Lo afirmó el escritor y periodista Pedro Solans, sobre el final de la tercera audiencia del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. Fue el primero en entrevistar a la sobreviviente Melitona Enrique, lo que plasmó en su libro Crímenes en sangre. Su testimonio —sumado al de docentes e investigadorxs— permitió reconstruir los discursos sociales, mediáticos e institucionales que legitimaron la matanza de los indígenas que reclamaban mejores condiciones de trabajo en la Reducción Napalpí.
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Foto: P.C.
Por Brian Pellegrini (Cobertura conjunta con Revista Litigio)
Foto portada: Pablo Caprarulo / Foto interior: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco
28.4.2022
“La
masacre fue avalada por toda la sociedad chaqueña de ese momento”. La frase del
escritor y periodista Pedro Solans fue una de las últimas que se oyeron en la
tercera audiencia del juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí realizada
este miércoles en la ciudad de Resistencia. Solans, nacido en la ciudad
chaqueña de Quitilipi, pero radicado desde hace varios años en Villa Carlos
Paz, declaró a través de la plataforma Zoom y contó sobre la investigación que
llevó adelante para la publicación de su libro Crímenes en sangre, donde por
primera vez se registró el testimonio de una de las sobrevivientes de la masacre
de Napalpí: Melitona Enrique. “Hasta Melitona no había un rostro humano sobre
la masacre”, destacó.
Para
el periodista, “la masacre de Napalpí fue un símbolo de poder sangriento,
avasallante, de represalia y represión y también ejemplificador de cualquier
revuelta que pueda suceder posteriormente”.
“La
autoridad que ordenó la matanza, el interventor del Territorio nacional,
Fernando Centeno, fue un hombre que solamente hizo lo que le estaban pidiendo
los productores de algodón. Los reclamos constantes que también generaron un
escenario para que se produzca la masacre”, afirmó. En ese sentido, advirtió que
“el Estado representaba a toda esa sociedad que pedía a gritos que se ordene,
se discipline, a los peones rurales del Chaco. Esa gente también tuvo un
rostro, no solamente los nombres que han surgido en este juicio: José Alonso,
Luis Carrió, sino fue la sociedad entera”.
Solans
reveló una historia familiar que contribuye a dar cuenta del contexto de
estigmatización y demonización contra los pueblos indígenas que se vivía en el
momento de la Masacre. Refirió que su abuelo, gerente de la desmotadora Asselle
en la ciudad de Quitilipi, le comentó que recibió armamento provisto por el
Ejército “para defender” a Quitilipi y a Machagai de los “malones que venían de
Napalpí”. También narró que su abuelo le entregó uno de los rifles Winchester
que se destinaron para combatir a los indígenas y lo puso a disposición del
tribunal del Juicio por la Verdad, que conduce la jueza federal Zunilda
Niremperger.
“Quitilipi
y Machagai fueron sociedades protagonistas de la masacre, colectivamente, y
toda la sociedad del Chaco estuvo de acuerdo con ganarle territorio a los
aborígenes y disciplinarlos para que trabajen. Aún hoy tenemos en la mayoría de
nuestros comprovincianos la idea de que el aborigen sigue siendo un problema”,
sostuvo.
“Ese imaginario fue creado por nuestra cultura y también por los medios de comunicación de aquel momento y de este momento”, reflexionó Solans.
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| Captura de la transmisión de la audiencia 27.4.2022 |
La construcción del sentido común: los medios y la escuela
A
lo largo de esta tercera audiencia, se escucharon los valiosos aportes de
docentes e investigadores que permitieron reconstruir el “sentido común” de
aquella época y cómo a través de la educación y los medios de prensa se
legitimó el disciplinamiento de las comunidades indígenas del por entonces
Territorio Nacional, que el 19 de julio de 1924 tuvo su demostración más
sangrienta en la Reducción Napalpí.
El
primero en exponer fue el docente, escritor y actual presidente del Instituto
de Cultura del Chaco, Francisco “Tete” Romero, quién dio cuenta de la
construcción del sentido común que llevaron adelante los medios de comunicación
de la época, entre ellos el diario La Voz del Chaco, para
legitimar y naturalizar el exterminio de los pobladores indígenas y entregar
más de cinco millones de hectáreas a poco más de cien personajes ligados al
poder de la época. “El latifundio era el verdadero ganador de la guerra de
exterminio y expulsión del indio”, relató Romero, citando al historiador Ramón
de las Mercedes Tissera.
El
docente señaló que “hay que concatenar el proceso que arranca en 1884 con la
campaña del general Victorica, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca” con
lo que sucedería después del despojo de los territorios ancestrales a los
pueblos indígenas: el disciplinamiento de los indígenas para incorporarlos al
modo de producción dominante. “Una prolongada experiencia ha puesto de relieve
las aptitudes del indio de Chaco y Formosa para el trabajo en los ingenios de
azúcar, los obrajes de madera y las cosechas de algodón, construyendo así un
importante factor económico que es indispensable conservar”, citó.
