Fumigaciones que envenenan: la denuncia de Sabrina Ortiz

Ella y su familia tienen altos niveles de agrotóxicos en sangre. Después de una fumigación frente a su casa en Pergamino, perdió un embarazo de cinco meses. Ante la falta de respuestas del Estado, decidió estudiar derecho. Hizo la denuncia y otrxs vecinxs se sumaron. Consiguieron que la Justicia prohibiera el uso de agroquímicos a menos de 1.095 metros del ejido urbano y de 3.000 para las aplicaciones aéreas. Encontrá los detalles del trámite judicial en "La causa que resguarda el futuro".


Por Manuel Tejo
Foto portada: Cristian Pereyra
Foto interior: Matías Adhemar, archivo
5.5.2022

“Pensé en irme de Pergamino. A veces le cambio la pe por la ve. Pero no me voy a ir todavía porque hay que terminar lo que se empezó”, dice Sabrina Ortiz. 

Está sentada detrás de un escritorio de melamina en su estudio jurídico de la zona céntrica de la ciudad del norte bonaerense. 

Sabrina es la impulsora de una serie de denuncias que desencadenaron en mayores restricciones de distancias para las fumigaciones a nivel local, en el reparto de agua envasada del Municipio a cuatro barrios y en el procesamiento de productores rurales y funcionarios. 

Antes, fue envenenada.   

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En 2011 Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Estaba en su casa y sintió un olor que le pareció insoportable. Habían fumigado en el campo de enfrente. Se brotó. Sintió quemazón en las fosas nasales, en la boca y en la garganta. Tuvo náuseas, mareos y contracciones. Lo perdió.  

Sabrina ya venía alertando sobre la aplicación de agroquímicos de manera irregular y los efectos que sufría su familia. Tras la pérdida de ese embarazo realizó una denuncia en una unidad fiscal provincial de Pergamino y buscó apoyo en el Municipio. 

Luego vino el desánimo de no sentirse escuchada ni por la Justicia ni por el poder político. “Me quedaba esperando dos horas en un lugar y se iban por la puerta de atrás”, dice. Hubo días en que no quiso levantarse de la cama. Sintió que a nadie le importaba lo que le pasaba. 



Una noche no pudo dormir. Pensó: “Si no lo hago yo por mis hijos, no lo va a hacer nadie”. A la mañana siguiente tenía una certeza: iba a estudiar derecho. 

Otra noche, llovía torrencialmente y otra vez el olor a veneno invadió su casa. Su hijo tenía los ojos rojos y la lengua inflamada. Para ese entonces, una médica ya le había dicho que se fuera “de la línea de fuego”. Entonces, con su pareja de ese momento tomaron otra decisión: cargaron todo lo que pudieron en una camioneta y huyeron.

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“Cuando estoy muy cansada se me caen las cosas, se me traban las palabras. No me salen. O me tiembla la cabeza. Otras veces es en las piernas. O me despierto y se me pone ciego un ojo”, dice ahora Sabrina sentada detrás de su escritorio.

Habla pausado. Y sigue: 

“Yo tuve dos ACV. Mi hija hacía quistes en los huesos y mi hijo desarrollaba ganglios en cadena dentro de los intestinos y alrededor de la aorta”.

Lxs tres tienen altos niveles de agrotóxicos en sangre y deben llevar un riguroso control de su salud. Sus cuerpos son la contracara de las empresas del agro, la espalda de los campos verdes.

Un estudio corroboró que en distintas zonas de la ciudad el agua estaba contaminada con agrotóxicos.

En 2018, ya como abogada, Sabrina impulsó una denuncia en la Justicia Federal por las fumigaciones que sufría su familia por parte del productor agropecuario Mario Roces, dueño del campo que quedaba frente a su casa. 

La presentación se fue ampliando con los testimonios de otros afectadxs en Pergamino y un estudio corroboró que en distintas zonas de la ciudad el agua estaba contaminada con agrotóxicos



En su declaración de fines de 2018, la vecina Florencia Morales, quien entre 2011 y 2016 vivió en una quinta cercana a la ruta 188 y delante de un campo en el que se fumigaba, manifestó que ella comenzó con problemas respiratorios y un tumor agresivo en una mama y su hija con erupciones en la piel y forúnculos.

“Yo tuve dos ACV. Mi hija hacía quistes en los huesos y mi hijo desarrollaba ganglios en cadena dentro de los intestinos y alrededor de la aorta”, dice Sabrina. Sus cuerpos son la contracara de las empresas del agro, la espalda de los campos verdes.

Asimismo, en mayo de 2019, Alejandra Bianco, una docente del barrio Santa Julia, contó que realizó un relevamiento entre vecinxs y detectó que cincuenta y seis personas sufrían distintos problemas de salud como cánceres, artritis reumatoideas, leucemias y linfomas. En su familia se contabilizaron también varias enfermedades graves: su esposo falleció tras sufrir un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, que al momento de su declaración estaba siendo tratado; uno de sus hijos tiene púrpura trombocitopenica idiopática (una enfermedad autoinmune que produce sangrado en la piel y hematomas) y el otro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un cáncer de tiroides. En su testimonio, Bianco también detalló que por entonces ella tenía un alto nivel de anemia y fibromas y miomas en el útero.

