Vaciamiento de IOMA: Rodríguez Larreta perdió una batalla

Una votación desfavorable del Directorio de la obra social le impidió al Presidente Pablo Hernán Di Liscia desviar, al amparo de un convenio, 264 millones de pesos a la Ciudad de Buenos Aires. Antes de la retirada de María Eugenia Vidal del gobierno de la provincia, la administración de IOMA persiste en transferir fondos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de nutridos vínculos con la entidad, como contó Perycia la semana pasada.


Foto: Federico López Claro

Por Laureano Barrera
08/11/2019


Ayer, cerca de las cuatro de la tarde, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires estuvo a punto de perder de sus ya livianas arcas otros 264 millones de pesos en un pase de magia jugado a dos bandas en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa pequeña fortuna que IOMA se comprometía a desembolsar por pura buena voluntad, pagando ocho juicios trabados por el gobierno porteño que ningún juez le había ordenado, se acerca a la suma de 400 millones que la mutual le debe al Colegio de Farmacéuticos y pone en riesgo la entrega de medicamentos en las farmacias.

El convenio que pretendía oficializar el acuerdo –al que accedió Perycia- llevaba las firmas del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y el Presidente de la obra social bonaerense, Pablo Di Liscia, un hombre que forjó una íntima confianza con Horacio Rodríguez Larreta durante la larga década que trabajó en el gobierno porteño como su subordinado. Pero la maniobra se malogró a último momento porque la vertiginosa visibilidad mediática del escándalo derivó en una votación fuera de cálculo.

El único voto a favor del acuerdo fue el del propio Di Liscia. Las vocalías que representan a SUTEBA y UPCN votaron en contra. Se abstuvieron Malena Baro –ex legisladora y esposa del jefe de bloque de senadores de Cambiemos, Roberto Costa-, el vocal Alejandro Rico Douglas y el reciente representante del sindicato de la policía, Sergio Carlos Giménez. Así, el Directorio no obtuvo la mayoría que requería para refrendar un acuerdo de ese tipo con la terminal subterránea que IOMA tiene en el Palacio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

El convenio “IOMA-CABA” tiene tres páginas escuetas y fue celebrado el 18 de julio en la sede de la Procuración porteña, Uruguay 458. Al pie del documento figura el nombre de Mario Buezas, actual Director de Relaciones Jurídicas de la mutual. El abogado desmbarcó en IOMA hace menos de dos años, con escasa experiencia en salud –como la mayoría de los puestos jerárquicos, ocupados por empresarios y militantes de Cambiemos- pero una historia particular: fue, desde 2003, secretario –primero General y luego de Gobierno- del Municipio de Saladillo. En esa pequeña ciudad agrícola, fue asesinada en el año 2014 Marisol Oyhanart, su cuerpo apareció en el campo de un empresario rural y cinco años después no tiene culpables. En la causa, que se instruyó en La Plata, un policía local declaró que había escuchado rumores de que Buezas había cobrado más de un millón de dólares para encubrir el femicidio y que había sido su amante, pero la versión no pasó de ahí. En diciembre de 2015 Buezas se alejó de Saladillo, y luego de once meses en el ostracismo público reapareció como asesor en la Unidad Ministro del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y luego de un año como Director de Servicios Técnicos Administrativos, en diciembre de 2017, pegó el salto a la mutual.

Las cifras del escándalo


El texto del convenio, al que accedió esta agencia, anunciaba sin ruborizarse que “las PARTES han arribado a un acuerdo conciliatorio respecto de ocho juicios que se encuentran en trámite”. Los juicios, todos aún en etapa de instrucción ante distintos juzgados Contenciosos Administrativos Tributarios porteños, fueron iniciados por el propio gobierno porteño entre los años 2009 y 2016. Aunque ningún magistrado había condenado a la mutual a pagarlas, el acuerdo “incluye la totalidad de la deuda reclamada (…) sin que ello implique el reconocimiento de derechos adicionales a lo pactado”.

