunciar”, aclara.

Según el informe presentado por la Procuración a la Clínica Jurídica de la UNLP, el 80% de las personas judicializadas en los últimos diez años fueron acusadas por practicar abortos. En total son 701, de las cuales sólo 26 fueron acusados por el artículo 86 que pena e inhabilita a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que practiquen abortos.

Desde el 2012 la provincia de Buenos Aires cuenta con el “Protocolo de Atención Integral  de los Abortos No Punibles” que dice lo mismo que el fallo F.A.L: que el aborto es legal en cualquier caso de violación. 

Cuando se abrió el registro de objetores de conciencia en el Hospital San Martín de La Plata se anotaron todos, confiesa Pablo. El registro fue creado para que se inscriban los médicos que por razones ideológicas o religiosas no quieren practicar un aborto, ni siquiera en casos de violación o porque peligra la vida de la mujer. En la práctica muchos médicos se anotan para evitar posibles complicaciones judiciales, es una forma de quedar cubiertos si se niegan a practicar un aborto por miedo a caminar por la cornisa de la ley.

“El Protocolo le tira el peso al director del hospital”, arguye Pablo. Porque lo que no define la ley es hasta qué semana se puede realizar la interrupción del embarazo. En su servicio acordaron hacer las intervenciones hasta las 14 semanas. “Los otros casos van a grupos de trabajadoras sociales que las acompañan y después llegan con abortos avanzados al hospital”, dice.

El estigma 

Ciudadela, 10 de diciembre de 2014. Un local partidario de Unión Popular. Diez personas detenidas. Al mando del operativo está la Policía Federal. 

Se llevan a un ex diputado provincial, Daniel Omar Herrera, a su madre, a una médica que hacía las intervenciones en la clínica clandestina. Y a tres mujeres que estaban esperando para hacerse un aborto. A una de ellas la sacaron en camilla.

Aunque no formaban parte de la organización que el Juzgado de Garantías Nº 1 de San Martín investigaba como “asociación ilícita”, quedaron imputadas en la causa. Ese día, Lourdes Bascay, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habló: “La criminalización del aborto tiene ese efecto: hace que tres mujeres sean filmadas, vulneradas en su intimidad, expuestas a nuevas violencias”.

Ese mismo año, la Asociación Pensamiento Penal (APP) creó un observatorio para investigar cómo el sistema judicial trata las causas por aborto y las consecuencias que genera. En ese espacio, profesionales de distintas disciplinas -derecho, sociología, psicología, criminalística, medicina forense, entre otras- analizan expedientes penales de todo el país. 

La primer conclusión a la que llegaron fue que el sistema penal se dirige la mayoría de las veces contra personas que son “fáciles de atrapar”. Personas que por su condición social, económica, cultural tienen serias dificultades para defenderse y hasta para conocer sus derechos.

“El riesgo de la clandestinidad no lo tenemos que ver por las condenas sino por las causas iniciadas y el sufrimiento que generan. El punto no es cuantitativo, sino cualitativo", explicó Indiana Guereño, presidenta de APP, en una nota para Infobae.

Primero las pericias, las pruebas, en el cuerpo, en la intimidad. El gasto económico. El tiempo destinado a ir al juzgado, las horas que se van en audiencias. El miedo a perder la libertad. Después, la condena social, el expediente, el estigma. Aunque no haya condena, una causa penal es una sombra que se proyecta, persistente, cotidiana.
*Los nombres de esas personas fueron modificados para proteger su identidad.


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