Romero
recordó que lo que desencadena la protesta de los pobladores indígenas fue un
decreto del gobernador Fernando Centeno que, a pedido de los colonos y
empresarios algodoneros de la zona, prohibió que los miembros de los pueblos
Qom y Moqoit salieran de la provincia para trabajar en los ingenios del
noroeste, sobre todo en Salta y Jujuy, para conservarlos como “mano de obra
barata”.
En ese contexto, el también exministro de Educación del Chaco aseguró que “la Reducción Napalpí fue un campo de concentración” en donde quedaron suspendidos todos los derechos de los pueblos indígenas.
Al
ser consultado por el fiscal Carniel sobre si hechos como los que ocurrieron en
Napalpí se podrían repetir, la respuesta fue contundentemente afirmativa.
“Estamos en un momento histórico donde el racismo, la xenofobia, el miedo al
otro, al diferente, son como salidas de chivos expiatorios a frustraciones
sociales. Un otro o una otra son los responsables de lo que yo no puedo, y ahí
está la responsabilidad de los medios, de la educación, de los funcionarios
públicos para buscar salidas colectivas, que eviten la construcción de chivos
expiatorios porque ése es el camino de la construcción de los discursos que
luego generarán genocidios”, consideró.
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| Francisco Romero - Sec. DDHH y Géneros de Chaco |
Artieda: “La invención de los pueblos indígenas como enemigos internos”
La
docente universitaria, investigadora y especialista en historia de la
educación, Teresa Artieda, aseguró que, al menos desde finales del siglo XIX,
las políticas educativas del Estado nacional permitieron crear las condiciones
para que la masacre de Napalpí no fuera “un acto excepcional” sino una
“consecuencia esperable del proceso de invención de los pueblos indígenas como
enemigos internos”.
Artieda
contó cómo a través del estudio de más de cien textos escolares que se fueron
elaborando para las escuelas primarias “en simultáneo al proceso de invasión de
los territorios del sur y del norte”, que eran aprobados por el Consejo
Nacional de Educación, pudo encontrar “un discurso desvalorizador, peyorativo y
desembozado contra los pueblos indígenas y en particular contra el Chaco y sus
pueblos”. Paralelamente, se mostraba al Chaco “como un lugar de riquezas
naturales a ser aprovechadas por el Estado y por las explotaciones de la
región”.
“Había
una matriz de pensamiento común que consiste en pensar que se estaba frente a
los pueblos indígenas frente a enemigos en extremo temibles e implacables, que
atacaban lo más sagrado: la vida, la familia, la propiedad, la religión
católica y la patria. Este enemigo no entendía razones, las nuestras, que eran
las únicas posibles. Lo de ellos era pura irracionalidad. De manera que no
había otro camino que aniquilarnos, porque se trataba de ellos o de nosotros”.
En ese sentido, consideró que se trata de una suerte de “sentido común que fue siendo construido y en el cual la escuela primaria nacional estatal tuvo mucho que ver”, aseguró Artieda.
La
docente e investigadora de la UNNE señaló que “la Reducción Napalpí es una
institución educadora en sí misma” y que de acuerdo al pensamiento del delegado
del Ministerio del Interior a cargo de la misma, Enrique Lynch Arribálzaga, el
objetivo era “pacificar, civilizar y controlar” a la población indígena a
través de la educación para el trabajo. “Para él, el problema indígena era
sobre todo educativo”, aseguró.
“Desestructurados
sus modos de producción, caza, pesca, recolección, se vieron obligados ya en
ese tiempo a vender su fuerza de trabajo”, describió.
“No
es específicamente y solo enseñarles un oficio, supone modificar radicalmente,
dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vincularse con la
naturaleza, con la espiritualidad, su organización social en sí, y prohibir sus
idiomas”, agregó.
Por
su parte, la también docente e investigadora universitaria y coordinadora del
programa Pueblos Indígenas de la UNNE, Laura Rosso, recordó que “el proyecto de
la Reducción lo sostienen determinados grupos de funcionarios públicos que
apostaban ahora a la integración y esto significaba incorporarlos a la sociedad
nacional a través del trabajo, la tierra, la educación, y una legislación que
ya los había definido como menores necesitados de protección, cuestionando su
incorporación como mano de obra explotada en establecimientos privados”.
En
ese sentido, mencionó el proyecto de Lynch Arribálzaga que proponía “asimilar”
a los indígenas a la civilización, que los consideraba de “inteligencia
limitada” y, desde una mirada paternalista, propuso crear reducciones estatales
laicas para “sustraerlos de establecimientos privados donde consideraba que
eran explotados injustamente”.
La
docente de la UNNE explicó que “las escuelas indígenas no dependían del Consejo
Nacional de Educación sino del plan de Lynch Arribálzaga, que tenían como
primer objetivo la adquisición de un rasgo de nacionalidad, que era el
aprendizaje del castellano; se los convertiría en ciudadanos libres a través de
la educación y el trabajo”.
“El niño o la niña de la Reducción sería primordialmente educado para ser un obrero o un artesano y no para ser bachiller”, describió.
