Encomendadas a Dios

A un año del pedido de la ONU para proteger del COVID a las personas privadas de su libertad, la Corte derrumbó definitivamente el "fallo Violini" y el drama humanitario en las cárceles bonaerenses preocupa cada vez más: falta información sobre contagios, casi no hay hisopados y la sobrepoblación rércord llega al 114 por ciento.   





Por Ana Aliberti
Fotos Matías Adhemar
3/5/2021

S. se siente cansada, le duelen las caderas, le pesan los músculos de las piernas. El 21 de abril dio positivo de covid en la Unidad Penitenciaria 33 de mujeres con hijos donde transita una condena de 13 años. 

Los síntomas comenzaron la semana anterior: “Empecé con dolor de cuerpo y me di cuenta de que muchas chicas ya tenían síntomas”, le cuenta a Perycia. Azucena Racosta, militante por los derechos de personas privadas de libertad dice que la situación es incluso más dramática que el año anterior. “Estamos hablando de nuevas cepas, de gente que queda sin asistencia en hospitales por falta de capacidad y de respiradores, estamos hablando de que ahora afecta a niños y a jóvenes, y por parte del Estado no están anunciando ninguna medida respecto de algún tipo de prevención en contextos de encierro. El Estado está en flagrancia permanente”.

“Yo estaba descompuesta y la encargada se acercó y me preguntó qué me pasaba, le dije que me sentía mal porque estaba triste”. S. creyó que lo que sentía era el encierro, que era otra cosa, nunca pensó que podía ser Covid. Hace más de una semana que se levanta de la cama sólo para lo necesario, se hace un té, lava alguna ropa y vuelve a la acostarse.“ Tengo que limpiar, pero necesito un cuerpo nuevo”, dice. 




Racosta, que además es docente universitaria y secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata, sostiene que las personas privadas de libertad podrían estar en sus casas. Es que según el último informe 2020 de la de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre el estado de situación de las cárceles del país, la población carcelaria “procesada” -que espera el juicio- corresponde al 51 %, es decir, que más de la mitad no tiene condena firme: es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Muchísimas de ellas, sino la mayoría están bajo prisión preventiva, y aquellas que tienen condenas cortas están ocupando una plaza en un momento del país y del mundo que hace que la gravedad en una cárcel sea extrema”, agrega Racosta. 

Así lo afirma también la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la carta que envió el 19 de abril al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Dr. Luis Esteban Genoud, en la que pide que se tomen medidas urgentes. “Los índices sostenidos de prisionización llegarán a su pico histórico en pocas semanas, más posiblemente antes del invierno - revela el informe-. Es indispensable descomprimir un sistema con enorme cantidad de personas detenidas que padecen factores de comorbilidad o con penas bajas por delitos menores o bien mujeres con sus hijos en prisión o que cumplen con los recaudos exigidos por la ley para el acceso a morigeraciones”. 

El organismo presidido por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel ya había denunciado que faltan hisopados para la población carcelaria: según cifras del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), son testeadas sólo 9 personas cada mil. 

El documento, elevado además a los ministros de Justicia y Salud de la Provincia, pide que la población carcelaria sea vacunada. También aclara que desde la creación de la mesa inter-institucional en diciembre de 2019, integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, los integrantes de la Suprema Corte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y miembros de otras organizaciones para resolver la situación de las cárceles bonaerenses, se notó un leve avance en la mejora de las cifras de hacinamiento. Pero vino la pandemia, y con ella la necesidad de tomar medidas urgentes: sin contar las comisarías, hay un total de 44.584 personas en prisión, con 20.804 plazas. La sobrepoblación es de 114%. 





A mediados de abril de 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense, con la firma de su presidente interino, Victor Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo y otorgó la prisión domiciliaria a detenidos ‘de riesgo’ por delitos leves en cárceles bonaerenses, además de ordenar que sean los jueces de instancias inferiores los que resolvieran qué hacer con detenidos por delitos graves. La resolución de Violini -conocida mediáticamente como "fallo Violini"- estaba alineada a lo que sucedía en ese momento en el mundo: pocos días después, en mayo de 2020, Michelle Bachelete, en calidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas en prisión o recluidas en otras instalaciones. También la Organización Mundial de la Salud reclamó proteger a la población carcelaria y buscar medidas de alivio al hacinamiento, un drama repetido en varios países del mundo.  

