Colombia, la horrible noche

40 muertes, 500 personas desaparecidas y más de 2.000 casos de violencia policial en menos de 20 días de brutal represión. El presidente Iván Duque fue denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya, pero el llamado colombiano es urgente: "S.O.S., nos están matando". 




Por Aristides Obando Cabezas* y Carol R Hinestroza** 
Especial desde Colombia
15/5/2021

Este artículo constituye una narrativa objetiva sobre los recientes acontecimientos en la sociedad colombiana con ocasión del paro nacional y las jornadas de protestas sociales a partir del 28 de abril de 2021. 

S. O. S COLOMBIA, es el llamado urgente a la comunidad para que a partir de la información veraz y objetiva participe en la búsqueda de posibles soluciones a la situación de violencia que se vive en todos los rincones del país como respuesta a los justos reclamos de la ciudadanía, frente a los yerros gubernamentales, sus nefastas políticas públicas y la insistencia en sostener un modelo económico y político a todas luces negacioncitas de las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana. 

Hoy, la ciudadanía colombiana completa casi 20 días en las calles ejerciendo el derecho constitucional a la protesta social. Lo que desató las movilizaciones a nivel nacional fue la radicación del proyecto de ley número 594 de Reforma Tributaria dada a conocer como “Ley de Solidaridad Sostenible”, un articulado suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera y presentado ante el Congreso de la Republica por el presidente Iván Duque Márquez. 

La Reforma Tributaria incluía pasar de un IVA del 5% al 19%, declaración de renta desde los 2.500.000 pesos, aumentar el valor de la gasolina y gravar algunos elementos de la canasta familiar, algo que se torna inaceptable en un país donde el 42,5% de la población es clasificada como pobre por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Pero lo que generó mayor indignación fue la respuesta del Ministro Carrasquilla a la pregunta sobre el valor del huevo en una entrevista hecha por el medio “Revista SEMANA”. 

El Ministro afirmó que la docena de huevos tiene un valor de 1.800 pesos (50 centavos de dólar aproximadamente) cuando el costo oscila entre 4.000 y 10.000 pesos dependiendo de la calidad. Las personas no encuentran explicación al hecho de que quien ocupe un cargo de este tipo esté tan desconectado de las realidades del país y que desde ese desconocimiento quiera implementar una política económica que profundizaría más la pobreza en el país. 

Algo debe estar pasando en Colombia para que las personas salgan a manifestarse pese al riesgo de contagio de COVID-19 

Y sí, la situación en Colombia es grave. Sumado a lo anterior se tienen otras banderas por las cuales la ciudadanía se encuentra en las calles: 