Por
otro lado, reveló que antes de la Masacre, ante la inasistencia de los niños
indígenas a la escuela, el Consejo Nacional de Educación resolvió crear dos
escuelas ambulantes, con dos años de duración y un ciclo lectivo reducido a los
meses en que los niños no trabajaban en la zafra. Se enseñaba el lenguaje
castellano y, por sobre todo, formación práctica. “Lo que se produce en ese
momento es una adecuación de la educación escolar de la infancia indígena al
sistema económico regional”, precisó. Y concluyó que hubo “un abandono de las
autoridades nacionales al proyecto y en ese abandono ganan los grupos que
estaban más interesados en que los indígenas estuvieran disponibles como mano
de obra barata en la región”.
 Teresa Artieda, docente e investigadora de la UNNE - Sec. DDHH y Géneros de Chaco |
Lo que contó la “historia oficial”
Otro
momento destacado de la tercera audiencia fue la exposición de Gabriela
Barrios, docente y ex directora del Archivo Provincial de la Memoria, quién
rastreó y recopiló toda la documentación vinculada a la que oficialmente se
denominó “Sublevación Napalpí”, y en la que los “acusados” eran los indígenas.
Barrios reveló que se halló un listado con los nombres del personal de tropa de
Gendarmería que intervino el día de la Masacre
y también la cantidad y el tipo de armas que se utilizaron. “Aparecen 35 gendarmes
con nombre completo y número de registro, el tipo de equipo que tenían y la
cantidad de tiros de guerra, el total es de 2400 tiros de guerra”, precisó.
También
se encontró un documento con un reclamo al gobierno de la provincia para que se
pague una deuda por la presencia de policías y gendarmes en la Reducción
Napalpí, que databa desde el 19 de mayo al 12 de julio de 1924.
Barrios
destacó que uno de los documentos más reveladores es un informe desde la
Gobernación del Chaco al Ministerio del Interior, fechado el 11 de junio de
1924, donde se alertaba de “una actitud un tanto enconada hacia los indios y
que por sus manifestaciones se mostraban muy distantes de evitar una masacre de
mujeres y niños como reza actualmente uno de los telegramas de referencia”. En ese mismo documento, queda registrado
cuáles eran los reclamos puntuales de los obreros indígenas. “La información de
cuál era el problema estaba claramente conocida por el Gobierno del Territorio,
y que claramente decide que no le correspondía solucionar ese tema y sí que los
sublevados depongan la actitud y vuelvan al trabajo”, describió.
Otro
de los documentos refería que para las autoridades nacionales, una “represalia”
violenta contra el reclamo hubiera sido contraproducente para los intereses
económicos de la región.
Por
su parte, el investigador en Historia de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, Alejandro Jasinski, expuso una cronología sobre cómo la masacre de
Napalpí fue un hecho que las autoridades de los tres poderes del Estado se
encargaron de negar, impidiendo escuchar las voces de las víctimas. “Lo que
vemos es en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo de la
Gobernación y del Congreso de la Nación es prohibir el desarrollo de una
comisión investigadora que en principio simplemente iba a recibir el testimonio
de las personas que estaban dispuestas a declarar respecto a estos hechos”,
explicó.
“Los
jueces no se hacen presentes, tampoco el fiscal, que tenían la misión de
resguardar el debido proceso. El expediente tiene instrucciones para los
empleados judiciales sobre el reglamento para llevar la causa, y el ítem b) es
hacer declarar a los imputados que considera la causa, que como era
“Sublevación indígena” podían haber convocado a los indígenas detenidos, y
tampoco cumplen con esa parte”, describió.
También
los documentos exhibidos dan cuenta del pedido de comerciantes de la zona de
Quitilipi a las autoridades de reprimir la protesta en la Reducción Napalpí y
que en caso de no hacerlo se envíen armas para que los propios empresarios de
la zona lo hagan.
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| Alejandro Jasinski - Sec. DDHH y Géneros de Chaco |
El testimonio de Felipa
Para
el final, quedó el testimonio en formato audiovisual de Felipa Lelicori, hija
de Enrique Lalecori, sobreviviente moqoit de la Masacre. El relato de la
anciana fue traducido en simultáneo por su hijo, ya que ella sólo habla la
lengua moqoit. Según reveló en la entrevista ante los fiscales Carniel y Vigay,
su padre logró escapar antes de que se concrete la matanza. Fue en el momento
en que se repartieron golosinas en que su padre sintió temor y se escapó para
refugiarse en el monte. En ese sentido,
afirmó que su padre “tuvo mucho temor y miedo y nunca quiso saber si fueron
policías o criollos los que hicieron”.
La próxima audiencia, en Machagai
La
cuarta audiencia tendrá lugar el próximo martes 3 de mayo, desde las 8:30 hasta
las 13. Posteriormente, habrá un receso y se reanudará a partir de las 15:30,
teniendo en cuenta la cantidad de testimonios previstos. Será en la Casa de las
Culturas de la ciudad de Machagai, cercano al lugar donde se ejecutó la masacre.