Marcela Quiroga, la reparación del dolor

Con cuatro perpetuas y una absolución, terminó un juicio inédito en la región, que condenó a militares del Batallón 601 de City Bell. El caso de Marcela Quiroga, secuestrada cuando era niña, y llevada a centros clandestinos, fue el punto central de un proceso que, sin embargo, no condenó a los represores por el robo de ella, su hermano y su hermanita. La dimensión del daño y la reparación del mismo como argumentos centrales de la sentencia. 




Marcela Quiroga: "Estoy conforme, se hizo justicia, pero no comprendo la absolución por el robo de mis hermanos"


Por Soledad Iparraguirre
Fotos: María Paula Ávila
Publicado 6/11/2019

Llovizna. El tren de Marcela Quiroga llegó a horario a la estación de La Plata. Son las primeras horas del día, en el amanecer de noviembre y un celular de la Federal custodia una de las entradas al edificio de los Tribunales Federales de La Plata, en la esquina de 51 y 8. Un nuevo juicio de lesa humanidad, inédito en la región, llega a su fin.

El proceso incluyó dos hechos novedosos: se juzgó por primera vez a represores del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, centro operativo del ejército en la región; y, a la vez, se investigó la captura de hermanos que eran niños al momento de sus secuestros.

La audiencia terminó a la hora de la siesta: el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de La Plata, integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Germán Castelli, condenó a prisión perpetua a cuatro ex militares: el ex segundo jefe del batallón, Carlos Alberto Bazán; el ex oficial de Inteligencia, Francisco Ángel Fleba; el ex oficial de Operaciones Eduardo Arturo Laciar; y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero. Todos fueron hallados coautores de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. En tanto, el ex jefe de la compañía B, Eduardo Enrique Barreiro, fue absuelto y se ordenó su liberación inmediata.

Lo que quedó pendiente, sin embargo, fue la condena por el robo de niños y niñas. El juicio, iniciado el pasado 8 de abril, terminó con la absolución de todos los acusados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de dos menores de edad, por los que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido la pena máxima.

Además de las penas a prisión perpetua para los cinco imputados, los funcionarios pidieron una serie de medidas de reparación, como la señalización como centro clandestino del Batallón 601, la colocación por parte del municipio de Berazategui de una placa conmemorativa en el lugar donde ocurrieron los hechos, y el envío del expediente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como prueba de la desaparición de Arturo Jaimez bajo el terrorismo de estado instaurado por la última dictadura cívico militar.

El caso

Cuando declaró ante el Tribunal, Marcela dijo que tenía la necesidad de que su casa y sus cosas siguieran funcionando, tras el corte abrupto que se había dado en su vida.


La mañana del 6 de septiembre de 1977 un descomunal operativo del Batallón 601 atacó la casa de Berazategui donde vivían María Nicasia Rodríguez (34) -La Mary- y Arturo Jaimez (22), apodado "Silver", compañeros de militancia de la columna sur en Montoneros.

Junto a ellos vivían los tres hijos de Nicasia, Marcela (12), Sergio (10) y Marina (18 meses).

— Pórtense bien, que mami los quiere- les dijo cuando los encerró en el baño, único espacio de material en la casa prefabricada.

De pronto, las ráfagas, un estampido, la balacera.

— ¡No tiren!-gritó Marcela.

Apenas comenzaba el calvario. Fue entonces que los represores separaron a los hermanos. A Marcela la llevaron ese mismo día a dar unas vueltas para reconocer y marcar compañeros de militancia de su mamá. Con tan solo doce años, estuvo tres meses secuestrada y pasó por el Vesubio y el Sheraton, centros clandestinos de detención neurálgicos de la provincia de Buenos Aires.

María Nicasia Rodríguez y Arturo Jaimez fueron asesinados a quemarropa. Los restos de Rodríguez fueron recuperados en 2007 -habían sido enterrados como NN en el cementerio de La Plata-, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Jaimez continúa desaparecido.

Esta historia ya fue contada en Perycia y antes del debate oral, Marcela habló en exclusiva con Perycia, en uno de los primeros testimonios que brindó a la prensa.


La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata. A la izquierda, el auxiliar fiscal Juan Nogueira y a su lado el fiscal general Hernán Shapiro.

La sentencia


El aire denso entra por los ventanales abiertos en el primer piso del Tribunal 2. El inicio del alegato -pautado para las diez- se posterga y la audiencia final comienza a las 11.30.

Marcela Patricia Quiroga llega a horario. Esta mañana se levantó, desayunó junto a su hija y tomaron el tren que las traería a la ciudad. La noche anterior le costó conciliar el sueño. Dio vueltas hasta entrada la madrugada. Pero pudo dormir de un tirón, como aquella fatídica noche del 6 de septiembre de 1977.

Con paso sereno, entra a la sala y se acomoda. A su lado, se sientan su hija y una amiga. Esta vez, Marcela no evitó la mirada indeseada de sus verdugos. Su mirada clara trasluce entereza.

