El virus, la mugre y las oficinas públicas bonaerenses

¿Quién desinfecta micrófonos y consolas en Radio Provincia? Seis empleadas de Ezca, una empresa contratada por el Estado que les descuenta sueldos, les paga miserias, no les garantiza antigüedad ni vacaciones y las expone al contagio, sin insumos básicos o materiales de protección. Es el viejo cuento del servicio de maestranza tercerizado, que se agrava con el riesgo del Coronavirus. La crónica de una humillación laboral que se repite en otras dependencias de la Provincia.



Por Lucrecia Bibini y Julia Molina
Fotos Matías Adhemar
1/6/2020

—Nadie nos avisó cómo se iba a proceder.

Cuando se decretó la cuarentena, las empleadas de maestranza de Radio Provincia esperaron indicaciones e insumos para enfrentar los desafíos de la nueva modalidad de trabajo. Pero Omar, el supervisor de EZCA Servicios Generales S.A., del que no conocen ni el apellido y que sólo se comunica por WhatsApp, jamás les escribió.

Entonces se organizaron ellas solas para hacer guardias de limpieza de ocho y cuatro horas, día por medio, en los tres pisos, cinco estudios, siete baños y numerosas oficinas y talleres del edificio de 11 y 53, al que siguen asistiendo técnicos, operadores, productores, locutores y periodistas, tanto de la programación de AM como de la FM, todos trabajadores de prensa exceptuados del aislamiento obligatorio.

Pero a pesar de que las trabajadoras -casi todas mujeres, el único hombre del plantel permanece en su casa por ser miembro de la población de riesgo- aceptaron en silencio las condiciones y se pusieron en la primera línea de fuego de esta “guerra invisible”, sufrieron descuentos salariales y un abandono casi absoluto, tanto del Estado como de la empresa contratada. El 13 de mayo, a 54 días de decretarse la cuarentena, el cuerpo de delegados de ATE en Radio Provincia levantó la voz en un mensaje por Whatsapp que circuló entre empleados, directivos y los responsables de contratación del Ministerio de Comunicación Pública:

Por cuarto mes consecutivo, la empresa EZCA S.R.L recorta el salario de nuestras compañeras de maestranza, con sumas que van de 2500 a 3500 pesos para el pasado mes de abril.

La compañía había informado que gracias a un acuerdo entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza, homologado por el Ministerio de Trabajo, el recorte del sueldo sería de un 25%, el límite acordado entre el Gobierno y la CGT. Pero un cálculo fino -tarea difícil porque Ezca niega sistemáticamente la entrega de recibos de haberes- revela que con los aportes a la obra social y al sindicato, la reducción en realidad llega hasta el 37 por ciento, generando un sueldo de bolsillo que apenas supera por 1425 pesos el salario mínimo.

“Nos liquidaron el sueldo como licencia por COVID-19, cuando el mes cierra el 24, y el período de cuarentena por orden del presidente Alberto Fernández fue decretado el día 20/03, y los días 23 y 24 de marzo fueron feriados”, denunciaron lxs seis trabajadorxs en una nota dirigida a las autoridades de la emisora pública.

Para la empresa, los recortes tienen “un grado de lógica”. En un mensaje enviado a la dirección de la radio, explican: “Hay una diferencia salarial entre el que trabajó mes completo y los que no, que es el presentismo. Difícil hubiese sido tener que pedir ir a trabajar a alguien cuando la ley le permitía quedarse en la casa”.

En ese mismo mensaje, Ezca suma otro argumento: la crisis por la cuarentena. “Lo que acá no se está teniendo en cuenta -sostienen los empresarios- es la situación actual de las Pymes y el desfinanciamiento que hemos sufrido producto de COVID, y del retraso y recorte en algunos casos de nuestros abonos”.

Rara excusa. Perycia pudo acceder al pliego de la última prórroga del contrato con la Provincia. El vínculo venció en marzo, pero según pudo comprobar este medio, hay un acta firmada para extenderlo. Es decir, la pandemia no afectó la relación contractual. Por mes, el Estado bonaerense paga poco más de 383.000 pesos (la prórroga hasta marzo fue por 767.900 pesos en dos meses) y no hubo "retraso" ni "recorte".