Con una redacción antológica, la primera cláusula de pago establecía que “IOMA se obliga a abonar al GCBA en las condiciones que aquí se pactan la suma de pesos doscientos treinta y ocho millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con cincuenta y un centavos ($238.978.634,51.-)” en ocho cuotas consecutivas de 29.872.329,31.

Eso no era todo: “las costas generadas en todos los procesos serán soportadas por IOMA. En tal sentido, se convienen los honorarios de los letrados que representaran al GCBA en un total de pesos veinticinco millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos diecinueve con sesenta y dos centavos ($ 25.184.619,62.-)”, disponía la cláusula cuarta. Los felices beneficiarios iban a ser los letrados María Florencia Cervone, Christian Berardi, Juan Domingo Subiza y Mauro Pampuri.



“Es un escándalo, directamente un desvío de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Porque ni siquiera había un juez, una sentencia firme que te obligaba a pagar. Incluso así hubiera sido controversial, porque son jurisdicciones distintas la provincia de Buenos Aires no tiene por qué someterse a la determinación de juzgados porteños, entonces debería llevarse a la instancia de la Corte Suprema. Pero ni siquiera tenían fallo de primera instancia”, explicó a Perycia Luana Simioni, delegada general de la junta interna de IOMA en ATE. “Están en una retirada peligrosa. Mientras se van están haciendo todos los desastres que pueden”, estimó la dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

El de ayer fue el segundo intento por aprobar el convenio. Las autoridades habían querido refrendarlo la semana pasada, pero las vocales de UPCN y SUTEBA denunciaron que el vocal que representa al gremio policial APROPOBA, que acababa de ser nombrado no estaba formalmente en funciones, y lograron excluir ese expediente del temario. Di Liscia no se quedó quieto: en los últimos siete días normalizó una vocalía policial que había estado vacante en los últimos diez años. A pesar del volantazo, la votación en su contra impidió que el vaciamiento se concretara.

Un drenaje constante

Este convenio es sólo la más reciente de una serie de artificios para traspasar fondos desde la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Después de los cachetazos electorales del 11 de agosto y el 27 de octubre, los intentos de vaciamiento de la gestión saliente se volvieron burdos y volvieron bajo nuevas formas cada semana.

Hace unos días, la Agremiación Médica Platense (AMP) cuestionó que “pese a que La Plata es centro de derivación médica en todo el país, sospechosamente el IOMA deriva un alto porcentaje de estudios y prácticas a centros de la Ciudad de Buenos Aires a los que les paga hasta tres y cuatro veces más de lo que paga a los establecimientos de La Plata, donde contamos con la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano necesario para realizarlos”.

Esa conexión fluida, a pesar de tratarse de jurisdicciones distintas, no es casual. Perycia reveló la semana pasada los nutridos vínculos que el jefe de gobierno reelecto de Capital Federal -y probable jefe de la oposición a partir del 10 de diciembre- tiene con el Directorio de la mutual . Esos vasos comunicantes trascienden la lealtad a toda prueba de Pablo Di Liscia con Rodríguez Larreta. A mediados de mayo, el Presidente del Directorio promovió y aprobó casi en soledad –acompañado sólo por un vocal- un convenio con Provincia NET, una compañía del Grupo Banco Provincia cuyo director general es Augusto Rodríguez Larreta, el hermano menor del alcalde. Rápidamente, Provincia Net subcontrató sin licitación pública a Conexia, una empresa que ya había sido investigada por la justicia de dos provincias patagónicas por errores tecnológicos y sobreprecios en la gestión de un nuevo software en las áreas de Salud y las obras sociales. Un modelo que se replicó idénticamente en la obra social bonaerense, una entidad en crisis terminal, que reduce a diario su cobertura médica, que está en conflicto mora con médicos y farmacéuticos, y dejó de prescribir medicación contra el cáncer, por ejemplo, a sus más de dos millones de afiliados. Algo que a la dupla Vidal-Larreta, que busca salvaguardar una parte del botín en plena retirada de la provincia, queda visto, no parece importarle.

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