Cuando el Estado criminaliza, terceriza y asesina

El día que tres sobrevivientes de la droga envenenada en Puerta 8 salieron del hospital y volvieron a consumir la misma cocaína adulterada, los memes y las burlas fueron otra vez deporte nacional. ¿Nos reiríamos lo mismo de saber que un adolescente se corta las muñecas para “bajar” el efecto de la cocaína? ¿O que ruega caer preso para que el encierro le impida consumir? Omar Cigarán: 9 años de impunidad y una política de drogas que no cambia.



Por Mariana Sidoti, Lic. en Comunicación Social, diplomada en Bioética, integrante de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos. Autora de Omár Cigarán: vivir sin justicia (Mascaró 2018) 

Fotos Matías Adhemar 

14.2.2022 

***

Mayo de 2010. Tirado contra el paredón del Gutiérrez, en la esquina de su propia casa, Omar se desangra. Sus papás están trabajando, ahora más que nunca porque Mateo, su hermanito, acaba de nacer. Carlos se le aparece como una imagen difusa, lejana, como el recuerdo de una vida anterior. Es la primera vez que el operador ve a un pibe con las muñecas cortadas; apenas si logra entender el motivo. 

—Necesito estar guardado, tengo que estar en un penal. 

—No Omar, ¿qué estás haciendo? es una locura, escuchame, no pasa por ahí…Carlos intenta levantarlo pero Omar está en peso muerto. 

—Mirá al Pimienta. Él mató y ahora está preso, tranquilo, y ya no se puede drogar. Quiero ir a un penal. 

 —Bueno Omar, tranquilizate… 

—Quiero ir a un penal, a un penal quiero ir. Carlos, tengo que matar a alguien así me internan en algún lugar. 

(Vivir sin justicia, Mascaró, 2018 )


*** 

Conocí de costado la historia de Omar Cigaran. Así solemos conocer lxs periodistas la mayoría de nuestras historias. Supe de su personalidad a través de la de otrxs, construí sus palabras sirviéndome de testimonios y conté sobre su adicción a la cocaína con la información que había disponible. Su familia, que había confiado en internaciones compulsivas y tratamientos psiquiátricos ambulatorios, estaba convencida de que la única alternativa para Omar (que no implicara su muerte) era terminar preso. En la cárcel, se supone, las drogas no pasan. El tiempo les demostraría lo contrario. 

Omar fue uno de los tantos jóvenes humildes de nuestro país cuya niñez y adolescencia quedó marcada por el temprano uso y abuso de sustancias, especialmente la cocaína. Pero no nos confundamos: antes de eso estuvieron el tabaco, la marihuana (prohibida al igual que la cocaína) y pegamentos con tolueno, una sustancia altamente tóxica que se vende en cualquier ferretería y que aún hoy podemos ver, en el centro de La Plata, en manos de algún joven en situación de calle. El pegamento ayuda a no sentir el frío y brinda saciedad frente al hambre. Los efectos concretos de cada sustancia ayudan a pensar, en términos sociales, qué tipo de búsqueda es la que encara cada usuarix. 

En el caso de niñxs y jóvenes con casi todos sus derechos vulnerados, el recurso es casi esperable, más aún teniendo a disposición en el mercado ilegal y fácilmente adquiribles todo tipo de sustancias sobre cuya composición se habla poco y nada. Sería interesante saber si la cocaína que consumen lxs jóvenes en la periferia platense o en el conurbano es realmente clorhidrato de cocaína. Una inquietud que ningún Estado ni gobierno se animó a encarar en Argentina. 

Las 24 muertes a raíz de una grave intoxicación por carfentanilo, en dosis que se vendían en Puerta 8, Tres de Febrero, logró al fin poner sobre la mesa este asunto. Increíblemente ninguna de las víctimas era menor de edad, pero bien podrían haberlo sido. Los memes, los chistes, las burlas, un deporte nacional: desde Chano Carpentier para acá, la sociedad ha recorrido un amplio camino en el deporte de burlarse de las adicciones de lxs demás. Sin ir más lejos, el chiste mayor fueron las tres personas que, aún después de haber sido internadas, salieron y volvieron a consumir la droga adulterada. ¿Nos reiríamos lo mismo de saber que años atrás, un adolescente como Omar se cortó las muñecas para “bajar” el efecto de la cocaína? ¿O que rogaba caer preso para evitar consumir a toda costa? 