En 2019, la Justicia, a través de una medida cautelar, limitó las fumigaciones en zonas cercanas a la planta urbana y le ordenó al Municipio que provea de bidones de agua a cuatro barrios. Además, la causa derivó en los procesamientos de productores y funcionarios. 

Cercados por el agronegocio 

Es una tarde de noviembre de 2021. Sabrina está arriba de un auto que avanza lentamente. El barrio Villa Alicia, en la periferia de la ciudad, parece tranquilo esta tarde. Mira a los costados: a la derecha está su excasa en la que ahora vive su hermana y a la izquierda, cruzando la calle de tierra, el campo de Roces.

En algunas partes, el predio rural tiene una línea de árboles sobre el perímetro. La tierra está removida, pero no hay siembra. Sabrina prefiere no bajar en la cuadra de su excasa, en este barrio en el que también viven su mamá y su papá. Cuenta que vuelve poco, que (tras empezar con las denuncias) sufrió varios hechos violentos.


“El productor que hoy está procesado me tiroteó la casa. Me mató un perro”, dice en referencia a Roces.

También habla de María Fernanda Roces, la hija de su exvecino, quien el año pasado fue procesada por otro hecho violento. “Entró a la casa de mi mamá y le dijo que me iban a matar, que me iban a prender fuego la casa, que me dejara de joder. Estaba armada”. 

“El productor que hoy está procesado me tiroteó la casa. Me mató un perro”, cuenta la mujer que estudió abogacía para denunciar que estaban siendo envenenados.

El auto se aleja. En otra zona de la ciudad, Sabrina señala un predio en donde se está haciendo un country. Atrás se ven lomadas sembradas con soja. En las parcelas de lo que será el barrio cerrado están las casillas para las conexiones de luz. A Sabrina le suenan a lápidas. “Parece un cementerio”, dice.   

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El distrito de Pergamino cuenta con unos 110.000 habitantes distribuidos entre la ciudad homónima (cabecera de partido) y otras doce localidades. Sus campos verdes y fértiles se extienden con suaves ondulaciones. Tiene una superficie de 299.178 hectáreas. De ese total, alrededor del 80% son ocupadas por cultivos, según detalla un informe del perfil productivo local que emitió el Municipio a mediados de 2019. 

La principal actividad económica de Pergamino es la agricultura y alrededor de ella se desarrollan otras como la producción de semillas. En el partido hay varias firmas nacionales e internacionales del sector agropecuario. Entre ellas, el documento municipal menciona a Monsanto, Cargill, Pioneer, PGG Wrightson, Gentos, Sursem, Ayerza, Biscayart, Produsem y KWS


Sabrina señala que son “más de setenta las empresas que lucran con el agronegocio” y que hay fuertes relaciones de las mismas con el sector político, los medios de comunicación y también con la sociedad civil. “Todos tienen algún vínculo o algún familiar que trabaja en relación al agronegocio. Tenemos una cultura incorporada que es muy enceguecedora. Trabajar en Monsanto es para muchos un orgullo”, dice.

Y denuncia: “Monsanto está en el hospital de Pergamino, está en el club, dona los kits escolares a las escuelas rurales cuando los fumiga alrededor. Es una forma muy estratégica para incorporarse con una buena imagen tapando todo lo que está pasando alrededor”.

“Todos tienen algún vínculo o algún familiar que trabaja en relación al agronegocio. Tenemos una cultura incorporada que es muy enceguecedora. Trabajar en Monsanto es para muchos un orgullo”, lamenta Sabrina.

El pasado 12 de marzo, la Fundación Leandra Barros realizó la 10° media maratón de Pergamino para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a las personas que padecen enfermedades oncológicas y a sus familias. Entre las empresas auspiciantes estuvieron las multinacionales Rizobacter (de inoculantes, terápicos de semillas, coadyuvantes y fertilizantes) y Barenbrug (que desarrolla y provee semillas forrajeras, inoculantes y herbicidas).

“De alguna manera, estamos cercados”, dice. 

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Es una mañana de sol. El arroyo Pergamino cruza la ciudad. La costanera es verde y arbolada. El pasto está corto y es interrumpido por un sendero de cemento en el que caminan varias personas con ropa deportiva.

De algunos árboles solo quedan troncos cortados por la mitad. Uno tiene pegado un anuncio que dice: “Paren de talar”. A la orilla del arroyo, el agua se ve estancada y aceitosa. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado en 2017 también detectó 17 plaguicidas en los peces de este espejo. 

En una parte de la ribera hay máquinas para hacer ejercicio. “Tu salud es nuestro compromiso. Partido de Pergamino”, asegura un cartel.

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