Los medios de comunicación corporativos encendieron la mecha con titulares como “Al menos 57 violadores dejaron las cárceles bonaerenses”. En mayo hubo cacerolazos, pedidos de juicio político contra Violini y hasta se juntaron firmas en la plataforma Change.org. El resultado fue que la Suprema Corte de la Provincia suspendiera las domiciliarias - una sentencia que acaba de confirmar la Corte Suprema de la Nación -, lo que hizo que la mesa inter-institucional no se convoque más y así se vaya disolviendo el diálogo. 

El año pasado, los penales fueron una olla a presión, con levantamientos y protestas en varias unidades. Para frenar los brotes se suspendieron las visitas, en muchos casos por medida de prevención de las propias personas privadas de la libertad. 

La visita es más que el contacto con los afectos, es lo que asegura la supervivencia de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, a S. sus amigas le están “depositando” todas las semanas el paracetamol que le indicaron para aliviar los dolores, además de la medicación que comenzó a tomar para controlar que el cuadro no se convierta en neumonía. “Mi familia siempre estuvo, pero somos de Moreno, y ahora con todo esto yo no quiero que se vengan hasta acá”, cuenta por WhatsApp. “Los insumos que se dan son pocos, la comida en el rancho no es muy buena, y vamos tirando con lo que tenemos, con lo que cada una tiene. El otro día una amiga me mandó unas galletitas y una lavandina, porque el cloro acá está tan rebajado que es agua”. 

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“Hoy me desperté y habré comido tres galletitas, cuando yo soy de comer mucho”, dice S. 

Está sin apetito, y cuando intentó comer algo más consistente, vomitó. “Mis otras compañeras están igual que yo. Pero hay que seguir con la ayuda de Dios, siempre pidiéndole a él que nos fortalezca en todo”. S. es evangélica y junto con mujeres de otros pabellones integra una “célula”, un grupo de oración donde cada día se reúnen de manera virtual a leer la biblia, a meditar y acompañarse en sus experiencias. “Siempre se comparte algo y eso nos ayuda, pedimos mucho por el lugar donde vivimos, porque acá nos rodean niños, y es complicado vivir con este virus”.

S. tiene 31 y lleva casi siete años en la 33, donde además trabaja de recolectora de residuos y está comenzando sus estudios secundarios. “Ahora estoy intentando retomar la tarea que enviaron del colegio”. Terminó la primaria en el encierro, y en 2020 se anotó para comenzar el secundario pero le fue imposible sostener la conectividad con la pantalla rota del celular y sin internet de red.

“Se está jugando también con que hasta ahora hubo un alto índice de contagios, pero cerrando el candado de un pabellón fue pasando, porque los síntomas no eran graves y no necesitaban respiradores”, dice Azucena. Como lo aclara también el documento de la CPM, la población carcelaria tiene en promedio 33 años, sólo el 3 % es mayor a 60. Sin embargo, la vieja cepa fue más letal en el SPB que en otros ámbitos: 9 de cada cien personas infectadas fallecieron, mientras que en el país la tasa es del 2,5 % hasta el momento.

¿Cuántas personas privadas de la libertad tienen Covid positivo en la actualidad? ¿Cuántas fallecieron desde el inicio de la pandemia? ¿Cuál es la gravedad real de la segunda ola en los lugares de encierro? Perycia intentó obtener información oficiales pero no tuvo éxito. En su documento, la CPM también dio cuenta de la falta de datos precisos y solo subrayó que hasta el 12 de marzo de este año, en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se hicieron 345 hisopados, en una población total que supera las 44.000 personas.

“No podemos esperar tanto, no podemos esperar a que las cosas nos pasen. Las personas privadas de libertad están siendo rehenes de una guerra entre el Poder Judicial y el gobierno de la provincia. Si sabemos que el Poder Judicial está tomado por sectores facciosos que no cumplen con lo que dicta la ley, el Gobierno ante esta emergencia tiene que tomar otras medidas. Es una violación a los derechos humanos constante”.

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