Las trabajadoras proponen seguir cumpliendo con la jornada laboral como lo hacían antes de que se decretara la cuarentena, para así poder seguir cobrando el 100% del sueldo, pero les responden que no, “que el pago va a seguir siendo así”. Después de casi dos meses de cuarentena, la empresa envió dos supervisoras para que se encarguen de controlar el presentismo, un monitoreo que llega tarde porque los descuentos se ejecutaron sin supervisión ni planillas de asistencia.

—¿Cómo nos organizamos para el feriado del 25 de mayo? —le preguntaron a una de las enviadas por Ezca.

—Los feriados se están pagando como días normales desde que inició la cuarentena y mientras dure—les respondió.

Perycia se comunicó con Uriel Estebes, uno de los dueños de EZCA S.R.L, quien negó la existencia de un conflicto: “No sé de qué situación me hablás”, respondió, antes de terminar la brevísima conversación.

La situación actual es la consecuencia de una historia de humillación laboral que les roba vacaciones, aguinaldos, licencia y dignidad; una mecánica empresaria que, con aval sindical, se repite en casi todos los organismos públicos bonaerenses.

—Si no te gusta, andate. Atrás tuyo hay mil más esperando.

Esa respuesta no sorprendió nunca. “Lucran con la necesidad del trabajador, con la necesidad del pobre”, dice una ex empleada de Radio Provincia, y agrega: “Tenemos que poder mostrar que nosotros valemos lo mismo que ellos”.

Una antigüedad invisible

A lo largo de once años de servicio, lxs trabajadorxs de maestranza en Radio Provincia fueron contratadxs por Martín y CIA S.A., Proveedora Los Estudiantes S.R.L., PROVESER S.R.L., LYME S.A. y por último, desde el 2016, por EZCA Servicios Generales S.A, cuyo vínculo con el Estado ya tiene varias renovaciones y prórrogas que vuelven a foja cero la antigüedad laboral de sus empleadas.

En el comunicado presentado en mayo a las autoridades, recuerdan: “Pasamos por diferentes situaciones laborales en el edificio, abuso de poder y el maltrato de parte de encargados y supervisores". En la enumeración de hechos históricos hay desde despidos "por embarazo" (que lograron revertirse) hasta normas medievales como la prohibición de hablar de política y religión con el personal de la emisora. En el caso de Ezca, algunas de las situaciones, como los descuentos injustificados a empleadas meses antes de la pandemia, llegaron en forma de denuncia al Ministerio de Trabajo.

—Nuestras compañeras y compañeros de la radio nos ven todos los días desde hace once años, pero para las empresas no tenemos ni dos años de antigüedad reconocidas —advierten.

También denuncian que en las licitaciones de las empresas hubo casos donde se informaba sobre un plantel de doce operarixs, pero en la realidad nunca fueron más de siete, lo que podría significar un posible fraude al Estado bonaerense.

Marcelo Ponce Núñez, abogado de ATE, le recuerda a Perycia que en el artículo 39 inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se establecen cuáles son las obligaciones que deben regir las relaciones laborales. “Hay un principio, el de progresividad, que indica que siempre vamos hacia adelante: siempre los derechos de los trabajadores tienen que ser mejores. Pero si con esto no alcanzara, la última partecita de ese mismo inciso dice que siempre en caso de duda hay que estar en favor de los trabajadores. Por consiguiente, el acuerdo del SOM y la homologación que le da el Ministerio de Trabajo de Nación es total y absolutamente inconstitucional”.

Una alta fuente de un organismo de control bonaerense y experto en derecho laboral, va incluso más allá. Consultado por Perycia, explica que Radio Provincia tiene la facultad de rescindir el contrato con Ezca e incluso pedir sanciones, si la empresa tiene denuncias en el Ministerio de Trabajo por no cumplir con las normativas laborales: "El Estado siempre tiene que tomar cartas en el asunto, depende de la voluntad política".-

*** 


Registro de la Propiedad: muy cerca de la ficción


—Nunca en mi vida me imaginé vivir algo así.

Como en una película. Así se sintió Martina cuando se enteró de que la supervisora de Proveedora Los Estudiantes S.R.L, empresa para la que trabaja, falsificaba la firma de más de una decena de compañerxs que no estaban asistiendo a ninguno de los tres edificios del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (RPBA). El método era el siguiente: a una parte de los empleadxs lxs mandaban a prestar servicios particulares y les falsificaban la firma de asistencia en el RPBA, para que esos ingresos le quedaran limpios a la empresa.