  • La regulación a la consulta previa e informada, pues mediante esta medida lo que el Gobierno busca es limitar el ejercicio de este derecho fundamental, que le permite a los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos proteger su integridad cultural, social y económica ante medidas legislativas u administrativas que representen un riesgo para la pervivencia del pueblo. 
  • Las masacres. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres en el año 2020 y otras 132 en 35 masacres que se han perpetrado en lo que va del 2021. 
  • El asesinato de líderes y lideresas sociales. Según INDEPAZ en 2021 han sido asesinados 57 personas que desempeñaban funciones de liderazgo y/o de defensa de los Derechos Humanos.
  • El asesinato o desaparición de firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). INDEPAZ registra 22 hechos de este tipo. 
  • Proyecto de Ley 010 de 2020 de Reforma a la Salud que representa el detrimento del derecho fundamental a la salud en favor de la rentabilidad financiera de las entidades prestadoras del servicio. 
  • El mal manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Durante la pandemia han muerto 79.760 personas según el Instituto Nacional de Salud (INS). Muchas de estas muertes pudieron haberse evitado si el Gobierno Nacional hubiera hecho una mejor gestión en la adquisición de unidades de cuidados intensivos, celeridad y masividad en las muestras para detectar los casos, toma de medidas sanitarias a tiempo, la ausencia de corrupción y la obtención de vacunas. En relación con el plan de vacunación hay que decir que este ha sido lento y poco coordinado, al día de hoy, aproximadamente el 4% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna. 
  • Las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Esto se ha agudizado con la pandemia debido a que a la precarización laboral y no pago de salarios se suma la falta de elementos de protección personal, sobrecarga en la demanda asistencial, riesgo de contagio y el agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés (síndrome de burnout).
  • El recrudecimiento de la violencia en algunos departamentos como el Cauca y Nariño donde las comunidades denuncian enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley en la lucha por el control territorial de lugares estratégicos que sirven como corredores para el tráfico de drogas. Como consecuencia de estos hechos 2.185 personas tuvieron que desplazarse forzosamente en el municipio de Argelia (Cauca) y más de 3.000 en el municipio de El Charco (Nariño) entre los meses de marzo y abril del presente año.
  • En los departamentos de Cauca y Putumayo vuelven a aparecer las minas antipersonas, agravando la situación de DD.HH. 
  • La erradicación forzada de cultivos de uso ilícito ordenada por el Gobierno Nacional en el departamento del Putumayo y la no sustitución de los mismos como se prevé en el Acuerdo de Paz ha llevado a los cultivadores de coca a tener confrontaciones con quienes realizan esta labor. 
  • El incumplimiento de lo estipulado en el cuarto punto del Acuerdo de Paz que trata lo referente a la sustitución de cultivos de uso ilícito, frente a lo cual el Gobierno Nacional no busca la implementación de lo firmado, sino que anuncia la aspersión aérea con glifosato, medida que amenaza el medio ambiente, la sostenibilidad alimentaria y la vida de quienes habitan los territorios. Los campesinos cultivadores de coca encuentran a las acciones de erradicación forzada y aspersión aérea con glifosato como una amenaza a la dignidad humana, pues son precisamente esos cultivos lo que les permite vivir en medianas condiciones de dignidad en lugares donde la presencia estatal se reduce a la militarización y la inversión en servicios como salud, educación, saneamiento básico y electricidad son mínimas y en la mayoría de las veces nula.
  • Una bandera particular, sobre todo para el movimiento indígena del Cauca es el rechazo del asesinato de la gobernadora del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia (Caldono-Cauca), Sandra Liliana Peña Chocue, el 20 de abril del año 2021 por el ejercicio denominado Minga Hacia Adentro, que consiste en eliminar del territori  prácticas que para las comunidades indígenas generan desarmonía y desequilibrio como los cultivos de uso ilícito. El día 22 de abril las 127 autoridades asociadas al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mandataron que una comisión debía avanzar al municipio de Caldono en el norte del departamento para continuar con la Minga Hacia Adentro y fuerin recibidos por un ataque armado. Esta acción dejó como saldo más de 30 heridos.

Aunque algunas sean muy particulares, todas estas demandas del pueblo colombiano se relacionan entre sí y han llevado al país a la crisis que hoy los tiene en las calles exigiendo respuestas del Gobierno Nacional que permitan una salida a la misma. 

El 28 de abril de este año los distintos sectores y organizaciones sociales se dieron cita en veredas, pueblos y ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La bandera de esta movilización era inicialmente el retiro de la Reforma Tributaria, anunciada por el presidente Duque el domingo 2 de mayo - después de cuatro días de manifestaciones-, pero solo fue oficializado hasta el martes 4 de mayo por el viceministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Londoño, quien tras la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla el día 3 de mayo, fungía como Ministro Encargado; mientras se posesionaba el actual ministro, José Manuel Restrepo. 

Cabe resaltar que, aunque el Gobierno Nacional haya anunciado el retiro de la Reforma Tributaria desde el 4 de mayo, lo cierto es que la ciudadanía se mantiene en las calles exigiendo soluciones al resto de las problemáticas y el Paro Nacional se ha ido fortaleciendo debido a que muchos sectores sociales se están adhiriendo a los espacios de protesta en varios lugares del país. Se suman a esas exigencias el cese de la violencia policial. 



¿Qué ha pasado en estos 20 días de manifestación social? 


Las personas han salido masivamente a las calles y se han mantenido en ellas pese a los toques de queda y la brutalidad policial. Ha habido marchas, plantones, velatones, cacerolazos, tomas culturales, bloqueos totales/parciales de vías principales y cierre en el Puerto de Buenaventura. 

El pueblo Misak del Cauca tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali. Es un juicio político que le hacen por el exterminio al que sometió al pueblo indígena y mediante esta acción buscan reescribir la historia y que quienes la vivieron tengan participación en ella. Otra acción del mismo tipo se vivió el 4 de mayo en la ciudad de Popayán (Cauca), donde manifestantes tumbaron la estatua de Julio Arboleda “esclavista y negrero”. 