Mientras espera el fallo de la justicia, Marcela charla con Perycia. "Durante mucho tiempo, debí afrontar este proceso medicada, con un nivel de angustia muy grande. No podía tolerarlo. Era tal el nivel de ansiedad que una vez vine, me senté y dije ’vengo a escuchar la sentencia'. Y era una audiencia más", sonríe al recordar.

Luego agrega: "Por suerte, estoy mucho más tranquila y tomo esta instancia como un cierre. Tengo que seguir adelante por mis hijos, por mi familia".

Los represores siguieron su condena por videoconferencia.


Los acusados siguen el desarrollo de la jornada por teleconferencia. Se les otorga la última palabra. Excepto Laciar, que no desea hablar, Bazán, Lucero, Fleba y Barreiro expresan pesar por este “hecho desdichado, muy doloroso”. Fleba pide que todas las víctimas sean recordadas respetuosamente, (en alusión a la muerte del soldado Luis Barbusano, que según los militares, falleció tras ser herido en el lugar del ataque) porque “nadie tiene el monopolio del dolor”. Algunos de los presentes cruzan miradas de fastidio. Esmoris, presidente del tribunal, informa que se pasa a cuarto intermedio hasta las 14.30. La espera se alarga y pasadas las 15.20 se reanuda la sesión. 

Entonces el juez Esmoris comienza la lectura del fallo. Resuenan las sucesivas “perpetua”. Marcela fija sus ojos en el presidente del tribunal. Hace calor y la sala está colmada. Luego, el tribunal argumenta las absoluciones generales a todos los imputados por el delito en el secuestro de sus hermanos. Finaliza la sentencia. Con pasos firmes, Marcela y su hija dejan la sala. Ya en el pasillo, frente al ventanal abierto, por el que entra una bocanada de aire fresco, se funden en un abrazo postergado.

— Sinceramente aguardaba una condena menor, no esperaba perpetua. Aunque el hecho de que uno haya quedado absuelto tampoco lo esperaba. Soy creyente y también creo en la justicia y la condena social. Para mi la condena social existe y que no caminen por la calle es mi tranquilidad. Estoy conforme, se hizo justicia. No comprendo la absolución por el delito de mis hermanos, pero seguramente esto no va a quedar así, dice Marcela, poco después del veredicto.

La dimensión del daño


—  Fue un juicio muy especial por distintas razones -le dice a Perycia el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira-. En primer lugar, es un caso sui generis, con la lógica del terrorismo de estado, que interviene en un operativo y después por el hecho en sí: quizá porque se focalizó directamente en las víctimas de este operativo. La dimensión del daño fue para nosotros un elemento sustantivo en el juicio, con una lógica absolutamente ligada a la desaparición de personas.

Cuando declararon Marcela, Sergio y Marina, dice que como fiscales sintieron cómo opera el terror a lo largo del tiempo.

— No vimos sólo a personas narrando un hecho sino otra vez a esos niños que estuvieron en ese lugar, en aquel momento, y fue muy fuerte la necesidad de lo reparatorio, más allá de la condena en sí.

— ¿El pedido de perpetuas y la serie de medidas reparatorias tiene en cuenta primordialmente la dimensión del daño provocado? -pregunta Perycia.

— Sí. Tenemos la necesidad de dar una serie de respuestas en tanto Estado que estén vinculadas al conocimiento público. En este caso, pedimos señalizar el lugar, y a medidas que apunten a reconocer este hecho. Por ejemplo, que en la Universidad de Córdoba se establezca la razón de por qué Jaime dejó de ser estudiante, que es su razón de desaparecido. La cuestión de la reparación es tan esencial como la condena misma. En lo personal, me quedó una frase de Marcela cuando dijo, en una declaración, que tenía la necesidad de que su casa y sus cosas siguieran funcionando, con este corte abrupto que se había dado en su vida. Lo que uno vislumbra es ese drama familiar. Tantos años sin poder hablar. Hoy, la palabra de los acusados tendió a una equiparación de las muertes, con la impronta de la teoría de los dos demonios. Esto lo dejamos muy claro en el alegato, son crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el Estado. Toda asimilación y equiparación de las violencias no tienen proporción. En ningún momento dijeron desconocer lo que estaban haciendo, eso quedó evidenciado.

— ¿Qué lectura hace de las absoluciones?

— Nos sorprenden las variantes - asegura Nogueira, de la fiscalía que coordina Hernán Shapiro -. En la absolución de Barreiro entendemos que no había casi margen para hacerlo. En cuanto a la responsabilidad del delito por el secuestro de los chicos, había una demostración cabal en la mecánica de los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, la sustracción de menores es una parte de ese plan por lo cual no se puede deslindar como parte extraña, ajena. Tenemos que ver qué dicen los fundamentos de la sentencia y apelaremos recurso de Casación, seguramente.

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