Cuando Proveedora Los Estudiantes S.R.L fue contratada, la condición fue que lxs operarixs del RPBA se mantuvieran. Lxs empleadxs que querían irse con la empresa saliente se iban y lxs que no, continuaban. “La mayoría decidimos quedarnos porque estamos resguardados, de hecho a mí me defendieron cuando quisieron despedirme”, cuenta Martina.

Durante las primeras semanas lxs operarixs coincidieron en que el trato era amable, pero al poco tiempo empezaron las irregularidades: compañerxs a los que ya no se lxs veía en los edificios, prohibición de hablar con el resto de lxs empleadxs estatales, salarios por debajo del monto mínimo, incumplimientos en el pago de las horas extras y en los aportes jubilatorios y a la obra social, amenazas, despidos y obstáculos para que lxs operarixs se organicen y elijan a sus delegadxs.

Además, cambiaron a la persona que estaba encargada porque, según dicen compañerxs, se negaba a cumplir las condiciones que le ponía el intendente: “A la empresa no les conviene que los trabajadores quieran a la encargada porque está para hacer el trabajo sucio”.

Ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta del Sindicato de Obreros de Maestranza? “El gremio está con las empresas. Se sabe desde siempre, pero lo confirmamos cuando algunas compañeras fueron a exponer nuestra situación y ni siquiera se sorprendieron”, cuenta una de las trabajadoras a Perycia.

—¿Ustedes vienen porque les pagaron tarde? —les dijo el representante del SOM.

—No, nosotros vinimos porque hay abuso de poder, amenazas, porque hubo falsificaciones de firmas, porque estafaron a los compañeros y al Estado –le respondieron, ante la mirada inmutable de la persona que, se supone, debía defender sus derechos.

La situación se repite con muchas de las empresas que la Provincia de Buenos Aires contrató a lo largo de los años para realizar las tareas de limpieza. A principios de mayo, Distribon S.R.L. despidió por WhatsApp a once trabajadorxs de maestranza de las Torres Administrativas 1 y 2 que estaban de licencia por pertenecer a los grupos de riesgo por COVID-19.

La CTA Autónoma logró revertir los despidos, después de denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo e intimar a la empresa a cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 del Gobierno Nacional que prohíbe "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, mientras dure la cuarentena.

A raíz de la pandemia, a varixs empleadxs del RPBA que no fueron a trabajar porque debían quedarse cuidando a sus hijxs no les pagaron; la mayoría se encuentra por debajo del salario mínimo: “Cobramos 14200 pesos en limpio. La mayoría de las trabajadoras son madres solteras que dependen de este trabajo para mantener a sus hijos y muchas de ellas tienen que laburar catorce horas diarias. Así y todo, a veces no tienen la plata para cargar la SUBE. Estamos desprotegidos. Las empresas tercerizadas no tendrían que existir más porque todo el tiempo juegan con la necesidad de la gente”, dice Martina.

“¿No será hora de que el gobierno vuelva a lo antiguo, a lo que hizo siempre, que es que el personal de maestranza sea dependiente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires? -se pregunta Ponce Nuñez- ¿O acaso no dependen del gobierno de la provincia el personal de maestranza del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Escuelas, y otros organismos? ¿Por qué en algunos organismos se contrata a empresas privadas?”.

*** 

La estatización, una posible solución


La lengua de Nelly era una pasta.

Hacía horas había comenzado su turno en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y todavía no había tomado ni un sorbo de agua. Se dirigió hacia el dispenser y sintió que alguien le seguía los pasos. Tic-tac: el segundero corría. Agarró rápido un vaso blanco de plástico y lo llenó de agua. El encargado la observaba detenidamente.

—Mirá que si seguís perdiendo tiempo te vas a tener que quedar un rato más hasta que termines—le advirtió el hombre.