En el marco de las manifestaciones personas han quemado peajes en protesta por los altos valores que se cobran y el mal estado de las vías; también han quemado Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía como acto de repudio a la brutalidad policial. 

El Paro Nacional es diverso y en él convergen estudiantes, profesores, trabajadores, conductores, comunidad LGBTIQ+ y desempleados. Sectores como los campesinos, afros e indígenas han llegado con sus respectivas guardias desde el campo a las ciudades principales con el fin de fortalecer el Paro y construir desde la diversidad un país donde todos y todas tengan garantías para el buen vivir (Sumak Kawsay) o vivir sabroso, en términos de dignidad humana y armonía con el entorno. 

El sábado 1° de mayo el presidente Iván Duque Márquez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ordenó la “asistencia militar” en las ciudades, lo cual agravó la situación de vulneración a DD.HH. 

De acuerdo a TEMBLORES ONG e INDEPAZ, entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se denunciaron más de 500 personas desaparecidas después de haber sido detenidas en medio de las protestas. Los casos de violencia policial son 2.110, distribuidos así:362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 1055 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas a las protestas, 30 agresiones oculares, 16 casos de violencia sexual y 3 de violencia basada en el género. 

A los casos de violencia sexual debe sumarse el de la menor A.M, hechos que ocurrieron en la noche del 12 de mayo en la ciudad de Popayán. A.M fue detenida arbitrariamente por cuatro miembros del ESMAD y posteriormente puesta en libertad. La joven denunció en su cuenta de Facebook la violencia a la que fue sometida y al día siguiente fue encontrada sin signos vitales en su domicilio. Dicen que decidió suicidarse. Hubo múltiples manifestaciones en repudio a los violentos que perciben el cuerpo de la mujer como territorio o campo de batalla.

En medio de este drama humanitario, no hay garantías para la libertad de prensa, la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y las brigadas de salud. 

A todo esto, los partidos de Copa Libertadores entre Junior y River Plate y América de Cali y Mineiro en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla se jugaron en medio de confrontaciones y tuvieron que ser suspendidos en varias ocasiones por cuenta de las afectaciones de los gases lacrimógenos.  

La historia se repite. En 1.985 el presidente Belisario Betancur, le ordenó a su ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín que transmitiera por los canales nacionales el partido entre el Millonarios y la Unión Magdalena mientras afuera del estadio El Campin, al menos 98 personas eran asesinadas en la Toma del Palacio de Justicia. El gobierno pretende repetir la estrategia de entretenimiento a fin de censurar la realidad del país, pero lo evidente no puede ser tapado con un partido de futbol. en Colombia nos están matando. 

¡Que cese la horrible noche! 

La horrible noche no ha cesado, el Himno Nacional miente. 

El 4 de mayo fue para todos quizás uno de los días más tensos, pues en Cali, Bogotá, Popayán, Tunja, Manizales y otras ciudades, con la llegada de la noche también llegó el horror, algo que se volvió sistemático. La vulneración a los Derechos Humanos por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia tomó nuevamente las calles, pero ahora con unas agravantes más; las personas denunciaban que los habían dejado sin señal de celular, no era posible transmitir en vivo en plataformas como Facebook, muchas páginas fueron censuradas, los videos que se publicaban fueron borrados con posterioridad, civiles armados atacando a los manifestantes, agentes estatales vestidos de civil (infiltrados) y helicópteros lanzaban gases desde el aire. 

Preocupante que en un país sumido en las desigualdades sociales se remplace el dialogo con la violencia y que además se gasten cantidad de recursos en el ejercicio de la represión a la protesta social, cuando dichos recursos deberían destinarse a la inversión social en pro del bienestar de quienes por años se les ha negado condiciones materiales mínimas para su existencia. 

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los hechos que se están presentando en Colombia en el marco del Paro Nacional y los alertamos de posibles vulneraciones a los Derechos Humanos en los próximos espacios de movilización. 


*Aristides Obando Cabezas es Director Grupo de investigación en Ética, Filosofía política y jurídica. Universidad del Cauca. Colombia.
** Carol R Hinestroza es Estudiante miembro del Semillero de investigación en Ética, Filosofía política y jurídica. Universidad del Cauca. Colombia

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