Socialmente, el abordaje de las adicciones y el consumo problemático de sustancias viene alimentándose de tantos tabúes que redunda en punitivismo, criminalización, chistes o lisa y llanamente espanto. Hay pocas alternativas fuera de eso y las que se plantean parecen salidas de un mundo utópico: testear las drogas, legalizarlas, controlarlas para que el mercado ilegal no las capte. Medidas que horrorizan y se desechan al instante porque “la droga” suele ser un concepto casi calcado al de “adicción a la droga” y por ende cualquier tipo de control sobre las sustancias devendría en una “drogadicción avalada”. Y no: cualquier similitud con los argumentos anti aborto no es pura casualidad. 

¿Y qué pasa con las instituciones que reciben a las personas que, efectivamente, presentan un cuadro de consumo problemático o adicción a una determinada sustancia? Como señala Mariano Fusero, abogado especialista en política de drogas, la tercerización de los servicios “sin un efectivo contralor institucional” implica que la mayoría de los tratamientos a los que se tiene acceso “pueden sostener indistintamente el abstencionismo como tratamiento inhumano, la internación compulsiva como castigo expiatorio, el aprovechamiento de sus asistidos/as como mano de obra precarizada en emprendimientos comerciales, la renuncia de los consumos mediante el rezo y entrega personal a divinidades y supersticiones, apremios ilegales de los más variados, etcétera”. 

El desentendimiento del Estado de esta cuestión y la delegación de “pacientes” a estructuras privadas/religiosas cuyos tratamientos están lejos de ser validados a nivel científico regional e internacional, son también parte del problema. La ley IACOP (Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos) fue aprobada en 2014 por el Congreso y aún hoy sigue sin reglamentarse. La ley de Salud Mental, de la que se reniega ante cada evento mediático e intervención fallida, también está lejos de aplicarse de forma integral. Y aún si así fuera, la persistente criminalización de lxs consumidorxs y la tercerización de los tratamientos seguirían siendo una traba para el acceso a la salud pública por parte de lxs usuarixs. 

Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán.



Volvamos a Omar. A sus 17 años fue asesinado por un policía de la Bonaerense mientras intentaba cometer un robo; ya con un nivel de adicción a la cocaína que no buscaba tratar ni menguar. Pero sí tenía un frondoso prontuario de intentos: tratamientos psiquiátricos ambulatorios de programas estatales, centros cerrados abstencionistas —de alguno que otro había escapado, como tantxs pibxs más—, y comunidades terapéuticas más o menos religiosas; más o menos castiguistas. El único tramo de su adolescencia en el que dejó de consumir cocaína fueron los meses que pasó en un hogar de menores de modalidad semiabierta. Después del egreso —que su familia marcó como abrupto— Omar volvió a Barrio Hipódromo y al contexto precario en el que venía consumiendo: desde el corte de la sustancia para abaratamiento hasta las detenciones sistemáticas por consumo (una constante en los barrios populares). 

Y es que si bien el uso temprano de drogas no es patrimonio de ninguna clase social, sí lo es la calidad de la sustancia a la que se accede (la cocaína suele consumirse en todos los estratos sociales; no así su pasta base, el “paco”). El derrotero de (sobre)intervenciones e intervenciones fragmentadas, en el caso de Omar, culminó con un retorno al mercado ilegal que volvía a ponerlo —a él y a todxs lxs consumidorxs— en situaciones de eterna conflictividad con la ley penal. Como intenté mostrar en mi libro Vivir sin justicia, en el barrio ya lo daban por “arruinado” cuando el oficial de policía lo ultimó de un balazo en el pecho. A la vez que la comisaría de jurisdicción prometía luchar contra la inseguridad y los robos, los “tranzas” más fichados por todxs seguían actuando sin pena ni apercibimientos. 

Pasaron ya nueve (9) años del homicidio de Omar y la política de drogas, sin negar los avances respecto del cannabis medicinal, permanece prácticamente igual: en punto muerto. Que un adolescente de 17 años llegue al extremo de cortarse o querer cometer un delito grave para ser aislado por completo ante la necesidad de no consumir, muestra no solo que las intervenciones previas fallaron, sino que las alternativas no abstencionistas (y que propicien otros métodos, como la información sobre la sustancia y sus efectos, o tratamientos que le escapen al “premio y castigo”) están lejos de ser siquiera debatidas a nivel social. ¿Qué otro evento fatal se necesita para que la discusión sobre una política de drogas realista, y respetuosa de los derechos humanos, se ponga sobre la mesa? La historia reciente muestra ya sobrados ejemplos de que es hora de hacerlo.


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