En 2009, Nelly tenía cuarenta y cinco años, había enviudado y tenía a cargo a su hija de diez años. Recién comenzaba a trabajar en el sector de limpieza del hospital. “Al paso del tiempo uno comienza a ver, a sufrir estas situaciones que suceden con las empresas. Pero necesitaba trabajar sí o sí; uno engancha el trabajo que engancha y se va donde le dan un laburo”, dice a Perycia al recordar sus doce años trabajando de forma tercerizada para las empresas contratadas por el Estado.

Por aquel entonces, la Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda. estaba a cargo de la licitación en el Hospital, que luego pasó a manos de Martín & Cía., justo cuando la pandemia de la Gripe A arribaba en Argentina. Lxs empleadxs de limpieza jamás contaron con una capacitación sobre la prevención contra el virus y lo único que se les dio fue un barbijo quirúrgico con una protección de seis horas, para las ocho horas de jornada laboral. La cantidad de infectados a nivel país fue de 12.477.

En septiembre de ese mismo año, el pago por parte del Ministerio de Salud a la empresa no llegaba y, por lo tanto, los salarios de lxs trabajadorxs tampoco. Una noche se presentó una escena poco común: el Sindicato de Obreros de Maestranza había convocado a una asamblea para movilizar a lxs empleadxs de limpieza.

—Algunos compañeros se revelaron al SOM y plantearon de hacer un paro hasta que la empresa pagara. Fue motivado por los propios compañeros —dice Luis, quien trabajaba en el turno noche—. El objetivo era marcar nuestra autonomía.

A pesar de que lograron regularizar el pago, a los pocos días la empresa tomó represalias: despidos, amenazas y aprietes. Las acciones empresariales fueron de tal magnitud que terminaron con la intervención de las autoridades del hospital.

Pero al día siguiente, la empresa despidió a más trabajadorxs. Y ellxs redoblaron la apuesta: entraron en permanencia pacífica y comenzaron con los cortes en la calle.

La oficina de ATE, en el subsuelo del hospital, se transformó en un lugar fundamental para sostener la lucha de lxs trece despedidxs. Los bancos se convirtieron en camas y las banderas en sábanas. Pasaban las horas silenciosas de la noche jugando a las cartas, entre mates, escuchando la radio a la espera de oír los mensajes de apoyo que ellxs mismxs se mandaban.

La permanencia duró un mes. Entrada la primavera, lxs compañerxs despedidxs lograron obtener becas y fueron trasladadxs a otros hospitales de la región. Antes, junto con los sindicatos, se había presentado un proyecto que sentó precedente para lo que sucedería cuatro años más adelante: la propuesta de la estatización del servicio.

“Se demostraba que era tres veces más el presupuesto de lo que el Estado le pagaba a una empresa privada que si los trabajadores y las trabajadoras eran absorbidos en el Estado”, cuenta a Perycia Eliana Aguirre, Secretaria Pro-Gremial de ATE. “El 1 de abril del 2013 nos convocan a una reunión (con el ministro de Salud, Alejandro Collia) y se anuncia el comienzo de un proceso de reestatización del servicio de limpieza”.



La noche del 31 de marzo del 2013 lxs trabajadorxs del hospital se agolparon en la institución. Como cada vez que el servicio cambiaba de empresa, todxs temían perder su trabajo y era costumbre estar presente para que los nuevos empleadores lxs tomaran. Pero esta vez, la situación era diferente: los supervisores no saludaron a nadie; estaban ocupados agarrando los insumos de la empresa y yéndose del hospital. La incertidumbre invadió a lxs trabajadorxs que pronto se enterarían que limpieza volvía a ser absorbida por el Estado.

—Vino el intendente y nos dijo que trajéramos nuestros papeles con antecedentes y esas cosas —cuenta una trabajadora—. Muchos compañeros empezaron a hacer listas para asegurarse de que ninguno quedara afuera.

Por primera vez en décadas, lxs trabajadorxs de limpieza iban a contar con obra social, antigüedad, licencias, bonificaciones, vacaciones: todos los derechos que venían reclamando.

Es un antecedente que se transformó en un faro para los reclamos en otras dependencias públicas.

Lo resume Nelly, quien también trabajó en Radio Provincia y participó en el reclamo del hospital:

—Me encantaría que mis compañeras de Radio Provincia pudieran pertenecer al lugar, a la radio, o al ministerio que corresponda, y no estar dependiendo ni aguantando las humillaciones a las que las somete la empresa.

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